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La negociación entre el Gobierno y el PP para acordar una respuesta a la ofensiva arancelaria de Donald Trump se ha convertido en una montaña ... rusa. Después de haber salvado el diálogo con la inclusión de algunas propuestas del primer partido de la oposición en el primer real decreto ley aprobado hoy por el Consejo de Ministros, los populares han acusado al Ejecutivo de «expulsarlos» de la negociación por haber acordado con Junts un «cupo arancelario».
Casi al tiempo que el ministro de Economía comparecía en la Moncloa para explicar las primeras medidas diseñadas para dar respuesta al impacto de los aranceles impuestos a España por la Administración estadounidense, la formación de Carles Puigdemont comparecía en el Congreso y sacaba pecho por su parte del pastel: según el diputado Josep Maria Cruset, que el 25% de las medidas previstas -unos 3.000 millones de los 14.000 que Pedro Sánchez dijo que se movilizarían en un primer momento- vayan a empresas de Cataluña.
El Ejecutivo matiza que no se puede hablar de cifras concretas territorializadas porque los instrumentos habilitados, entre otros, una línea de avales ICO, funcionan «a demanda» de las propias empresas. Fuentes de Economía apuntan que es cierto que en unas comunidades autónomas hay más empresas de sectores afectados por el 'shock arancelario' y que en función de eso se pueden hacer estimaciones orientativas pero añaden que es pronto para dar nada por sentado e insisten en que la «respuesta de país» se irá reorientando en función de las necesidades.
Fuentes del PP aseguran que, pese a su enfado, seguirán «atendiendo las llamadas» del ministro Cuerpo y reconocen que están a la espera de conocer la «letra pequeña» de lo anunciado por Junts. Pero preventivamente, avisan: «No se puede llamar a los pactos de Estado mientras se sigue subastando el Estado».
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