Las seis personas que sí creyeron a la menor víctima del exmarido de Oltra

El juez insiste en lo «incomprensible» que resulta que el personal que debía velar por la menor despreciara la denuncia de la joven. Sin embargo, previamente, llama la atención que seis personas si dieran validez al relato e incluso le instaron a que lo denunciara.

Conviene recordar aquí el perfil de Maite, una menor que se ha pasado prácticamente toda su vida en centros de protección. Su padre, en la cárcel. Su familia, sin poder ocuparse de ella. Son personas que lógicamente arrastran grandes carencias afectivas. Pero es una radiografía habitual en los centros. Lo extraño es lo contrario.

Con esa atmósfera, la joven recurre a una amiga del centro, primera persona a la que le cuenta los abusos que de noche, cuando ella se hace la dormida, realiza el educador. Esta testigo confirmó en Fiscalía de Menores y en el juicio de la Audiencia que Maite le había explicado los abusos.

Otra de las personas que interviene en esta fase es Andrés, el novio de la víctima. También declaró en su día en fase judicial. Aunque ahora estaba enfadado con Maite -se ignoran los motivos- confirmó también que su pareja le confesó los abusos. Los padres del joven se sumaron a ese círculo de confianza de la menor y no pusieron en duda el relato.

Cobran especial interés otras dos personas que apoyan la versión de Maite. Se trata de dos técnicos del centro de DIA El Faro donde la joven acudía periódicamente. El padre de la menor, que estaba en la cárcel de Picassent, remitía allí parte de la pensión. Los técnicos, lo que hacían era gestionar ese dinero. Maite se desplaza con Andrés y los padres de este.

Allí les recibe Consuelo Escriche, una trabajadora de las dependencias. La adolescente confiesa que se ha fugado del Niño Jesús porque sufre abusos por parte de un educador. Escriche no duda. La cree. Hasta tal punto que se pone en contacto con la Policía para averiguar cómo denunciar los hechos. La idea era acudir a comisaría justo al día siguiente, 14 de febrero de 2017. Pero antes, otro responsable del centro de DIA, José Francisco Vidal, se reúne con Maite para obtener algún dato más de la delicada historia. La menor le insiste en los abusos y en la identidad del autor. Recuerda que el último de los abusos se produjo en enero de ese año, antes de que el docente se fuera de vacaciones. El relato es muy similar al que años más tarde, la Audiencia de Valencia, di por probado en la sentencia de condena a cinco años de cárcel.

Sin embargo, la joven desistió de presentar una denuncia porque «no la iban a creer», según recoge el escrito del juez. Los dos empleados del centro de DIA declararon en su día en el juicio celebrado en la Audiencia contra el docente. Recopila el magistrado en su exposición al TSJ un episodio ciertamente extraño. Escriche llamó a la directora del centro para comunicarle la noticia de posibles abusos por parte de un educador. Fue entonces cuando se inicia la investigación por parte del Niño Jesús y de la Conselleria de Igualdad. Un paripé, según el criterio del juez.

La directora de las dependencias, cuyo papel en todo este enredo es capital, efectúa una serie de informes sobre las medidas y acciones que emprende. En uno de ellos, pone en boca de la técnico del centro de DIA la frase: «No le dimos credibilidad. Le dijimos que denunciara». Cuando la realidad, a tenor de los acontecimientos, es que la trabajadora social nunca dijo que no le diera credibilidad. Más bien todo lo contrario. En esta línea también se le atribuye la falta de concreción de la menor y que le dio la opción de no denunciar «porque se había metido en un charco del que no podía salir». Esto tampoco encuentra corroboración por parte de la testigo. Es decir, que la directora alteró deliberadamente o por error la versión de esta trabajadora. Se desconocen los motivos.

Desde que la gestión del caso es asumida en primera instancia por la directora del centro, en colaboración con una técnico de la Conselleria y una psicóloga de la Dirección Territorial, la menor entra en una espiral de descrédito por parte de los responsables. Absolutamente de todos. Una circunstancia que hoy, cuatro años después de aquello, no encuentra explicación.

El asunto no se lleva a Fiscalía porque no existía un protocolo que obligara a trasladar estos hechos, más allá del sentido común y el deber ciudadano de poner en conocimiento hechos supuestamente delictivos. Más todavía en un asunto con menores como víctimas.

Las pesquisas parecen cerrarse «en falso» en marzo. El docente regresa a su puesto de trabajo y la menor al centro. Asunto cerrado. Pero en julio, la visita casual de dos agentes de la Policía Autonómica al centro Niño Jesús -iban a llevar a otra menor- hace que se encuentren con Maite y Andrés en la puerta de las instalaciones. Los policías sí creen a la menor, informan a su superior y luego a la Fiscalía. Y todo pese a que la directora del centro les traslada que eso ya se había investigado y que carecía de credibilidad. Cinco meses después, el caso recala finalmente en la Fiscalía de Menores.