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BURGUERA
Miércoles, 23 de junio 2021, 00:39
valenciA. Tres maneras de ver el mismo asunto. «Muy verde», avanzando y «cuestión de días». Así lo ven los socialistas desde Presidencia, nacionalistas de Compromís a través de Vicepresidencia y miembros de EU en la Conselleria de Transparencia. El decreto que aplicará la ley que regulará los grupos de presión permanece en la cocina del Consell desde hace dos meses. Y no hay manera de que acabe en el plato y se lleve a la mesa. La norma se aprobó en 2018, pero precisa de que se apruebe el decreto para su aplicación. Sin embargo, hay diferencias políticas de fondo entre Presidencia y Transparencia, promotora del decreto. «Son ganas de marear», señala un alto cargo del Botánico. Ayer se produjo una reunión a tres bandas en relación a esta ley. La vicepresidenta Mónica Oltra, que también tuvo tiempo para entrar al debate de la empresa pública que Sanidad quiere poner en marcha con el fin de impulsar la reversión del hospital de Torrevieja, se reunió con altos cargos de Transparencia, que a su vez se habían reunido con altos cargos de Presidencia. Reuniones al máximo nivel dentro del Gobierno valenciano.
Hay un par de asuntos primordiales, si bien fuentes conocedoras de la negociación aseguran que Presidencia ha puesto pegas a «la mitad» del decreto. Especialmente problemático es el deseo de los socialistas de incorporar a los controles de los lobbys a los altos funcionarios, un cambio notable que obligaría a paralizar la tramitación hasta lograr los informes preceptivos para un cambio de tanta magnitud. Parece haber un compromiso de abordar ese asunto en la fase de enmiendas en Les Corts tras aprobarse el decreto por parte del Consell, para lo que también hace falta llegar a un acuerdo en lo referente al anonimato de los denunciantes. Transparencia considera que el acuerdo está cerca pero desde Presidencia son más cautelosos.
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