Pepe Cataluña, el exjefe de las finanzas del PSPV, se niega a declarar ante la juez por el caso de corrupción de Azud

Así, entre una nube de periodistas entró en la sede judicial. Su estancia fue breve. Apenas diez minutos después abandonaba el juzgado acompañado de su abogado. Al estar una pieza bajo secreto de sumario, lo habitual es que, siguiendo el consejo de su representación letrada, se acoja a su derecho a guardar silencio.

Una declaración en estas condiciones puede resultar contraproducente en el caso que una vez termine esa medida excepcional sobre el sumario, el contenido contradiga el testimonio de Cataluña.

De hecho, el exdirigente parece estar en el núcleo de las diligencias más recientes. La última operación policial se saldó con varios empresarios imputados por el amaño de obras a cambio de comisiones parte de la documentación que se halló en el registro del domicilio del destacado socialista.

Una de las vías de las pesquisas es el análisis de un presunto cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de obras públicas. En concreto, el dinero, siempre supuestamente, iría a parar a una caja B de los socialistas valencianos. Uno de los contratos investigados es precisamente una obra del trasvase Júcar-Vinalopó. Unos papeles apuntaban al reparto de comisiones por esa actuación. Esta causa se mantiene bajo secreto de sumario. Y, al parecer, sigue en esa situación de excepcionalidad.

La citación de Cataluña se corresponde con su implicación en la pieza principal de esta macrocausa donde se le decomisó el material incriminatorio. Pero evidentemente se le podía interrogar por la documentación hallada en su casa y que él mismo quería que se destruyera, según adelantó en un escrito al juzgado.

De hecho, el órgano continúa con sus tareas de indagación. Esta misma semana ha reclamado al Ayuntamiento de Xixona, toda la documentación de que dispongan de la ampliación de la desaladora de Mutxamel-Campello entre la sociedad estatal ACUAMED y el citado consistorio. Se trata de uno de los negocios en los que supuestamente intervino el empresario Jaime Febrer y el abogado con vínculos con el PSPV, José Luis Vera.

La de Cataluña no era la única declaración de interés del día. La mujer de Rafa Rubio, exdelegado del Gobierno y responsable de urbanismo del PSPV de Valencia, también compareció. Se encuentra investigada por ser titular de una cuenta en la que se realizaron ingresos periódicos en efectivo que los investigadores atribuyen al cobro de una comisión de alrededor de 300.000 euros por no importunar los proyectos urbanísticos del empresario Febrer.

La mujer se desvinculó de las decisiones económicas en la familia. De todo esto se encargaba, según su relato, Rafa Rubio. Declaró que nunca han tenido problemas económicos, que disfrutaban de una posición holgada y que, además, recibió más de 300.000 euros de una herencia. Es decir, que el contexto de una familia con importantes ingresos no les hacía necesitar aportaciones económicas de origen dudoso.

A la declarante se le preguntó también qué explicación encontraba de los ingresos periódicos en una de las cuentas bajo sospecha. Explicó que, de vez en cuando, ella sacaba dinero de su cuenta y que lo que le sobraba se lo daba a su marido que después lo ingresaba de nuevo en el banco.

También fue cuestionada acerca de la caja de seguridad que abrió. Eran para guardar unas joyas de la familia, indicó. Pero sólo acudió a ese depósito una vez. El resto siempre fue Rubio. Y esa caja se cancela, según explicó, porque aumentan el precio en la entidad bancaria. Fue entonces cuando decidieron instalar una caja fuerte en su domicilio. Al parecer, la cancelación de ese depósito se produjo justo en el momento que terminaron los ingresos del supuesto pitufeo del matrimonio.

Los presidentes de Baleares y Comunitat Valenciana, Francina Armengol y Ximo Puig, mantienen esta semana una cumbre bilateral en la ciudad de Valencia. Ambos se refirieron ayer a la reforma del delito de malversación que plantea el Gobierno porque «en ningún caso» puede suponer un beneficio para los corruptos y apelaron a la «serenidad» sobre el acuerdo. No se han pronunciado, sin embargo, sobre las críticas del presidente de Castilla-La Mancha, el también socialista Emiliano García Page, a esa modificación legal.