El PP pide al juez que cite a Marzá por trato de favor a Francis Puig

El PP inicia una nueva ofensiva judicial contra cargos y excargos del Consell por un supuesto trato de favor a las empresas de Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat. La acusación popular pretende ampliar el marco de estas diligencias hasta la fecha concentradas en graves irregularidades en la concesión de ayudas públicas. La causa está focalizada especialmente en el papel de Puig y sus socios en el conocido como cartel de las productoras. Es decir, una operativa de presentación de facturas ficticias para obtener subvenciones de la Generalitat. Además, las utilizaban para reclamar dinero de diferentes administraciones.

Los populares, que recientemente han cambiado de letrado, quieren que el juez investigue una circunstancia que consideran sorprendente al comprobar cómo la Generalitat reclama al socio, Adell Bover, la devolución de las cantidades, pero no hace lo mismo con Francis Puig. Fue en su propia declaración judicial ante el titular de Instrucción 4 de Valencia donde el empresario desveló que tenía abiertos siete expedientes de reintegro. El PP, en su escrito, ignora qué resultado han tenido esos procedimientos.

Con independencia de lo anterior, «resulta cuando menos sospechoso que en idénticas circunstancias a las empresas de Francis Puig no se les haya incoado procedimiento alguno al respecto». En su momento, un testigo aseguró que a las citadas mercantiles bajo sospecha se las había sometido a planes de control con posterioridad a la denuncia. Por este motivo «se explica todavía menos cómo las clamorosas irregularidades que la Policía Judicial ha constatado en su informe pudieron pasar desapercibidas para la Administración».

La conclusión para la letrada del PP es que todo lo anterior se ha producido como consecuencia de un trato de favor de la Dirección General de Política Lingüística. Las diligencias que considera necesarias para aclarar todo este supuesto plan urdido para la protección del familiar del presidente del Consell es la comparecencia como testigo de Vicent Marzà, exconseller de Educación en la época de los hechos. Marzá abandonó su responsabilidad esta pasada primavera tras comunicar que su etapa había terminado y optaba ahora por trabajar para el partido.

De igual modo, solicita al juez que pida información a la conselleria en relación con las subvenciones al fomento del valenciano en los medios de comunicación social a las sociedades mercantiles Canal Maestrat, Kriol, Comunicacions dels Ports y Mas Mut Produccions, así como para que, en su caso, aporte los documentos que acrediten si los importes se habrían reintegrado. A Marzà se le quiere interrogar por los motivos por los que no consta que se haya solicitado el reintegro.

Los populares llevan meses presionando a la Generalitat para que se abran procedimientos de reintegro para recuperar el dinero que la familia Puig «ha recibido presuntamente de manera ilegal en subvenciones públicas. La Generalitat no puede renunciar a recuperar el dinero cobrado por la familia de Puig», indicaban desde la oposición.

Otra de las propuestas que se han planteado en los últimos meses es la necesidad de que la Abogacía se persone en la causa penal para defender los intereses de la Generalitat, supuestamente comprometidos en esta operativa de Francis Puig y sus socios. Las empresas fueron multadas con 43.000 euros por la Conselleria de Economía por pactar precios para un concurso de À Punt. Fue la cadena pública la que denunció la irregularidad.

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