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Mónica Oltra trata de expulsar a una de las acusaciones populares que ejerce la acción penal en la investigación abierta para aclarar la actuación de la Conselleria de Igualdad en la denuncia de una menor por abusos sexuales de su exmarido, Luis Ramírez Icardi.
El procedimiento arrancó por dos vías diferentes. Por un lado, la denuncia de la propia víctima, Teresa Tanco, representada por el abogado y presidente de España 2000, José Luis Roberto. Por otro, una querella de la asociación Gobiernate, entidad controlada por la polemista Cristina Seguí. Estas dos acciones se unificaron finalmente en el juzgado de Instrucción 15 de Valencia. A continuación, tras las primeras imputaciones judiciales, se sumó el partido político Vox. El PP sigue a la espera. Fuentes del partido indicaron que aguardan la declaración de la exconsellera el próximo lunes para personarse.
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La defensa de Oltra ha presentado un escrito en el que sostiene que el juez instructor puede imponer «la actuación bajo una misma representación y defensa a las diversas partes personadas en un proceso siempre que la acción ejercida sea la misma». No sería un hecho excepcional. Ya ocurrió, por ejemplo, en la investigación a Rafael Blasco por el desvío de fondos al Tercer Mundo.
La representación legal de la exvicepresidenta considera que se puede justificar esta unificación debido a la total coincidencia entre las distintas acciones ejercidas, «o dicho de otra manera en la existencia de una coincidencia de intereses».
En el presente caso resulta «patente la convergencia de intereses de las acusaciones populares, encontrándonos con una identidad de hechos y sujetos dada la plena adhesión que hace la otra acusación popular constituida por el partido político VOX a las acciones ejercitadas por la acusación particular y popular ya constituidas».
Los letrados subrayan que se trata de un «mecanismo de racionalización y ordenación del proceso tendente a salvaguardar el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas», toda vez que la actuación separada de las acusaciones derivaría en una más que previsible demora.
Oltra, todavía el principal activo electoral de Compromís, necesita un archivo exprés de la causa para poder presentarse como candidata a unas elecciones autonómicas dentro de diez meses. Unos plazos que corren en su contra. Resulta poco probable que la causa esté archivada -y el pronunciamiento sea firme- en ese plazo.
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