El PP sitúa a Rodríguez de cabecilla de un grupo criminal y le pide 18 años de cárcel

Calificación durísima del PP contra los acusados del caso Alqueria., la contratación ilegal de altos directivos en la empresa pública pese a la existencia de informes jurídicos en contra de estas incorporaciones. El Partido Popular reclama 18 de años de prisión para el expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez por los delitos de malversación, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal. Es el primer escrito de una de las acusaciones y aún falta por conocer el de la Fiscalía Anticorrupción y el de la asociación Acción Cívica. El plazo se agotará en unas horas.

A Jorge Rodríguez el PP le pide 15 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación, pero lo más grave son las penas de cárcel: ocho años por malversación, dos años por tráfico de influencias y otros ocho por pertenencia a organización criminal. Además, le exige el pago de una multa de más de dos millones de euros. La calificación, que firma el letrado Vicente Ibor, mantiene que los acusados formaban parte de un grupo organizado para delinquir con sus papeles y funciones claramente delimitados. Este ilícito eleva considerablemente las peticiones de pena. Sin embargo, se trata de un supuesto que resulta complicadísimo de probar en la Audiencia y es probable que las otras acusaciones no lo incluyan.

La solicitud de castigo resulta igual de contundente para la exgerente de Divalterra, Agustina Brines, que formaba parte de Compromís. El PP la integra en el núcleo de cabecillas, junto a Rodríguez, y reclama la misma pena: 18 años de cárcel.

Los colaboradores más cercanos del expresidente, Ricard Gallego, Jorge Cuerda, Manuel Reguart y Xavier Simón Alventosa, así como los directivos contratados en la empresa pública afrontan penas de 15 años de cárcel. En su caso, la condena sería menor porque se castiga menos severamente la malversación. Los populares consideran, además, que entre todos deben devolver algo más de un millón de euros que corresponde a los sueldos y cotizaciones a la Seguridad Social que la empresa pagó durante el tiempo que estuvieron contratados.

El PP relata la existencia de una trama en la Diputación para repartir puestos de responsabilidad (con un salario de 60.000 euros al año) «por afinidades políticas vinculadas al PSPV y Compromis y no por razones profesionales». De esta forma ambas formaciones políticas pactaron el reparto de cuatro áreas para la coalición nacionalista y tres para los socialistas.

Todos los miembros de la «trama» siguieron las indicaciones de Rodríguez con el objetivo de dar apariencia de legalidad a las contrataciones. Unos puestos donde en realidad no se ejercieron labores de dirección. Es más, en algunas áreas, carecían incluso de personal y presupuesto. Todo esto se hizo a la vez que se reducía el presupuesto de la sociedad.