Las 18 personas que tejieron la trama del caso Erial

El levantamiento parcial del secreto de sumario decretado por la jueza instructora del caso Erial revela cómo se habría creado una red muy concreta. Esta trama no fue ni mucho menos fruto de la casualidad y fue tejida poco a poco por hasta 18 personas que, en mayor o menor grado, tuvieron un papel asignado. El expresidente Eduardo Zaplana fue junto a la familia Cotino el gran protagonista pero muchos otros dirigentes de su Gobierno, personas de su entorno y familiares también habrían participado en la presunta red delictiva.

ORosa Barceló es hija Miquel Barceló, empresario hostelero de Benidorm, senador del PP durante doce años e impulsor de la carrera política de su yerno Eduardo Zaplana cuando más lo necesitaba. Barceló habría tenido un papel fundamental en «en determinadas operativas de trasvase de fondos». Estas operaciones se habrían realizado desde la mercantil Costera del Glorio SL, en el centro del presunto conglomerado empresarial, y en aparente beneficio para ella misma y su marido. Estos fondos tendrían un origen ilícito y los movimientos se habrían producido a través de operaciones fuera de lo que se considera normalidad comercial. Además, varias firmas implicadas hicieron transacciones a Barceló, que también se señala que habría adquirido un vehículo con fondos provenientes de una firma implicada en la trama delictiva y el conglomerado empresarial.

La jueza instructora del caso Erial considera que la actividad de Mitsouko Henríquez, secretaria personal de Zaplana, sobrepasaba lo meramente profesional. El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) apunta a que Mitsouko desempeñaba también funciones propias de una trabajadora de la empresa Costera del Glorio SL, firma en el centro de la trama. Pero su papel no termina aquí ya que la secretaria también sería clave para trasmitir instrucciones en determinados casos y en otros participaba de forma activa realizando gestiones e implicándose en tareas concretas como la venta de inmuebles y otras operaciones relacionadas con las mismas. Indiciariamente aparece presuntamente conocedora de la utilización instrumental que hace Zaplana de determinadas sociedades.

La relación del expresidente con Joaquín Barceló viene de su etapa al frente de la Generalitat. Barceló ocupó cargos de responsabilidad dentro del Consell del PP, principalmente relacionados con el turismo, cuando Zaplana era presidente. El que fuera alto cargo de la Agencia Valenciana de Turismo y exdirectivo de Terra Mítica aparece como responsable de Imison Internatiola, una firma que habría participado en los sobornos canalizando los fondos. Además, la misma sociedad habría contribuido al retorno de fondos a España. Barceló sería el testaferro que habría intentado velar por la identidad del verdadero beneficiario como el propio Zaplana. En las comunicaciones intervenidas también se desprende que, presuntamente, el ex alto cargo del Consell habría entregado al expresidente 50.000 euros en metálico. Según la magistrada, Barceló «aparece retratado como un actor principal en todos los hechos que se investigan en esta línea» ya no solo al velar por la titularidad real de los bienes sino interviniendo en las operaciones económicas y mercantiles.

El papel desempeñado por Felisa López, mujer de Joaquín Barceló, en los hechos investigados estaría relacionado tanto con la creación del precipitado entramado empresarial como en la administración posterior de este. Se cree que así había facilitado velar por la identidad de determinadas personas que se estarían beneficiando de unos fondos que tendrían un origen ilícito. De esta forma haría un trabajo complementario al de su marido.

Francisco Grau, letrado, asesor fiscal, accedió a un puesto de dirección de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) durante el mandato de Zaplana. Grau habría participado en la creación del entramado empresarial y en la administración de la misma durante años. Se le presume artífice del esquema societario y partícipe de muchas de las relaciones económicas de las mismas. De esta forma había participado en el blanqueo de capitales.María Domínguez, esposa de Grau habría participado en el blanqueo de capitales.

Ángel Salas es un empresario que cuenta con una intensa relación con Joaquín Barceló. Salas también participaba en varias firmas y participó en la venta de una serie de parcelas relacionadas con la trama empresarial. Además, formaba parte de la estructura de retorno y tenía un papel clave en la integración de los fondos que tendrían un origen ilícito.

El empresario Roberto Batauche tenía participación en dos firmas que podrían revertir en cierto carácter delictivo. Batauche habría realizado diferentes operaciones con el fin de velar por la identidad del verdadero titular a modo de testaferro. Además, le fueron intervenidas diferentes llamadas de las que se deduce una buena relación con Grau, Zaplana y Barceló.

Juan Fuster es un empresario relacionado con el sector de la hostelería y vinculado personalmente a Joaquín Barceló. Fuster habría participado en la confección de una facturación ficticia clave para la trama empresarial y, según unas llamadas, habría entregado 50.000 euros en efectivo a Zaplana. De las llamadas interceptadas se deduce una declaración refiriéndose al entramado como «un paripé».

El abogado Washington Belhot, de origen uruguayo, habría constituido en el extranjero sociedades pantalla según la investigación judicial. Estas firmas son utilizadas por otras de la trama para diferentes operaciones con el objetivo de blanquear el dinero en países latinoamericanos. Su nombre aparece en otras mercantiles implicadas en la presunta trama delictiva y en cuentas ubicadas en Andorra que servirían en alguna fase del blanqueo de capitales. Además, la investigación judicial cree que ejerció en favor de algunos de los investigados.

El abogado Saturnino Suanzes, hermano de la exdiputada popular Elvira Suanzes, sería la persona encargada de administrar y mantener el control sobre los fondos ocultos. Suanzes tendría la capacidad de trasladar ese dinero en favor de los investigados o de manejar las sociedades que estos pudieran tener en el extranjero. Los fondos vendrían de las comisiones abonadas con motivo de las adjudicaciones.

María Teresa García, es la mujer de Juan Francisco García, director de gabinete de Zaplana y mano derecha del expresidente. Su nombre también ha salido salpicado tras la investigación judicial al haber participado en el retorno de los fondos y el posible lucro obtenido con ellos. Existen indicios de que una parte del dinero que está bajo sospecha se transformaba y se integraban en una fase final de blanqueo de capitales a través de diferentes productos financieros. García aparece como cotitular de los mismos y al parecer habría mediado en la operación.