El otoño judicial caliente para el Botánico

Durante años, a Francisco Camps se le responsabilizó de algunos casos de corrupción por haber elegido y confiado en determinados consellers o dirigentes populares. Léase, Rafa Blasco, Ricardo Costa o Alfonso Rus. De igual modo, ahora se puede desviar esa responsabilidad hacia Ximo Puig por desconocer que su hermano obtenía presuntamente subvenciones de forma fraudulenta. Con independencia del desenlace de la causa, las irregularidades detectadas ya suponen una importante de agua en el discurso del PSPV contra la corrupción. Desde el PP arremeten directamente contra el presidente: «La responsabilidad política en el Consell de Puig ha hecho humo. Nadie asume ninguna ni tampoco se exige a los imputados. El president tiene un problema muy grande de credibilidad. No se puede decir una cosa cuando se está en la posición y hacer otra cuando afecta a tu Consell». Y al margen de Compromís y PSPV, sigue la incertidumbre acerca de cómo terminará la consellera de Transparencia, Rosa Pérez, con el caso Imelsa. La última resolución judicial, que suponía reactivar las pesquisas sobre la contratación de asesores, la citaba como una de las impulsoras. Su situación resulta compleja. Declaró como investigada policialmente, pero nunca se le citó a declarar en un juzgado. Ahora sólo el TSJ podría hacerlo al estar aforada.

Francis Puig y sus socios ya fueron sancionados por Competencia por pactar precios en un concurso de À Punt. Pero es la investigación judicial, en manos de Anticorrupción, la que más preocupa en el Palau. Todo pivota alrededor de las empresas Comunicacions dels Ports, Mas Mut, Kriol Produccions, Canal Maestrat y Nova CB. Las dos primeras, de Francis Puig y el resto de los Adell Bover, socios prioritarios del hermano del líder socialista. Se les conocía como el cártel de las productoras. Las firmas se han visto beneficiadas de una lluvia de subvenciones, alrededor de 600.000 euros. La Guardia Civil trabaja en un informe que recopile todos esos expedientes y los gastos que se aportaron porque se sospecha que se repitieron facturas. La finalidad era lo de menos. Captaron ayudas del fomento del valenciano, de la contratación de personas jóvenes, subvenciones para medios informativos digitales y ayudas Leader para el desarrollo local. El asunto ha copado ya algunas sesiones en Les Corts. Un mensaje sirve para ilustrar la actividad del cartel: «Voy a buscar un artista guineano, le hago cantar en valenciano y pido una subvención».

Este frente abierto resulta incierto, pero no por ello menos preocupante. La segunda fase de la operación Azud, la trama de cobro de comisiones con epicentro en el Ayuntamiento de Valencia, se saldó con la detención de Rafa Rubio, entonces subdelegado del Gobierno y hombre fuerte del urbanismo socialista en el Consistorio. Esto ya de por sí es un golpe al partido porque Rubio no era uno más en la familia socialista. Pero al margen de su implicación, el sumario, que todavía permanece bajo secreto, tiene una vertiente que salpica al Partido Socialista. Más allá del delito que se investigue, la financiación ilegal no lo era en aquel entonces, la información recopilada por los agentes de la UCO dañaría la reputación de los socialistas. En esta línea, Pepe Cataluña, histórico de las finanzas del PSPV, y José Luis Vera, con poderosos vínculos con el PSPV, también se encuentran entre los principales investigados. Y por si faltaba algún ingrediente a este menú, el síndic del PSPV, Manolo Mata, ejerce la defensa del empresario Jaime Febrer, el presunto cabecilla de la trama, todavía en prisión. La tensión en el PSPV puede dispararse en las próximas semanas.

La condena por abusos sexuales al exmarido de Mónica Oltra ha supuesto, además, un severo correctivo a la actuación de la Conselleria de Igualdad. Tanto la Fiscalía, la Audiencia -en dos ocasiones- y el TSJ en su día censuraron el procedimiento empleado por la Generalitat donde, además, nunca se creyó a la víctima menor de edad. Oltra ha logrado, no obstante, salir indemne políticamente. Y eso se puede anotar en el debe de la oposición. La condena, a cinco años, está recurrida. De nuevo ha de pronunciarse el TSJ. Pero el asunto seguirá vivo judicialmente porque existe una demanda contra la Conselleria por la desprotección que sufrió la menor y otra investigación, esta por vía penal, por la actuación de la propia consellera.

El asunto resulta inédito en la historia judicial valenciana. ¿Puede ser delictiva la contratación irregular de directivos en una empresa pública? El juicio del conocido como caso Alquería, todavía sin fecha, salpica a Divalterra, la empresa estigmatizada por ser el epicentro de la trama liderada presuntamente por Alfonso Rus. Anticorrupción acusa a Jorge Rodríguez, expresidente de la Diputación y a su equipo de colaboradores, de crear un 'gobierno' paralelo en la firma para colocar a personas afines al PSPV y Compromís -la cogerente acusada Agustina Brines pertenece al Bloc- con sueldos de 60.000 euros al año. Las incorporaciones se produjeron pese a la existencia de informes jurídicos en contra. Los investigados, no obstante, sostienen que el procedimiento resulta desproporcionado -llegaron a ser detenidos- y apuntan a que se trata de una cuestión administrativa.

La primera cita de relevancia en el calendario es el juicio a Rubén Trenzano. El director general de Política Lingüística, cargo de Compromís, se sentará en el banquillo el próximo 28 de septiembre acusado de falsedad documental por supuestamente hacer creer que sí se habían revisado unas ayudas a Francis Puig cuando, en realidad, la comprobación se hizo posteriormente. Trenzano no ha dimitido y será juzgado todavía como alto cargo de la Generalitat. La Fiscalía no apreció suficientes indicios para acusar por falsedad. Así, sólo el PP ejercerá la acción penal. Una absolución respaldaría la tesis de la persecución de los populares. Trenzano es el número dos de Vicent Marzà en Educación, del Bloc como él, y siempre ha confiado en que todo se archivaría. Pero la Audiencia avaló las sospechas de criminalidad. Se enfrenta a seis años de prisión.