Una operación de urgencia al abogado de Zaplana apunta a un nuevo aplazamiento del juicio de Erial

Daniel Campos, fiscal en excedencia, se encargaba de velar por los intereses del exministro desde el inicio de la investigación judicial. Este pasado fin de semana sufrió un infarto. El profesional se encuentra ahora mismo en la Unidad de Cuidados Intensivos y, según el escrito que se ha presentado en la Audiencia de Valencia, necesita ser intervenido quirúrgicamente.

Las fechas hacen prácticamente imposible que la defensa pueda estar en condiciones de celebrar el juicio, que arranca el próximo 1 de febrero. Sólo una semana de plazo se antoja un periodo demasiado breve como para recuperarse de la intervención y estar en plenas condiciones físicas. La Audiencia, ante este escenario, tiene pocas alternativas. Deberá adoptar una decisión en las próximas horas. Se da por hecho un aplazamiento y la única incógnita será por cuánto tiempo.

Daniel Campos ha ejercido de fiscal durante 25 años habiendo tenido destinos, entre otros, en la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía del TSJ de Madrid, Fiscalía Especial contra la Droga, Fiscalía Especial contra la Corrupción o en los últimos ocho años en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, donde desempeñaba el cargo de Coordinador de Delincuencia Económica, según consta en la página web del despacho en el que trabaja. Fue el responsable de la Fiscalía en causas de carácter económico de máxima notoriedad como los casos «Roldán», «Operación Crucero» (Viajes Marsans), «Finanzas Forex». Zaplana buscó, sin duda, una defensa de primer nivel.

El juicio se iba a celebrar en la conocida como sala Tirant, unas dependencias de la Ciudad de la Justicia que acogen las grandes macrocausas. Se trata de unas instalaciones con una gran demanda por lo que también se deben encajar las nuevas fechas con la disponibilidad del espacio.

No es la primera vez que la vista contra el expresidente y su núcleo más cercano de colaboradores sufre un imprevisto. En un principio, el juicio iba a comenzar en enero. Pero unos problemas de salud del fiscal del caso motivaron la suspensión por un periodo de un mes.

La investigación judicial llevó a Zaplana a pasar cerca de nueve meses en prisión provisional en lo que siempre defendió que era un ensañamiento personal por sus especiales circunstancias, un delicado estado de salud a consecuencia de la leucemia que padeció. Pero la UCO sostiene que acumuló una importante cantidad de dinero -al menos más de diez millones- en el exterior y que gestionó a través de testaferros, todos con acuerdos verbales.

Para el retorno del capital, procedente de mordidas en la adjudicación de los Parques Eólicos y de la privatización de las ITV, utilizó una serie de colaboradores, amigos de la infancia y de la política, con el objetivo de camuflar los fondos.

Anticorrupción le reclama 19 años de cárcel así como una multa de 40 millones de euros. Los empresarios José Cotino y Vicente Cotino, por su parte, afrontan una pena de prisión de 14 años. La menor participación de José Luis Olivas, otro expresidente de la Generalitat implicado, se queda en una petición de seis años de cárcel.