La pandemia frena las investigaciones judiciales contra la corrupción

Las investigaciones por corrupción no son diferentes al resto de asuntos ordinarios del juzgado. El coronavirus también ha frenado en seco algunas investigaciones policiales y las diligencias de los principales sumarios junto a la publicación de algunas resoluciones de interés.

Por ejemplo, la sentencia del caso Cooperación. ¿Qué ocurre con el fallo sobre el desvío de dinero de proyectos del Tercer Mundo en la conselleria de Rafael Blasco? El juicio terminó en julio. Y ocho meses después no hay sentencia o al menos la que hay no es definitiva. La demora es considerable para unos hechos que ya fueron analizados en parte en la sentencia del TSJ y donde ahora los principales acusados -Blasco, Tauroni y Llinares- habían llegada a acuerdos de conformidad con la fiscalía. El estado de alarma retrasará todavía más la publicación de la sentencia, según las fuentes consultadas.

El resto de sumarios de esta naturaleza también verán alterado su curso. El caso Erial, la investigación a Eduardo Zaplana por el supuesto blanqueo de millonarias comisiones por adjudicaciones amañadas, sufrirá un importante frenazo. De hecho, este final de mes estaban previstas declaraciones de investigados. Los primeros en comparecer iban a ser el expresidente de la Generalitat, José Luis Olivas así como los Cotino. Todas estas diligencias deberán aplazarse. Unos días más tarde estaban citadas también la familia del exministro de Trabajo. Su hija y su yerno figuran como investigados ante la extraña operativa del pago del alquiler de la vivienda donde residía el expresidente en Valencia. Un lujoso piso en el centro de la capital que se pagaba desde una cuenta donde se había ingresado dos millones de euros procedentes del extranjero.

La pandemia también ha supuesto que se suspendan las comparecencias en el juzgado para firmar. Zaplana lo había pedido antes de que el Poder Judicial decretara esa orden. Sólo se podrán mantener estas cautelares en casos excepcionales. La jueza no ha dado aún respuesta al escrito del expolítico.

Existen más casos. El sumario de Alquería, las pesquisas que tratan de aclarar la contratación ilegal de directivos en la empresa pública Divalterra, se verá trastocado. Con el auto de procesamiento en el horizonte, previsto para antes del verano según algunas fuentes judiciales, la pandemia obligará a modificar la hoja de ruta.

Los investigados, en una estrategia común, han ido solicitando declarar semana tras semana. Las fuentes consultadas piensan que el objetivo es demorar el final de la instrucción. Todavía no ha declarado el que fuera presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez. Todos los imputados han rechazado las acusaciones y sostienen que, en el peor de los casos, todo esto es una simple cuestión administrativa.

La segunda parte del conocido como caso Ivam, las irregularidades en el museo por parte de la exdirectora Consuelo Císcar, también afrontaba su recta final. La primera pieza se resolverá en el juzgado tras la apertura de juicio oral por la compra de obras póstumas de Gerardo Rueda como si fuera auténticas. Se gastaron cerca de tres millones de euros. El caso que quizá menos afecte es la investigación al cuñado de Rita Barberá, José María Corbín. El sumario sigue bajo secreto en el juzgado.

En una fase inicial todavía permanece la investigación a Francis Puig, el hermano del presidente de la Generalitat y sus socios por las graves irregularidades en la captación de ayudas públicas para el fomento del valenciano. A todo lo anterior, se suman otros asuntos que ya acumulaban un considerable retraso antes de la aparición de la pandemia y que todo esto no hará sino incrementarlo. Se trata del caso Imelsa y las numerosas piezas separadas a raíz de la presunta trama delictiva capitaneada supuestamente por Alfonso Rus. Por un lado, figura la contratación de los denominados zombies de Imelsa y Ciegsa, personas que cobraban una nómina pero no desempeñaban una función en la empresa. Estos asuntos están agotados desde hace más de dos años, pero no se resuelven judicialmente.

De igual modo y en idéntica situación se encuentra la investigación abierta a los cerca de medio centenar de personas por participar en el blanqueo de 50.000 euros supuestamente procedentes de la caja B del PP de Valencia. El mismo análisis sirve para el cobro de comisiones por la construcción de colegios a través de Ciegsa o el amaño del call center de la Diputación a favor de la trama. Casos finalizados sin resolución.