Oltra sobrevuela el debate de Les Corts

La declaración como imputada hace ocho días de Oltra, por el supuesto encubrimiento del caso de los abusos a una menor tutelada por la Generalitat por el que fue condenado a cinco años de prisión su exmarido, se ha convertido ya en el asunto más grave al que ha tenido que hacer frente la izquierda valenciana desde que gobierna en 2015.

Toda la reivindicación de la ética y la estética, todo el discurso sobre la hipoteca reputacional atribuida a los veinte años de hegemonía electoral del PP, saltando por los aires con la imputación de la dirigente nacionalista en un caso de tanta sensibilidad como el de los abusos a una menor.

El juez ha decidido ahora imputar a su exjefe de gabinete, Miquel Real, y al que fuera subsecretario de la conselleria de Igualdad, Francesc Gamero. Más gasolina para la oposición, que tiene ante sí la oportunidad de exigir al presidente del Consell bastantes más responsabilidades de las que ha asumido hasta la fecha.

Porque previsiblemente los que los grupos de la oposición reprocharán al presidente de la Generalitat es su falta de iniciativa frente a este caso, que ahora tiene ya bajo sospecha judicial a toda la cúpula de la conselleria dirigida hasta hace pocas fechas por Oltra.

Porque Puig no destituyó a la dirigente de Compromís, ni siquiera cuando todos los indicios apuntaban claramente hacia su responsabilidad. Espero hasta que el TSJ confirmó su imputación en el caso para comenzar a enviar mensajes inequívocos de que estaba sola. Tuvo que ser Oltra la que finalmente presentó su dimisión, acorralada por la presión judicial, mediática y política.

Hasta entonces, Puig no sólo no le pidió que se apartara del cargo. Tampoco ha dado el visto bueno para que la Cámara autonómica aprobara las sucesivas comisiones de investigación reclamadas por la oposición respecto a este caso. El PP valenciano, por boca de su presidente regional Carlos Mazón, ha emplazado a Puig a pedir disculpas por lo sucedido. Tampoco se le ha escuchado al líder de los socialistas valencianos pronunciarse en ese sentido.

Puig ha mantenido silencio respecto al caso -poco más que alguna referencia a la presunción de inocencia y a su confianza en la justicia-, consciente de que el futuro electoral de la izquierda valenciana está en juego. La creciente debilidad de Unides Podem, pendiente de un proyecto que no acaba de nacer -el 'Sumar' de Yolanda Díaz-, y el desgaste que puede acumular Compromís ante la situación judicial de Oltra, complican las posibilidades del PSPV de mantener la presidencia de la Generalitat.

Si PSPV y Compromís no suman 50 escaños, y algunas encuestas ya les sitúan hasta dos diputados por debajo de esa cifra, la izquierda perderá la hegemonía electoral y Puig habrá puesto punto y final a su mandato como presidente de la Generalitat con una causa judicial sobre la mesa, la de Oltra, ante la que habrá preferido no actuar, quizá para no molestar a sus socios, pero frente a la que los tribunales de justicia sí que habrán tomado medidas.

María José Catalá, la síndica del PP en Les Corts, ha reclamado responsabilidades en repetidas ocasiones por este caso. Mazón no ha dejado de exigir al jefe del Consell que pida disculpas por lo ocurrido, ante la evidencia de los abusos que se cometieron -por los que el exmarido de Oltra ya fue condenado- y por las sospechas sobre la actuación de su exnúmero dos.

Ruth Merino (Cs) denunció hace pocos días que el tripartito valenciano hubiera vuelto a convertir a la Comunitat en el «epicentro de la corrupción política», al sumar el caso Oltra con el juicio al expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez. También Vox se ha mostrado muy crítico con el caso.

A Compromís, por su parte, le queda el papel de defensor de su dirigente. La denuncia de que todo el caso responde a un «montaje de la extrema derecha», a raíz de discrepancias expresadas en el entorno de la menor víctima de los abusos, tropieza con la realidad judicial de la condena del exmarido de Oltra, y con la decisión del TSJ de imputar a la exvicepresidenta y ahora también a sus colaboradores más cercanos. Decisiones que parecen dirigirse justo en el sentido contrario del que la coalición quiso abrir con su reglamento de primarias, cuando planteó la posibilidad de recuperar a Oltra si se producía un archivo rápido del caso.

La decisión de este lunes no sólo no va en esa dirección, sino que parece apuntar en sentido contrario. Son los más altos cargos de la conselleria, justo por debajo de Oltra, los que ahora se ven señalados. Nada que haga pensar que el caso puede resolverse en breve o que la responsabilidad de Oltra sea intrascendente.

El debate que arranca este martes se perfila como clave para la recta final de la legislatura. Con los sondeos igualados y con las encuestas más creíbles -todas menos el CIS- apuntando a la creciente ventaja de Núñez Feijóo sobre Sánchez, Puig afronta su intervención obligado a dar respuestas a una inflación que, en el caso de la Comunitat, cosecha incluso peores dígitos que la media española. Pero también, forzado a dar respuestas a un caso en el que los tribunales de justicia están llevando la iniciativa.