El pulso entre la Sindicatura de Comptes y Les Corts a cuenta de los gastos de los grupos parlamentarios se mantiene. En realidad, se ... incrementa. La tensión se va elevando paulatinamente, año a año, desde que la institución auditora despliega su elenco fiscalizador sobre las cuentas parlamentarias. Los partidos, finalmente, decidieron en marzo de 2021 aplicar las recomendaciones de la Sindicatura para ser más transparentes a la hora de justificar en qué se gastan los cerca de cuatro millones que reciben de Les Corts para su actividad.
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Sin embargo, esas medidas se aplicaron a partir del año pasado. De tal modo que el informe de la Sindicatura sobre la actividad de Les Corts en 2021 aún incide en la falta de transparencia. Y lo hace de modo aún más insistente que años atrás. Inicialmente, el organismo que todavía dirige Vicent Cucarella (está al frente de la institución a pesar de que su mandato ha caducado porque los partidos no han consensuado su renovación), realizaba en las auditorías a la Cámara una recomendación.
Esa recomendación se convirtió en una salvedad. El rango del reproche contable se incrementó a medida que la Sindicatura constató que los partidos se resistían a ser fiscalizados. Finalmente, en la auditoría realizada el año pasado en relación a las cuentas del ejercicio 2021, el informe de la institución sitúa la falta de justificación del gasto de los partidos como «una cuestión clave» a la hora de establecer sus objeciones.
«La historia se convirtió en leyenda y la leyenda en mito», decían en 'El señor de los anillos'. Pues algo parecido ha pasado con la opacidad de los partidos, de recomendación a salvedad con rango de «clave». El problema va escalando en la valoración de los auditores.
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La Sindicatura insiste en que no puede dar un visto bueno completo al modo en que maneja el dinero público Les Corts (su presupuesto global supera los 30 millones de euros) porque hay cuatro millones ocultos tras un telón de acero. Y frente a ese informe, Les Corts ha reaccionado con mayor virulencia que otros años. Se acabaron las cortesías habituales. La Cámara realiza unas alegaciones en las cuales para los pies de manera contundente a la Sindicatura. El parlamento valenciano, a través de un documento firmado por el servicio jurídico y económico de Les Corts, subraya que los auditores están excediéndose del marco normativo y lamentan que la Sindicatura no acepte la transitoriedad de la situación. En definitiva, que no puedes entrar porque no toca.
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«A partir del examen y fiscalización de la Cuenta General de Les Corts correspondiente al ejercicio 2022, pero no antes, la Sindicatura de Comptes estará habilitada por la normativa interna aprobada por Les Corts, podrá y deberá desarrollar su función fiscalizadora respecto de las subvenciones asignadas por Les Corts a los Grupos Parlamentarios», advierte el parlamento en sus alegaciones. Podrás fiscalizar las subvenciones a los partidos a partir de 2022, «pero no antes», a pesar de que la Sindicatura considera «una cuestión clave» la falta de datos económicos respecto a los cuatro millones gestionados por los partidos en 2021.
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El incremento paulatino de la tensión entre las dos instituciones, Sindicatura y Les Corts, alcanza su punto culminante en un momento, ya puestos, clave. Porque faltan apenas dos meses para que la actividad del parlamento valenciano se paralice con motivo de la celebración de las elecciones autonómicas y hay varios asuntos vinculados con las arcas públicas que ni se han resuelto ni tienen visos de que se vayan a solucionar.
Por un lado, la solución adoptada por los partidos en marzo de 2021, aunque parezca mentira, está plagada de agujeros legales. Los responsables de hacer leyes en la Comunitat alcanzaron un acuerdo que choca con la legislación laboral. Los partidos adoptaron la medida de obligar a todos los grupos parlamentarios a despedir a sus empleados al finalizar la legislatura para, si quieren, volver a contratarlos a la siguiente. Se trataría de una clara sucesión de empresas que más de uno de los afectados ha planteado a sus abogados.
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Por otro lado, los partidos, en un ejercicio de responsabilidad bastante peculiar, decidieron la fórmula de los despidos sin tener en cuenta que a los trabajadores de los grupos parlamentarios hay que pagarles una indemnización. O si lo tuvieron en cuenta no contemplaron que son varios los partidos en Les Corts que tienen serias dificultades para desembolsar finiquitos que en algún caso corresponde a empleados con muchos años de antigüedad. Solución: que pague Les Corts.
Los grupos pretenden que sea el parlamento como institución la que sufrague los despidos. Sin embargo, no se han tomado medidas para evitar que en la próxima legislatura se vuelva a repetir el problema de falta de liquidez. Motivo de reflexión es que problemas económicos, de transparencia y laborales que afectan a los representantes del pueblo valenciano, encargados de legislar y de fiscalizar al Consell, desde hace más de un lustro no hayan sido resueltos y acaben repercutiendo en el presupuesto de Les Corts, bajo la lupa de una Sindicatura de Comptes con la que las fricciones se registran y van a más año tras año.
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