Olivas insiste en que los 500.000 euros que cobró de los Cotino no son una comisión sino un asesoramiento

La investigación judicial de las supuestas comisiones que recibió el expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana por adjudicaciones ilegales, lejos de afrontar su recta final, cada vez parece complicarse más. Los especialistas de la UCO de la Guardia Civil han enviado nuevos informes a la titular del juzgado de Instrucción 8 de Valencia quien ha decidido abrir una pieza secreta para profundizar en el contenido de esos dosiers presuntamente incriminatorios.

Este martes estaba prevista la declaración de varios investigados en la causa, como el expresidente de la Generalitat José Luis Olivas o la exdiputada del PP Elvira Suances para que expliquen su relación con la trama de cobro de mordidas y el posterior blanqueo de capitales. El expresidente ha negado que los 500.000 euros que cobró de la empresa Sedesa, propiedad del empresario Vicente Cotino, fueran una comisión que este le pagara por la adjudicación del plan eólico a su compañía. El proceso administrativo se gesta en la etapa de Eduardo Zaplana, pero se materializa con la llegada de Olivas.

El exdirigente, también responsable de Bancaja y Banco de Valencia, ha insistido en que el pago se debió a un asesoramiento. Por estos hechos, ambos fueron condenados en otro caso por delito fiscal y falsedad documental. Olivas no dispone ni de un solo documento que pruebe ese supuesto trabajo. Todos los recursos a la sentencia se le han desestimado.

Esta declaración, en la que Olivas negó que tuviera poder para influir en las adjudicaciones del plan eólico, se enmarca en el caso Erial, en el que está investigado Eduardo Zaplana por cobro de comisiones sobre las adjudicaciones de las ITV de la Comunitat Valenciana en 1997 y sobre el plan eólico autonómico en 2011.

Saturnino Suances y su hermana la exdiputada popular Elvira Suances, en cambio, se acogieron a su derecho a guardar silencio. La jueza ha decretado una nueva pieza secreta, lo que pudo condicionar esta decisión del grupo de investigados más cercanos a Zaplana. Los investigadores los consideran piezas importantes en la organización delictiva.

Francisco Pérez López, representante de una gasolinera y posible testaferro del dirigente popular, admitió en el interrogatorio que Zaplana tenía parte de la propiedad de un barco en Altea que posteriormente se vendió. Al parecer, esta operación se efectuó en la gestoria de Grau, el asesor fiscal del expresidente que también figura como imputado.