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La Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV) ha contratado en los últimos dos meses a sendos despachos de abogados para que se encarguen de sus servicios jurídicos así como de los de contabilidad, auditoría y fiscales de la sociedad. Ambos contratos aparecen publicados en la Plataforma de Contratación del Sector Público. El importe de uno y otro -uno de los casos es una prórroga de un acuerdo anterior- supera los 71.000 euros. Lo llamativo de los contratos es que Proyectos Temáticos podría, como hacen otras mercantiles de la administración autonómica, conveniar con la Abogacía de la Generalitat para la prestación de su asesoramiento jurídico. Un convenio que le supondría un ahorro a Proyectos Temáticos y que, obviamente, no se produce.
El último de los acuerdos es de la semana pasada. Proyectos Temáticos firmó el pasado día 13 un contrato con KPMG Abogados por 27.650 euros -que llegan a los 33.456,5 al incluir impuestos-. El objeto del contrato es la «representación y defensa jurídica del Consorcio Alicante 2011, 2014 y 2017 Vuelta al Mundo a Vela ante la Jurisdicción Contencioso Administrativo».
El primero de los contratos tiene fecha del pasado 19 de septiembre. Y se trata de una prórroga de un contrato previo, firmado en 2016, con J&A Garrigues. El objeto del contrato es el «servicio de asesoramiento a SPTCV en materia fiscal», y el coste es de 30.000 euros -que llegan a 36.000 al incluir impuestos-. Entre los dos contratos suman casi 70.000 euros.
Que una mercantil de la administración autonómica pueda suscribir contratos con despachos de abogados puede resultar comprensible. Que lo haga de forma habitual y con objetos similares puede considerarse más llamativo. Pero que opte por letrados del sector privado y no por la Abogacía de la Generalitat encaja algo peor.
La Abogacía es el órgano de la Generalitat que por Ley tiene encomendada, según aparece en la web de la administración autonómica, la «representación y defensa en juicio de la Generalitat y de las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la misma ante cualesquiera jurisdicciones y órdenes jurisdiccionales», sean españoles, sean supranacionales o internacionales, incluidos los procedimientos que se sigan ante órganos arbitrales y parajudiciales. Hasta 2013, la actuación de los abogados de la Generalitat se ceñía a la Administración del Consell, no al sector público de la Generalitat. Desde entonces también se asiste a sus organismos autónomos y entidades públicas empresariales. Si se suscribe un convenio de colaboración, la Abogacía también puede prestar asesoramiento y defensa en juicio a las sociedades mercantiles y a las fundaciones del sector público empresarial y fundacional de la Generalitat.
La Sociedad que dirige Antonio Rodés se creó en 1996 y se encarga de diversas inversiones asociadas a Terra Mítica y Ciudad de la Luz, así como del Auditorio de Torrevieja y del Centro Cultural de Benidorm.
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