José Manuel Megía Cardona, el ponente del caso Erial, la investigación abierta a Eduardo Zaplana por una supuesta fortuna en el extranjero, ha comunicado a los compañeros de su sección que finalmente se abstiene en este complejo asunto. El ponente desempeña un papel capital ... ya que es el encargado de redactar la sentencia tras la deliberación con otros miembros del tribunal. Ahora el resto de magistrados debe decidir si aceptan la renuncia de Megía.
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Este magistrado, al parecer, mantiene una «enemistad manifiesta» con uno de los letrados de este procedimiento, Vicente Grima. El abogado, uno de los más conocidos penalistas de Valencia, representa al empresario Vicente Cotino, sobrino del expresidente de Les Corts, Juan Cotino.
El problema entre estos dos profesionales jurídicos se remonta a hace 25 años cuando el abogado denunció a Megía, entonces al frente de un juzgado de Instrucción de Valencia, por supuestamente aceptar sobornos. La Audiencia confirmó recientemente la designación del ponente pese a los numerosos antecedentes de abstención que acumula el magistrado, según un escrito del letrado. En caso de no abstenerse, tal y como ha hecho hoy, se abría una puerta a una más que probable recusación. Se da la circunstancia de que Megía iba a jubilarse en un mes. Este incidente, en caso de registrarse finalmente, se resolvería por parte de un magistrado de otra sección.
El abogado de Cotino aportó numerosos antecedentes para justificar su postura. Por ejemplo, recordó un asunto donde un auto resuelve que la decisión de Megía de abstenerse está justificada. Esto se produjo en 2007. Y desde entonces, siempre según la versión del abogado, el magistrado no ha participado en ninguno de los asuntos. En total, cita hasta una veintena de procedimientos donde Megía se apartó de la resolución por los motivos anteriores.
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El cabecilla del conocido como caso Erial es, sin duda, Eduardo Zaplana. La instrucción ha dado por acreditado que disponía de una fortuna oculta en el extranjero procedente del cobro de mordidas por los amaños de los parques eólicos y la privatización de las ITV. Anticorrupción le reclama 19 años de cárcel por estos hechos así como una multa de 40 millones de euros. Los empresarios José Cotino y Vicente Cotino, por su parte, afrontan una pena de prisión de 14 años. La menor participación del expresidente José Luis Olivas se queda en una petición de seis años. En cualquier caso, castigos muy severos debido a la gravedad de los delitos que se les imputan.
El escrito de acusación incluye también al amigo de Zaplana y supuesto testaferro Joaquín Barceló y a su número 2 en la Generalitat, Juan Francisco García. Estos, junto con su secretaria personal, Mitsuoko Hernández, forman el núcleo duro de presuntos colaboradores del exministro en el caso Erial.
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