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El anuncio realizado por Pedro Sánchez este jueves al término del Consejo Europeo extraordinario para hablar del rearme de Europa frente a la amenaza rusa, ... en pleno acercamiento de Donald Trump a Vladímir Putin, ha provocado una nueva sacudida entre sus aliados políticos y, según Podemos, no una cualquiera. La formación de Ione Belarra afirmó este viernes que la decisión de acelerar el gasto militar para llegar al 2% del PIB antes de 2029, como estaba previsto, «entierra la legislatura progresista». Y avisa al Gobierno: «Está cavando su propia tumba; nadie le voto para esto». «Sánchez dice que se opone a Trump, pero le lame las botas», ha rematado con un mensaje en X la secretaria general de los morados, Ione Belarra.
Sánchez ya desveló que tiene intención de convocar a la Moncloa a todos los grupos parlamentarios, excepto Vox, el próximo jueves para explicarles su posición de cara al grave contexto internacional. Y se mostró confiado, como también hizo este viernes el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en poder hallar en el «europeísmo» un «denominador común» que permita presentar ese incremento, aún apenas esbozado, como compromiso de país. Pero no lo tendrá fácil.
Podemos alega que los fondos que se dediquen a gasto militar se detraerán de partidas como la sanidad, la educación o las pensiones públicas, lo cual constituye «un robo a la ciudadanía y una transferencia de rentas que enriquece a la industria militar, a la banca y a las empresas de gran distribución». Pero la situación no es cómoda tampoco para el socio minoritario del Ejecutivo, Sumar, que lleva semanas navegando entre dos aguas.
El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, no rechazó directamente la idea, pero sí le puso pegas. «Si se plantean políticas de gasto militar, habría que incorporar también la dimensión de las capacidades industriales y de la eficacia del gasto, porque no sería lógico que pasáramos de una situación de dependencia en materia de seguridad de la OTAN y los Estados Unidos a una situación de dependencia en materia de gasto respecto al complejo militar industrial estadounidense».
Si el Ejecutivo tuviera que llevar una propuesta al Congreso, algo que fuentes de Moncloa invitan a no dar por sentado, lo más probable es que debiera acabar explorando un pacto con el PP. De momento, Bolaños solo adelantó que se buscarán «las fórmulas que sean más adecuadas para conseguir el objetivo» y argumentó que, en un momento como el actual, todo el mundo debe ser consciente de que «invertir en defensa es invertir en democracia». Pero no fue más allá.
Entre los socialistas prima la cautela. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ya ha adelantado que su propósito es que en la cumbre prevista para el próximo 3 de junio en La Haya los aliados eleven ese objetivo del 2%, fijado en 2014 en Gales, hasta el 3%. España, a la cola de los socios atlánticos, está todavía muy lejos de esos números, por debajo del 1,3%. Pero en su comparecencia en Bruselas, Sánchez no se mojó ni con el objetivo del 3% ni con ninguna otra cifra ni aclaró cuánto está dispuesto a correr ni dio una fecha alternativa a 2029. Todo está todavía muy verde.
En el Gobierno remarcan que ni siquiera se sabe aún cómo se articularan los préstamos que la Comisión Europea ha puesto sobre la mesa. El presidente, además, pretende seguir presionando para que la UE opte por hacer transferencias. Y en eso sí tiene el respaldo de Sumar. «En lugar de apostar por multiplicar los gastos nacionales, la prioridad debe ser el despliegue de una nueva financiación europea, fiscalizada democráticamente, que no haga recaer todo el esfuerzo inversor en los estados miembros».
En términos de tener que acudir o no a solicitar un aumento de gasto al Parlamento, esos factores son relevantes. Hasta ahora el Ejecutivo ha ido elevando la inversión en Defensa por vías que le han permitido sortear ese cauce, recolocando partidas o tirando del Fondo de contingencia. Pero también admitía que, sin Presupuestos, llegar a los niveles exigidos para llegar al 2% del PIB en 2029 sería muy difícil. Y ahora, si tuviera que solicitar un crédito extraordinario no le quedaría más opción que llevarlo al Congreso.
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