Jorge Rodríguez: «Esto no podía acabar en archivo. El juez y el fiscal habrían quedado muy mal después de liar la que liaron»

Entrevista al expresidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, tras el procesamiento en el caso Alquería

-¿Qué valoración hace del auto del caso Alquería?

-Nada que no esperáramos. El auto parte de los hechos que originaron la detención y la casi operación antiterrorista que vivimos, así que era lógico pensar que el juez que autorizó esa detención y el fiscal que la solicitó no iban a archivar el caso, sino que iban a continuar manteniendo su teoría y que sería en otra instancia en la que podríamos defendernos. Porque en esta hemos vivido una indefensión absoluita puesto que todas las testificales o las periciales que hemos solicitado se nos han denegado de manera sistemática.

-¿Cuando habla del fiscal y del juez es porque piensa que no han sido imparciales?

-Bajo mi criterio desde el primer momento la propia operación fue algo que nadie acabó de entender. Porque para dirimir si siete contratos estaban bien o mal hechos no hacía falta todo lo que se montó. Y más allá de la opinión, lo que es un hecho constatable es que todas aquellas pruebas que nuestras defensas han ido solicitando se han ido denegando de manera sistemática. Parecía que desde el primer momento se pretendíoa mantener una versión. El auto no hace mención a ninguna de las cuestiones que plantearon las defensas ni a ninguna de las declaraciones de algunos de los acusados.

-¿Y entonces por qué? ¿Hay que pensar que un juez y un fiscal deciden un día arruinar la carrera del presidente de la Diputación? ¿Ve un origen político en todo esto?

-No lo sé. Sé los hechos, sé que se hizo un despliegue excesivo a todas las luces. Es un caso en el que siempre no han acompañado las coincidencias. Es un hecho que esta detención se produce en el momento en el que hay una vacante en la secretaría de Estado de Seguridad tras tomar posesión Pedro Sánchez. Y la apertura del secreto de sumario se produce justo en la semana que se tiene que presentar candidaturas para las elecciones municipales. Y que se produce el día que Bárcenas tiene que ir a declarar. Son casualidades un poco extrañas. No tengo ninguna teoría conspiranóica. Pero tengo claro que ante hechos muy similares no se ha actuado de la misma forma.

-Y no ve una operación con origen político.

-Me da lo mismo. Yo lo que sé es que a mi me han amargado la vida.

-¿Usted o alguno de sus colaboradores presionaron para que se produjeran los nombramientos que están en el centro de este caso?

-En ningun caso. Cuando llegamos a la Diputación heredamos una empresa agujereada por la corrupción después de los años del PP. Y pensamos que para poder poner orden en una empresa con 600 trabajadores que no habían pasado ningun proceso de selección lo mejor era nombrar un grupo de directivos que ejercieran sus funciones y trataran de poner ordebn en la empresa. Y optamos por la solución jurídica que se nos recomienda, porque yo no soy jurista ni tenía intención de saltarme la legislación.

-¿Y quien recomienda que es elección se produjera sin seguir los principios de igualdad, punblicidad y concurrencia?

-Los servicios jurídicos en ningún momento nos lo dicen. Lo que se dice es que el modelo que ha de ser es el de alta direccción y es por el que se opta. Y el dictamen de Carlos Alfonso Mellado entendíamos que le daba cobertuira. Y son los gerentes, entiendo, los que realizan esas contrataciones. Entiendo que asesorados por Vera.

-El auto dice que esos nombramientos debieron pasar por el consejo de administración y que no lo hicieron.

-Pero en cualquier caso eso sería un formalismo. Nosotros hicimos unos nombramientos de unas personas que acuden al consejo de administración, que presentan allí su programas de trabajo, que presentan su memoria al finalizar cada año, que vienen desde el primer día que son nombrados y exponen ante todos los consejeros cuáles van a ser las líneas estratégicas de cada una de su áreas, que ejercen una representación de Divalterra en reuniones con alcaldes. Y que aparacen en los medios de comunicación en representación de Divalterra. Por tanto el consejo era perfectamente conocedor de los nombramientos por parte de los gerentes de los siete altos cargos.

-El auto cita dos escritos de Victor Sahuquillo en los que le advertía de que se estaban produciendo irregularidades. Y que eso demuestra que que era conocedor de esta situación.

-Los conozco y allí lo que Sahuqillo me está trasladando es la opinión de los informes jurídicos que él tenía y que eran contrarios. Pero yo tenía conocimiento de informes favorables. Y como se producía una contradicción entre informes, solicité al responsable jurídico de la empresa, José Luis Vera, que emitiera un informe, y en ese informe lo que se dice es que o había que sacar los 700 puestos de trabajo del conuunto de la empresa que no habían tenido proceso de selección o bien había que clasificar la empresa. Y una vez la empresa es clasificada, dos meses después, al clasificarse como grupo I queda claro que la empresa puede tener hasta 10 directivos.

-Pero la clasificación de la empresa es posterior al nombramiento de los directivos.

-Lo es porque nosotros llegamos es en 2015 y la empresa se tenía que haber clasificado en 2013. Así que se solicitan los informes pertinentes y se procede a la clasificación de la empresa. Si se hubeira clasificado como grupo 2 y solo hubiera podido tener menos directivos, se hubiera cambiado.

-¿Y usted presionó para que se clasificara como grupo i?

-No. Tanto es así que el pasado 17 de noviembre la empresa se volvió a clasificar como grupo I, con el informe favorable del secretario y el interventor.

-¿En algun momento le dio una lista de 30 nombres y le dijo que sospechaba que los había nombrado el PP y que había que echarlos para poner a los suyos?

-No, por supuesto que no. Igual que estamos hablando de la contratación de 7 personas a las que supuestamente yo enchufo, y cuatro de ellas son de Compromís. Parece un poco extraño que uno se dedique a enchufar a gente de otros partidos.

-¿Se plantea dejar la alcaldía de Ontinyent?

-Si me lo planteara no me habría presentado. No ha pasado nada que lamentablemente no estuviera en el guión previsible. Sabiamos que esto no iba a acabar con archivo porque ante la propia fiscalía y la judicatura el fiscal y el juez habrían quedado en muy mal lugar después de liar la que liaron. Cuando me presenté a las elecciones los hechos de los que se me acusaba eran los mismos y por tanto no voy a presentar mi dimisión.

-¿Tiene alguna justificaciòn que Imelsa inicialmente tuviera un cargo directivo y después aparecieran 10?

-Es que eso parte de un error. Imelsa no tenía un cargo directivo. Si se ve el sumario de Taula se ven definidos hasta 17 cargos de directores, coordinadores... La diferencia es que no se hacen a través de un contrato de alta dirección sino directamente a dedo, lo que, en opinión de Vera, generaba muchos más problemas que un contrato de alta dirección ligado a los gerentes y que cesaban cuando cesaran estos...

-Su partido, La Vall, habla de «elementos muy poderosos» que quieren destruir su proyecto político. ¿Me los puede identificar? ¿En quién piensa?

-Pienso en casi todos. Me cuesta mucho pensar que un caso de prevaricación administrativa acabe siendo un caso de corrupción generalizada en el que parece que has enchufado a 200.000 personas. Como mínimo pensamos que la suerte no ha estado de nuestro lado.