«No preocupa prevenir incendios, sólo si los nuestros podrán entrar»

El auto de procesamiento del alcalde de Ontinyent y expresidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, por el caso Alquería -en el que se investigan delitos de prevaricación y malversación en los contratos de alta dirección aprobados en Divalterra, la empresa pública de la corporación provincial- ofrece detalles que confirman que el máximo responsable de la institución era perfecto conocedor de los hechos denunciados.

Una de esas confirmaciones llega a través de sendos escritos que el exgerente de Divalterra Víctor Sahuquillo remite al propio Rodríguez. Son de mayo de 2016, y el titular del juzgado de instrucción número 9 refiere su contenido para explicar que el exresponsable de la empresa provincial pone a Rodríguez «en sobreaviso de la situación de Imelsa -la vieja denominación de la actual Divalterra.

En uno de esos textos, que Sahuquillo titula como 'Reflexiones sobre Imelsa' y remite a Rodríguez, Sahuquillo relata que la empresa «ni es empresa ni es administración. El hecho que la Diputación sea su único socio ha impregnado a la organización empresarial de todos los malos hábitos de una concepción antigua de la administración».

¿A qué se refiere? El texto prosigue: «Se carece de visión empresarial y sobre sentimiento de administración. Hay demasiada política y poco proyecto empresarial. ... No habrá futuro para la empresa si no reconstruimos su reputación empresarial... Pero lo peor es que siento que persiste la idea que la vieja Imelsa es la que puede resurgir». Sahuquillo señala textualmente: «No preocupa si hacemos una correcta política de prevención de incendios y de silvicultura en el terreno forestal público municipal -éste es uno de los grandes objetivos de la empresa-, interesa saber si los nuestros van a poder entrar o posicionarse mejor o cuándo vamos a ejecutar cambios no en pro de la eficacia sino en que se note el cambio de quien manda».

Los escritos de Sahuquillo, que acabó cesado de su puesto tras pasar cargos de bebidas alcohólicas a cuenta de la empresa que dirigía, resultan de especial trascendencia porque suponen retratar, con dos años de antelación, lo que en junio de 2018 terminó destapándose con la operación policial que derivó en la detención de Rodríguez y sus principales colaboradores. Resulta «de gran relevancia para la causa y el entramado de la cuestión de la contratación de los 7 Altos Directivos», -señala el auto- la explicación que Sahuquillo le traslada a Rodríguez. «Las direcciones de áreas que actualmente existen en el nuevo organigrama de la empresa son una de las herencias de difícil solución», indica.

Y sigue: «Como Alta Dirección solo pueden ser considerados los Gerentes Directores y el Jefe de los Servicios Jurídicos, pues sólo estos tienen poderes delegados por el consejo de administración. Conforme la legislación y al propio procedimiento de selección de personal que se aprobó en los primeros meses de esta nueva dirección, esos puestos deberían ser cubiertos por concurso de libre concurrencia». De hecho, ese es el criterio que sostienen la gran mayoría de la docena de informes jurídicos que la empresa solicita en algún momento de este caso para saber qué tiene que hacer.

Respecto a este tema, sigue Sahuquillo, «parece que no se quiere hablar, pero es un problema, máxime cuando está a punto de abrirse la causa de las contrataciones, enchufismo y zombis en Imelsa». ¿Cómo de 'problema'? El exgerente proclama que en los siete altos cargos nombrados «se adolece de rigor y actúan más como subdirectores que como responsables máximos de áreas estratégicas de producto o servicios».

El auto hace referencia al otro gran testimonio que sustenta la actuación judicial, la del responsable del área jurídica José Luis Vera, quien explica que los entonces gerentes de Imelsa José Ramón Tiller y Agus Brines, «debían aceptar a esas 7 personas según su partido, pues venían impuestas por el propio Presidente (Rodríguez) los 3 del PSOE y en al caso de Brines por su propio partido (Compromís). Vera detalla también cómo Jorge Cuerda, el letrado de confianza de Rodríguez, le dijo justo en el momento de nombrar a los dos últimos altos cargos que tenía «conocimiento de la ilegalidad de los anteriores 7, y que iba a trazar una hoja de ruta para hacer de lo ilegal, legal al objeto de la contratación de estos nuevos cargos».