Un perito ratifica ante la juez las «incoherencias» del contrato de Vivienda con Crespo Gomar

valencia/MAdrid. El perito que calificó de «incoherente e imposible» la adjudicación del contrato de publicidad del Plan de Vivienda 2009-2012 a la empresa Crespo Gomar, investigada por la presunta financiación irregular del PSPV, ratificó ayer su informe ante la titular del Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid e hizo hincapié en las irregularidades detectadas bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero.

Según informaron fuentes jurídicas presentes en la declaración, el perito volvió a cuestionar, esta vez, ante la magistrada de los Juzgados de Plaza de Castilla de Madrid la licitud del contrato público de publicidad concedido por el Ministerio de Vivienda cuando era dirigido por Beatriz Corredor por el importe de 126.208 euros.

Estas afirmaciones han sido desmentidas por el exsubsecretario del Ministerio de Vivienda y expresidente de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), Marcos Vaquer, que también declaró ante la magistrada y negó cualquier irregularidad en esta adjudicación. El informe pericial que ratificó fue entregado al Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, que comenzó a investigar la presunta financiación irregular del PSPV y el Bloc (partido mayoritario en Compromís) entre los años 2007 y 2011. Este documento señala ciertas irregularidades como que el representante de la Abogacía del Estado dio poder para formalizar la adjudicación el 5 de enero de 2009, mientras que en el contrato se dice que este trámite tiene fecha del 29 de diciembre de 2008 y que el plazo de ejecución finalizaba el día 31 del mismo mes.

También cuestiona que el director del gabinete de Corredor, Nicolás Mateos, que redactó o firmó el Pliego de Prescripciones técnicas para la realización de la creatividad de la publicidad, declarase la licitación como «urgente». «Más que una urgencia parece una imprevisión», dice el informe porque no prevé la duración del mismo y sólo se indica que debía ejecutarse antes del 31 de diciembre de 2008 y añade que el informe del Interventor Delegado en el Ministerio señaló que no se cumplía la motivación requerida por la ley en casos de urgencia.

Precisamente, Mateos declaró también como investigado por los presuntos delitos de malversación y/o prevaricación y ha dicho ante la juez que su única participación en esta adjudicación fue en la suscripción de dicho pliego y que por ello no puede ofrecer más detalles sobre la contratación, incidieron las fuentes consultadas. Por otro lado, estaba citado el gerente de la empresa Crespo Gomar, Alberto Crespo Gomar, hijo del ex teniente alcalde del Ayuntamiento de Gandia, pero finalmente no compareció ante la magistrada debido a un error en la notificación de la citación. Quien sí acudió fue Vaquer que defendió la legalidad de todo el proceso y expediente de contratación que se llevó a cabo.