Pérez Garijo busca al PP y Cs para renovar el Consejo de Transparencia interino

La consellera de Transparencia, Rosa Pérez Garijo, presentó a finales de septiembre de 2020 la proposición de ley que tramitaría Les Corts y que finalmente se aprobó hace algo más de un mes y está vigente desde el pasado jueves. El asunto más relevante del cambio legislativo es la modificiación del actual Consejo de Transparencia por otro más caro y dependiente. El tripartito sacó adelante un texto legislativo que registró el voto en contra de la oposición, esa misma que ahora será necesaria para renovar un organismo mayoritariamente en funciones desde hace más de año y medio. Fuentes del PP y de Ciudadanos han confirmado que desde la Conselleria de Transparencia ya han establecido contactos con ellos para buscar un acuerdo fundamental. Porque la ley establece que la renovación de los consejeros precisa de una mayoría cualificada de tres quintos de la Cámara, eso implica que es necesario contar con la adquiescencia de 60 diputados. El tripartito dispone de 52. Las cuentas no le salen sin el apoyo de PP, Ciudadanos o Vox, cualquiera de los tres, pero alguno de los tres. La idea es que se necesita elegir tres consejeros, con un perfil muy distinto a los que componen actualmente la entidad, y que alguien de la oposición les de el visto bueno.

¿Y mientras? Pues mientras, todo continuará desarrollándose con la sensación de eventualidad que invade el consejo desde prácticamente el inicio de la legislatura. El organismo ha ido incrementando su actividad sin demasiada colaboración del departamento de Garijo, más pendiente de dar la puntilla al actual consejo que de dotarle de medios, según las sucesivas memorias de actividad del organismo publicadas todos los años. Pérez Garijo ha alargado la renovación del Consejo de Transparencia hasta dejarlo acercarse tanto a la franja electoral que puede darse la circunstancia de que los contactos no fructifiquen. El propio organismo ya advirtió a la conselleria de la caducidad en la vigencia del mandato de los consejeros, que se nombrarán por un periodo de cinco años. De pactarse ahora permanecerían en el puesto durante toda la legislatura siguiente. Alguno de la terna, en esa lógica pactista, tendrá que ser sugerido por el centro derecha valenciano. O no. Porque si en la oposición están convencidos de que van a ganar las elecciones dentro de un año, y que habrá un cambio de signo político en la Generalitat, quizá no reclamen un consejero, sino dos, en consonancia con esa mayoría. Podría darse la circunstancia de que Ciudadanos, con la incógnita de si logrará representación parlamentaria en la Comunitat (en Castilla y León sólo logró uno y en Madrid, ninguno, son los últimos resultados electorales), pactase con el tripartito renovar ahora el Consejo de Transparencia, de cara a los cinco años próximos.

La escasez de los medios a disposición del organismo también incide en los plazos para sacar adelante las resoluciones. Hasta dentro de seis meses, calculan fuentes del consejo, no se tomarán en consideración las denuncias presentadas ante el Consejo a partir de ahora, cuando ha entrado en vigor la nueva ley. Por todo esto, el procedimiento a aplicar se podría mantener este medio año. Una vez comiencen a tramitarse las quejas que se registran ahora, los procedimientos se resolverán con arreglo a la norma con la que se iniciaron; es decir, la nueva. Habrá que ver si eso ocurre con los consejeros ya cambiados o siguen los actuales, que contemplan ojipláticos todas las maniobras del tripartito en relación a este organismo.

El PSPV se resistió durante más de medio año a unos cambios que, según explica la oposición, sin mucha réplica por parte del tripartito, propiciarán que el organismo se encarezca (aumenta su coste), sus miembros pierdan su autonomía (se establece una exclusividad que, por tanto, les obliga a depender de ese salario) y se imposibilite que los consejeros cuenten con el prestigio de los actuales (gran parte de ellos son catedráticos universitarios y juristas de nivel, que cobran dietas y que no renunciarán a sus principales ingresos). Los socialistas tragaron con la reforma porque, según fuentes del grupo, era un empeño de la consellera Pérez Garijo, que exigió la aprobación de la ley durante la negociación de los presupuestos de la Generalitat para este año. Así quedó entonces, ante lo cual hubo que vestir al santo. Según el bloque de la izquierda, el consejo ganará en eficacia, porque sus miembros se dedicarán sólo a ser consejeros.

El Consell de Transparencia pasa de cinco miembros a tres. La terna tendrá rango (sueldo) de director general (60.110,42 euros el año pasado) y exclusividad. El organismo continuará siendo dependiente del Ejecutivo valenciano. La idea es profesionalizar la actividad de los consejeros, pero el sueldo y la exclusividad limita el perfil de los candidatos a ser consejeros. Adiós a los catedráticos que actualmente ocupaban estos puestos por un coste mensual tres veces menor al que supondrá la nueva situación y adiós también a los juristas de alto nivel. Y todo eso, al filo de unas nuevas elecciones.