El PP acepta el órdago del tripartito y les reta a renovar las instituciones sólo con Ciudadanos

Acuerdan que no hay acuerdo. Así se ha cerrado este martes por la mañana en Les Corts la reunión a cinco bandas (tripartito, Ciudadanos y PP) para renovar las instituciones estatutarias, una reunión celebrada un mes después de las últimas, cuando todo parecía encallado. Sin embargo, desde entonces, tras la salida de Ruth Merino de la sindicatura de Cs y con la entrada de Mamen Peris, la posibilidad de que los votos naranjas se sumen a los de la izquierda ha propiciado que se retomen las negociaciones que parecían bloqueadas con el fin de renovar la Sindicatura de Comptes, el Consell Jurídic Consultiu, el Consell de Transparencia, el Consell Valencià de Cultura o el de Universitats. Todos estos órganos cuentan con el mandato de sus consejeros caducados, en algún caso desde hace más de dos años. El tripartito cuenta con la predisposición de Ciudadanos, lo que supone sumar la mayoría cualificada necesaria en Les Corts para realizar los nombramientos. Esa nueva situación la conoce el PP desde hace un par de semanas y hoy se ha vuelto a manifestar en la reunión de todas las representantes de los cinco partidos que por espacio de una hora se han reunido sin llegar a un acuerdo. El PP dice que se siente «pseudoamenazado» y que no va a participar en un reparto en el que el tripartito pretende presidir la Sindicatura, el Jurídic y Transparencia. Los populares consideran que, a dos meses de elecciones y con incertidumbre de quién gobernará, esta negociación es un trágala inadmisible. Ciudadanos pide «responsabilidad» mientras que la izquierda insta a continuar negociando. Se supone que la semana próxima, martes, en al Junta de Síndiques, deberían llegar con una quiniela de propuestas de los cinco partidos. Si no es así, el tripartito podría terminar pactando con Cs y repartiéndose la veintena de nombramientos, lo que para el PP sería un «escándalo».

La síndica popular, María José Catalá, señala a los socialistas y les considera los responsable de una «imposición» inadmisible. Desde el PSPV creen que los populares no quieren renovar las instituciones con las esperanza de que una victoria en las urnas les permita a ellos liderarlas. Igualmente, tanto la izquierda como Cs acusan al PP de retrasar los nombramientos para incluir en la negociación a Vox, a partir de la próxima legislatura. Catalá, sin embargo, se encoge de hombros y señala que, así, no está dispuesta a negociar porque, de facto, no hay negociación, sino un reparto impuesto en función de los resultados electorales de 2019 y con los votos de Cs, una fuerza parlamentaria al borde del abismo.

Catalá asegura que «las prisas por renovar estos cargos a un mes de terminar la legislatura, demuestra los nervios y el tufillo de Puig y el interés por colocar a miembros no independientes y con carné político». La síndica popular afirma que «desde el PPCV seguimos dispuestos a llegar a un acuerdo. Queremos negociar y que el consenso vuelva a ser la base para renovar estos órganos que en algunos casos llevan caducados desde 2020»

«Han tenido mucho tiempo para negociar y para llegar a acuerdos. Nosotros siempre hemos estado dispuestos desde el respeto y la responsabilidad institucional», ha señalado Catalá.

Por su parte, Mamen Peris ha reclamado «responsabilidad a todos», sin querer desvelar si está dispuesta a pactar la renovación de los organismos con el tripartito al margen del PP. La síndica de Cs ha asegurado que «se tienen que elegir a las personas por mérito y capacidad» y no «primar la rancia política de colocar a los míos, como pretende el bipartidismo. Mazón quiere retrasar esta votación y sabemos que después viene un pacto con Vox y los socialistas también se están dejando llevar por sus intereses».

Desde Cs se ha afirmado que «se está trabajando para que la renovación llegue a buen término, pero siempre desde el consenso. Cs va a mantener la posición de siempre, las instituciones no se pueden radicalizar, como pretenden algunos partidos».

«He puesto sobre la mesa una solución que trate de poner perfiles profesionales y de consenso que sumen. Es la línea en la que va a trabajar CS», ha reiterado la líder de Ciudadanos, quien además ha lamentado que «el bipartidismo no cumple la ley».

