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La exalcaldesa de Carlet María Ángeles Crespo (PP) se enfrenta a un año y medio de prisión por un delito de acoso laboral al que fuera jefe de la Policía Local de su municipio, José Llopis. Durante cerca de cuatro años, el intendente fue víctima de «actos hostiles y humillantes» como represalia ante su negativa a quitar multas de tráfico a los vecinos, tal y como le ordenaba la primera edil.
La responsable de los populares, que fue senadora durante una legislatura, se ha librado, de momento, de la acusación por prevaricación o tráfico de influencias. La fiscalía ha pedido el sobreseimiento por estos delitos al no haber quedado acreditado que las anotaciones que la alcaldesa hacía en los expedientes -A (anular) y R (ratificar)- se materializaran luego en una resolución oficial o que estas influyeran en el funcionario de algún modo o incluso que ella hubiera obtenido un beneficio económico.
El ministerio público relata todos los episodios supuestamente delictivos que protagonizó Crespo. Así, en primer lugar, ordenó al encargado de tramitar los expedientes de las multas que todos pasaran primero por ella y no por el intendente que era el procedimiento habitual. La acusada realizaba las anotaciones -A o R- en los documentos. En ocasiones, también apuntaba «comprobar lo que se alega».
De inmediato, el jefe del cuerpo policial se quejó ante este sorpresivo cambio en las directrices. «La forma de proceder será la que yo haga en las anotaciones», comunicó la edil, según recoge el escrito del fiscal. Además, añadió que estaba «harta» de las quejas de los vecinos. El agente insistió acerca de la ilegalidad que suponía unir las fases instructora y sancionadora, pero no hubo solución posible. «Supervisaré los expedientes que vengan con alegaciones y tú te limitarás a seguir las indicaciones», mantuvo la política. Pese a todo el jefe policial desoyó las órdenes de la edil. «Comencem mal, ja m'encarregaré jo d'això, no me fas falta per a res», fue la respuesta que obtuvo de la dirigente municipal.
La oposición del policía no hizo que la alcaldesa desistiera de sus intenciones. En aquellas fechas, a finales de 2011, le mandó que trasladara a sus agentes que redujeran el número de multas en la vía pública «a lo mínimo posible». Más tarde, presuntamente comenzó a marginar a Llopis. Se dirigía directamente al resto de funcionarios de manera individual para informarles de la idea de reducir el número de multas o de que le dieran a ella los expedientes.
En febrero de 2012, como la situación se mantenía en los mismos términos, la alcaldesa le advirtió de que no va a poder con ella. Y le lanza, además, otro mensaje: «Voy a hacer todo lo imposible para conseguir apartarte de la jefatura. Pronto te vas a enterar de quien es María Ángeles Crespo». Desde entonces, Llopis quedó aislado en el Ayuntamiento. Se le cesó como instructor de los expedientes, se le obligó a fichar y se le redujo la nómina en 175 euros por productividad. Incluso dejaron de pagarle las horas extra de Fallas y fiestas patronales, siempre según el relato de la fiscal.
Los actos hostiles contra el intendente se sucedieron. Por ejemplo, se negaron a incluirle en una fotografía de grupo cuando sí habían hecho un fotomontaje para añadir a otros dos compañeros. Finalmente, el jefe policial permaneció prácticamente sin atribuciones gracias a diferentes decisiones de la alcaldesa. La relación se convirtió en todo un calvario para el funcionario. De hecho, tuvo que cogerse la baja en tres periodos diferentes debido a la presión que soportaba en el Ayuntamiento. En total, más de 180 días a lo largo de la legislatura de Crespo. El ministerio público, aparte de la pena privativa de libertad, reclama una indemnización de 20.000 euros para el policía.
María Ángeles Crespo ha sido una de las históricas del PP de la Comunitat hasta que abandonó la política hace. Alrededor de 500 personas asistieron a su acto de despedida en el que estuvo presente el entonces presidente de la Generalitat, Alberto Fabra. Este juicio pone la nota negativa a su carrera política.
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