Olivas pide el archivo en Erial: «No se soborna con pagos aplazados un lustro»

Olivas está investigado por el cobro de una comisión de más de medio millón de euros por la adjudicación de los parques eólicos. Su defensa acaba de solicitar el archivo de las actuaciones. No hay delito en su comportamiento, sostiene. El letrado argumenta que el expresidente nunca desempeñó un cargo en el que pudiera influir en las adjudicaciones bajo sospecha. Precisa que no se puede confundir un Gobierno con una empresa privada en el sentido de «el presidente lo sabe todo o lo puede corregir todo».

El cargo no proporciona un dominio funcional de cualquier acción ni supone un aval por su parte. «No es un superior de los consellers», aclara. El expresidente detalla su paso por la Administración y las diferentes fases del procedimiento de los parques eólicos y como él carecía de competencias en todas ellas. Insiste en que tampoco formó parte de la comisión de selección de los proyectos y que una vez es presidente el proceso había concluido.

El letrado recuerda que el dinero que en su día cobró Olivas a través de su empresa era por haber intervenido «en la venta del 25% de Parques Eólicos, propiedad de Sedesa, la firma de los Cotino. Algo muy diferente al concepto que se está investigando», indica el escrito.

En aquel procedimiento, el expresidente fue condenado a un año y medio de cárcel por falsificar una factura y engañar a Hacienda. Él siempre mantuvo que fue un asesoramiento en la operación comercial. El juez no creyó esa tesis y terminó por admitir que el pago respondía a un fin desconocido. Pero hay una circunstancia dentro de ese relato que sí puede beneficiar a Olivas. Los pagos se producen en 2008, tal y como quedó acreditado. Mientras, las adjudicaciones, el proceso en sí, son de 2002 y 2003. Un lapso temporal que no puede ser desterrado del relato y que serviría incluso como contraindicio, un puntal en la estrategia de defensa del expresidente: «No se soborna con pagos aplazados un lustro».

El escrito de defensa de Olivas pivota fundamentalmente sobre el hecho de que no se le puede responsabilizar de una decisión que toma otro departamento, en este caso, la Conselleria de Industria. «Carecería de rigor jurídico» construir acusaciones en este sentido como si el presidente o el vicepresidente fuera el máximo responsable -no político sino penal- de las acciones del Gobierno autonómico.

La causa afronta ya su recta final. La titular de Instrucción 8 de Valencia decidió prorrogar la investigación hasta el próximo mes de junio. El auto de incoación de procedimiento abreviado, que equivale al procesamiento en otros procedimientos, sería el siguiente paso en este proceso. La resolución pone fin a la investigación y aboca a los imputados a la celebración de juicio. Olivas trata de evitar que su nombre figure en ese auto. De ahí la petición de sobreseimiento.

Olivas es a día de hoy el único expresidente de la Generalitat que ha sido condenado. Logró salir airoso de otra acusación, la salida a Bolsa de Bankia que fue juzgada por la Audiencia Nacional. Pero todavía aguarda el juicio por la causa de Grand Coral, la aventura inmobiliaria de Banco de Valencia en el caribe mexicano. La amenaza es de seis años de cárcel.