PP, Cs y Vox piden debatir en una junta general extraordinaria el estado de Divalterra

Los diputados de los grupos del PP, Cs y Vox en la Diputación de Valencia han presentado un escrito por el que solicitan que se reúna con carácter extraordinario la junta general de Divalterra, la empresa pública de la corporación provincial heredera de la vieja Imelsa, para abordar la situación en la que se encuentra esta mercantil.

El escrito justifica la solicitud de la convocatoria por la «gran inquietud surgida entre los trabajadores y la población en general» por las noticias aparecidas en los medios de comunicación en relación con «cambios, renuncias, informes y posibles ilegalidades en contrataciones» en el marco de la actividad de esta empresa.

Los diputados de estos grupos recuerdan que el presidente de la Diputación, Toni Gaspar, tiene un plazo de 15 días hábiles para convocar esta reunión, que debería limitar su orden del día exclusivamente al debate solicitado.

La solicitud de convocatoria de una junta general extraordinaria de Divalterra llega apenas dos días después de que este órgano se reuniera para abordar la sustitución de cinco de los nueve miembros de ese organismo. En aquella reunión se tramitaron las sustituciones, con la incorporación de cinco nuevos miembros, incluido el hasta ahora secretario general de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana Luis Felipe Martínez.

Sobre la mesa, Divalterra mantiene la polémica respecto al proceso de selección de la jefa de Recursos Humanos de la entidad, que el gerente de la firma Antonio Mas llevó adelante pese a la orden explícita del presidente del consejo, Ramiro Rivera, de que lo paralizara. El jefe del área jurídica de la empresa, José Luis Vera, acreditó en un informe más de una docena de irregularidades que se habrían cometido en ese proceso.

Hace pocas fechas el titular del juzgado de instrucción número 9 de Valencia dictó auto de apertura de juicio oral contra el expresidente de la corporación provincial, Jorge Rodríguez, y otras 14 personas, por los delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental que habrían cometido entre 2015 y 2018 en la contratación de altos cargos desde esta empresa.