«Tras la reunión nos hemos emplazado a seguir las conversaciones con el objetivo de llegar a un acuerdo y poder aprobarlos en el próximo pleno. Es verdad que queda poco tiempo para alcanzar un acuerdo pero siempre que haya voluntad el PSPV estará en el acuerdo», ha indicado la síndica adjunta de los socialistas, Carmen Martínez, quien ha reiterado que «estamos hablando de darle estabilidad a la democracia, los bloqueos nunca son positivos. Pedimos al PP que deje de hacer política partidista con los órganos». Fuentes socialistas, respecto a la «prisa» que denuncia Catalá, ha recordado que «en 2015 los populares renovaron el Consell Jurídic Consultiu a solo 15 días de las elecciones autonómicas. Actuaron por intereses partidistas antes y también lo hacen ahora queriendo bloquear las instituciones valencianas».

Estefanía Blanes, adjunta de Unides Podem, ha afirmado que el PP «es consciente que estamos haciendo lo mismo y hablamos de lo mismo desde hace meses. Lo que tienen que hacer es proponer sus nombres. No ha cambiado nada, y si retrasan estos nombramientos es para que aparezcan otros partidos a negociar», ha indicado Blanes en relación a Vox.

«Quien quiera salirse de esta negociación deberá dar explicaciones. Nos gustaría que todos los nombres de todos los propuestos vayan firmados por todos los grupos que hemos negociado, algo que ya ha pasado en otras negociaciones», ha explicado Blanes.

Compromís propondrá para situarse al frente de la Sindicatura de Comptes a Josep Vidal, un exconcejal de L'Olleria, localidad natal de Àgueda Micó, secretaria general de Més, el antiguo Bloc, y que también fue edil en el pueblo. Vidal, funcionario y licenciado en Derecho, fue alto cargo del Consell en el inicio del Botánico, subsecretario de Vicent Marzà en la conselleria de Educación.

El acuerdo a cinco bandas (la izquierda junto a los populares y Ciudadanos) no cuaja desde hace más de medio año. El Botánico había decidido sacar adelante un acuerdo con Cs, sin embargo, ese acuerdo buscaba igualmente forzar a los populares a sentarse a negociar para no quedar fuera del reparto. Como el problema era el Consell Jurídic Consultiu, finalmente, PSPV y Compromís han modificación su intención inicial y así intentar que el PP acceda al pacto global. Para ello, representantes de los cinco grupos parlamentarios se han citado para este martes después de semanas sin negociar abiertamente.

La portavoz del Consell, Aitana Mas, anunció el viernes la designación del catedrático Francisco Javier de Lucas y a la abogada Fernanda María Lapresta como consejero y consejera del Consell Jurídic Consultiu (CJC) de la Comunitat. Otros cuatro miembros del Jurídic deben ser nombrados por Les Corts. El problema era que había acuerdo para que uno lo propusiese Podemos (Antonio Montiel), otro Ciudadanos, un tercero el PP, con un cuarto fuera «de consenso». que luego iba a corresponder a Compromís.

Finalmente, el Ejecutivo designa a Lapresta, que era la favorita de los nacionalistas. De este modo, Margarita Soler, actual presidenta del CJC, será propuesta para esa cuarta vacante, una figura más fácilmente aceptable para el PP que Lapresta.

No obstante, el PP se siente coaccionado, más allá del «respeto» que señalan que sienten por Soler, y ahora señala que su deseo es dejar la renovación para después de elecciones, según explicó Mazón este lunes. Catalá, ha insistido en que «es un trágala, entras o no entras. La interlocución con Martínez, ahora, es mejor que antes (cuando Ana Barceló, síndica socialista pero ahora en plena precampaña alicantina, llevaba la voz cantante por parte del PSPV), pero ya se han repartido las presidencias y no estamos dispuestos a someternos a sus pseudoamenazas».

Para dirigir el Consell de Transparencia, en Unides Podem han pensado en Héctor Clark, un abogado que ha sido candidato de Esquerra Unida en la provincia de Castellón. Clark sustituiría a Ricardo García Macho. El control que el tripartito pretende ejercer del consejo es evidente, ya que la potestad de quién preside ese organismo está en manos de los tres consejeros que se nombren, y no de Les Corts, pero el reparto está perfilado hasta el último detalle, incluso aquellas cosas que no están al alcance de las votaciones en el parlamento valenciano.