Oltra defiende a la conselleria en el caso de su exmarido

La carga va en el cargo, y en el caso de la responsable de los servicios sociales de la Generalitat, Mónica Oltra, la carga fue doble este viernes. Tras el pleno del Consell, se le preguntó y repreguntó por el modo en que su conselleria gestiona los supuestos abusos, en concreto en el caso de su exmarido, juzgado desde el jueves por un presunto delito que, según la propia Oltra, propició que su consellería rectificase los protocolos que se aplicaban. Además, la consellera tuvo que justificar que no tome decisiones sobre la permanencia o no de su exmarido como trabajador social en el centro de menores porque la Generalitat carece de «mecanismos legales» para apartar a un acusado de abusos si no hay actuación judicial.

Durante la comparecencia de Oltra se constató la sorpresa de los periodistas por la falta de fórmulas para que el acusado quede apartado de la actividad del centro de menores. La consellera aseguró que no hay fórmulas legales frente a los acusados de abusos incluso cuando son procesados. La vicepresidenta alegó que para evitar la presencia de monitores que, como su expareja, estén siendo juzgados, al tratarse de un centro de gestión privada la conselleria no puede actuar hasta que no haya sentencia o, previamente, si no se dictan medidas cautelares. Apostilló que incluso en centros públicos, en situaciones similares, si no hay dictámenes judiciales, el traslado precisaría del consentimiento del acusado. «En un centro privatizado, la gestión del personal no depende de la conselleria», justificó la vicepresidenta, que sin embargo afirmó que «los menores en los centros privados no están desprotegidos».

Respecto a la gestión de este tipo de casos y su comunicación a la Fiscalía de Menores, Oltra admitió que se han modificado los protocolos. La vicepresidenta compareció en mayo de 2017 en un pleno de Les Corts durante el cual aseguró un centro en Segorbe había ocultado un caso de acoso a una joven. Oltra ofreció datos sobre el monitor, que meses más tarde fue absuelto, y trasladó a los menores que hasta entonces permanecía en Segorbe. El presunto abuso por el que se juzga a su exmarido se produjo entre finales de 2016 y principios de 2017, y la Dirección Territorial tuvo constancia, según fuentes de la conselleria, en julio. Oltra defendió que en este último suceso el centro sí informó a las autoridades públicas. Sin embargo, fue en septiembre de 2017 cuando su conselleria dictó una instrucción para advertir que cualquier sospecha de delito de esta índole debía ser comunicada a Fiscalía de Menores «inmediatamente».

«Lo de Segorbe se achacó a un fallo del centro, pero al reiterarse se consideró que era necesario hacer una instrucción más taxativa de algo que, además, ya está en la legislación», indicó Oltra, quien aseguró que «a raíz» del caso por el que se juzga a su exmarido se analizó el protocolo vigente hasta entonces y «por este caso», la Generalitat ordenó que si hay sospechas de abusos se informe «inmeditamente» a la Dirección General y a la Fiscalía de Menores. «De cualquier sospecha. A raíz de este caso, porque es la fiscalía la que debe valorar causas penales», precisó.

La vicepresidente insistió en que «a consecuencia» del procedimiento judicial abierto a su expareja se modificó la actuación de la conselleria: «Había un protocolo pero la comunicación era diferida. Hasta septiembre de 2017, si había sospecha no había protocolos claros, ni unas prácticas. Se actuaba pero la transmisión de la información no se hacía de manera inmediata».

La Generalitat a través de la Abogacía autonómica, nunca estuvo personada en el procedimiento motivo por el cual la fiscal que celebró el juicio, al modificar las conclusiones, sólo pudo exigir el pago de una indemnización directa al acusado, pero no a la conselleria -como es lo habitual al ser responsable de las instalaciones- al no estar presente en el procedimiento desde la instrucción.

El juzgado, al parecer, no hizo un ofrecimiento de acciones a la Generalitat en el que posiblemente se hubiera dado cuenta que existía un conflicto de intereses -no puede acusar y a la vez ser responsable civil- lo que habría impulsado el nombramiento de la figura de un defensor judicial, que vele por los intereses del menor al margen también de la Fiscalía.

No es la primera vez que un supuesto similar al del pasado jueves, donde la Generalitat no está representada, se devuelve al juzgado para que se subsane esa deficiencia y asegurar que, en caso de condena, la menor contará con un dinero para compensar el daño sufrido.