En la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana no se dan por aludidos tras el demoledor informe de la Intervención de la Generalitat, que apunta que el ente ha repartido más de 1,6 millones de euros en subvenciones –la asignación global era de 2,5– sin tener capacidad para poder hacerlo. El director general de la SPTCV, Antonio Rodes, que entre otros proyectos gestiona el Distrito Digital de Alicante que es la iniciativa que se ha puesto en cuestión, defiende su actuación y asegura que en ningún caso los incentivos aportados a varias empresas se pueden considerar subvenciones sino que son donaciones modales.
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«Pensamos que tenemos razón nosotros porque la actuación de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana está avalado por informes jurídicos. Intervención puede tener otro criterio y lo respetamos pero nuestros informes son de antes de dar estos incentivos, que son donaciones modales», defiende Rodes.
El informe provisional de Intervención cuestiona la forma en la que se ha incentivado a las empresas para instalarse en el Distrito Digital de Alicante, un área pensada para atraer la inversión tecnológica a la Comunitat Valenciana. Para ello, la SPTCV incentiva con hasta 40.000 euros al año a las empresas para que se instalen en las dependencias. Son unas ayudas de la Unión Europea catalogadas como «minimis», que no necesitan una fiscalización exhaustiva previa debido a la escasa cantidad que representan. «El proyecto desarrolla una unidad de negocio y espera un retorno económico. Por eso desarrollamos un plan. Una subvención no necesita todo este tipo de proceso, por lo que lo que aportamos nosotros a las empresas son donaciones modales porque tienen un fin concreto», insistió Rodes.
El informe firmado por el área de Intervención de la Generalitat concluye de forma contundente: «La Sociedad Proyectos Temáticos no puede otorgar subvenciones, ni entregas dinerarias sin contraprestación que encubran auténticas subvenciones, al carecer de tal potestad, no pudiendo ejercer facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública». Para Rodes, en ningún caso son subvenciones encubiertas aunque el área de Intervención de la Generalitat defiende que en este caso la STPCV asume un papel que en realidad le corresponde a una administración pública.
«Ha habido toda la transparencia posible y se ha publicado en el Diario Oficial de la Generalitat. Aportamos unas donaciones para un fin, que no es otro que crear riqueza», señala Rodes, que asegura que la SPTCV ha presentado ya las alegaciones al informe de la Intervención General y están a la espera de una respuesta.
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El Partido Popular considera que el hecho es grave y que debería ser la propia Abogacía de la Generalitat la que debería remitir el caso a la fiscalía del Tribunal de Cuentas. «Si no lo hacen desde la Abogacía, seremos nosotros los que enviemos la documentación. El informe es claro y debe aclararse el manejo de un dinero público que según la auditoría no ha estado bien manejado», señala el diputado popular Rubén Ibáñez.
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