La parálisis se instala en el caso del blanqueo del PP de Valencia

La investigación a la trama de Alfonso Rus motivó el descubrimiento del conocido como caso Taula, el supuesto blanqueo de 50.000 euros en el Grupo Municipal del PP para las elecciones municipales de 2015. Medio centenar de investigados, asesores y concejales y antiguos cargos populares, por donar 1.000 euros al partido que supuestamente les fueron reintegrados con dinero negro que disponía la secretaria del grupo, Mari Carmen García Fuster.

La causa eclipsó a todas las derivadas de Imelsa por dos motivos: la imputación de la exalcaldesa Rita Barberá y de todos sus concejales junto al propio Partido Popular. El estallido mediático tuvo lugar a principios de 2016. La instrucción arrancó a un ritmo vertiginoso, con la declaración de todos los investigados.

Pero la realidad es que tras más de cuatro años, no existe resolución judicial que ponga fin a las pesquisas y detalle los indicios de criminalidad y las personas responsables. Y todo pese a que este asunto permanece congelado desde hace más de seis meses, cuando se produjo el último movimiento con la declaración a petición propia del concejal Alberto Mendoza y la asesora Cristina Montalvá. Pero si se amplía la retrospectiva, todas las diligencias de investigación terminaron a principios de 2018 con las comparecencias de responsables de Valencia Convention Boreau por la supuesta destrucción de documentos de la campaña de 2007. Anticorrupción, tras esto, ya daba la investigación como agotada.

La causa, acotada en inicio a la campaña de 2015, se amplió a las de 2007 y 2011 en busca del origen del dinero negro que sospechaban que disponía el PP todavía años más tarde. En los comicios anteriores aparecía como ideólogo el vicealcalde Alfonso Grau. Así, se descubrió que el PP de Valencia utilizó agencias de comunicación -Laterne y Trasgos- para la organización de los eventos.

Los grandes contratistas del Ayuntamiento utilizaban esos canales para costear la campaña de los populares con gastos al margen de cualquier fiscalización, según los informes policiales de la UCO.

Los investigados afiliados al PP están suspendidos de militancia, según confirman fuentes del partido. No obstante, algunos, ante esta falta de pronunciamiento por parte de la Justicia, siguen incluso en el grupo de trabajo de María José Català. Otros han iniciado ya carreras profesionales al margen de su etapa en el PP intentando olvidar este asunto.

Pero esas ramas, al parecer, todavía no se han agitado. Los investigados siguen en su estrategia de que el dinero no les fue devuelto y que ni siquiera le ofrecieron esa posibilidad. Sólo Mendoza y Montalvà, de manera tímida, han abierto una alternativa al reconocer que sí les dijeron que el importe se les iba a reintegrar, pero desconocía cómo se efectuaría este trámite. Esto ocurrió en febrero. No ha habido novedades. Todo sigue igual.

Salvo sorpresa mayúscula no habrá novedades judiciales en las próximas semanas. El titular del juzgado ha anunciado que se suspenden otras declaraciones en las piezas del caso Imelsa por un problema de salud. Más allá del procesamiento o el archivo, algunos investigados lo que desean es que la causa avance en un sentido u otro.

Hasta tal punto, la inacción judicial ha llamado la atención que Compromís ya pidió a finales de 2019 que se dictara el auto de incoación de procedimiento abreviado, similar al auto de procesamiento, al constatar que la investigación estaba terminada. En aquel escrito, que todavía no ha tenido consecuencias, ya se alertaba de que la demora beneficiaba a los investigados. Casi un año después el asunto sigue en punto muerto.