La Fiscalía también reclama la imputación de Oltra por la gestión de los abusos de su exmarido

Un paso más en el calvario judicial y político que arrastra la consellera de Igualdad desde hace medio año. La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia ha informado a favor de la imputación de Mónica Oltra por la gestión que se hizo desde la Conselleria de Igualdad de la denuncia por abusos de su exmarido.

El ministerio público considera que existen indicios «relevantes» contra la vicepresidenta y pide que se acuerden todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos y determinar el grado de participación de la aforada. En definitiva, esas indagaciones incluyen inevitablemente su comparecencia como investigada. Por lo tanto, la Fiscalía respalda la posición del juez instructor que hace unos meses elevó el caso al TSJ. El ministerio público emitió un breve comunicado acerca de su escrito. No difundió más detalles del contenido.

Se trata de la primera vez en todo el procedimiento que la Fiscalía se pronuncia respecto a la posibilidad de indicios criminales en la actuación de la vicepresidenta del Consell. Esta posición hace casi inevitable la imputación de la líder de Compromís. Esta resolución se conoció horas después de que Oltra compareciera en rueda de prensa. Durante la tarde optó por no hacer declaraciones.

Un trámite que se resolverá en semanas por parte de la Sala de lo Civil y Penal. En su día, el TSJ recibió una querella por parte de una entidad que dirige la polemista Cristina Seguí. Los magistrados rechazaron la acción, y remitieron a los denunciantes a un juzgado de instrucción para que se investigaran los hechos al margen de la aforada. Esta querella se acumuló a la de la víctima de los hechos. Y ahora la instrucción se da por agotada.

No fue el único escrito que se recibió ayer en la Sala de lo Civil y Penal. La víctima de los abusos también presentó las alegaciones. Coincide con la Fiscalía en señalar la idoneidad de la Sala para iniciar una investigación debido a los indicios de hechos «presuntamente delictivos» que se encuentran «profusamente detallados» por el instructor. La joven, hoy ya mayor de edad, se encuentra representada legalmente por José Luis Roberto, presidente de España 2000.

Una de las incógnitas que se mantiene en la causa es si el TSJ debería asumir también el resto de investigados, cerca de una docena de personas entre cargos de Igualdad -el más relevante es la directora general de Infancia, Rosa Molero- y personal del centro dependendiente de Igualdad donde se produjeron los abusos. La Fiscalía ha adelantado que se producirá más adelante.

El TSJ deberá aclarar, en el caso de que finalmente abre la causa, la participación de la consellera en todo el proceso que se desencadenó tras conocerse la denuncia por abusos sexuales. La investigación preliminar en el juzgado de Instrucción 15 apunta a que la menor sufrió una desprotección porque nadie de la conselleria dio nunca credibilidad a la grave denuncia. Esa desprotección iría en paralelo a un intento por ocultar la denuncia de los abusos.

Esto fue en un primer momento, febrero y marzo de 2017, justo después de que la menor verbalizara los abusos a personal de una ONG y del centro de menores. Nunca se trasladaron a la Fiscalía. La conclusión del juez instructor respecto a esta actuación resulta rotunda: «No existió en la sede de Conselleria ninguna voluntad real de esclarecer los hechos sino, por el contrario, de ocultarlos, con una mera apariencia de actuaciones dirigidas a esclarecerlos»

Sin embargo, cuando la Policía Autonómica conoce, casi por una casualidad, los hechos sí los puso en conocimiento de la Fiscalía de Menores. Fue entonces cuando por orden de Oltra, esto lo ha reconocido la vicepresidenta aunque cambió el destinatario de su mensajes, se abre un expediente informativo que durante su desarrollo se convierte en una «instrucción parajudicial» que parece enfocada claramente a desacreditar a la víctima.

El juez profundiza sobre este particular. La propia vicepresidenta, según sus explicaciones en Les Corts, quiso averiguar qué había ocurrido en la gestión de ese asunto del que se había enterado en agosto, seis meses después de los hechos, por una comunicación judicial en su domicilio. «Pero lo que se hizo al abrir el expediente informativo no fue nada de eso», señaló el magistrado. Todo lo contrario. «Se inició una investigación paralela a la judicial carente aparentemente de todo sentido y que comportaba el empleo de recursos públicos, humanos y materiales, con el consiguiente coste», insistió.

Ocho cargos de la Conselleria, entre ellos Rosa Molero, directora general de Infancia, persona de la máxima confianza de la vicepresidenta, han declarado en el juzgado. A continuación, el juez señaló que tras la práctica de esas diligencias, solicitud de información y declaraciones en sede judicial, necesitaba que se imputara a Oltra para proseguir con las pesquisas del resto de encausados.

Luis Ramírez Icardi, exmarido de la vicepresidenta pero todavía pareja en el momento de los hechos, fue condenado a cinco años de cárcel por abusar de una menor de 15 años en un centro de protección. El juicio se repitió por orden del TSJ tras hallarse un informe favorable al acusado -el resultado del dosier que dos años antes había encargado la conselleria- que nunca se aportó al procedimiento. En este punto, Fiscalía e Igualdad se culpan mutuamente de la ausencia de este informe en la causa penal.

De nuevo, la Audiencia volvió a condenar al docente y, además, ahora le impuso la agravante de superioridad. El educador, que siempre ha negado las acusaciones, está pendiente de la decisión del Tribunal Supremo. Ha pedido que se repita el juicio con otro tribunal diferente.

 

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