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Y cinco años después, tras una bronca interna en el tripartito de grandes dimensiones y a pesar de las amenazas de dimisión de un alto cargo del Consell (el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer), la coalición de izquierdas ha hecho valor su mayoría ... para aprobar en Les Corts la puesta en marcha de la tasa turística en la Comunitat. Los socialistas han cedido finalmente a las presiones de sus socios, que han hecho valer el compromiso conjunto firmado hace un año, la condición impuesta por Podemos para sacar adelante el presupuesto de la Generalitat del actual ejercicio. La tasa se ha aprobado.
Sale adelante contra el criterio de la patronal del sector. Contra la voluntad de Colomer e incluso frente a la opinión del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, sobre la falta de oportunidad de establecer ese nuevo impuesto. Podem puso sobre la mesa esta tasa en 2017. Los socialistas dijeron no. Volvieron a negarse durante los años siguientes. Compromís decía que quería, pero tampoco mostraba una voluntad férrea. Hasta que el año pasado, el mismo día en que Puig se fue a Sevilla para dar visibilidad a su coincidencia con el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, en torno a la financiación, la entonces vicepresidenta Mónica Oltra (Compromís) y el vicepresidente segundo Héctor Illueca (Podemos) acordaron impulsar la implementación de la tasa. Septiembre de 2021. Tres meses más tarde, el PSPV se comprometió a iniciar el proceso de implementación de la tasa.
De nada valió que un mes más tarde, el entonces conseller de Hacienda, Vicent Soler, abroncara a sus socios por una propuesta que consideraba prácticamente como una idea de bombero: «¡Hacemos mucho daño. Son planteamientos simplistas!». El PSPV dudó pero finalmente ha cedido. Adelante con ella.
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Ferran Martínez, el diputado de Podem, recordó que «algunos decían que nunca llegaríamos a esto pero aquí estamos». Pues sí. El parlamentario podemista se regodeó en la victoria sobre «toda esa reacción furibunda» que ayer quedó vencida.
La portavoz de Compromís, Papi Robles, resaltó el «acuerdo botánico» y resaltó que se trata de un «instrumento para los ayuntamientos, un impuesto voluntario». La salvedad de que no es obligatorio aplicarla también fue esgrimida por los socialistas, quizá a modo de disculpa. Frente al insistente rechazo de la patronal del sector, Robles afirmó que «el sector no es solamente el empresariado» porque no hay que olvidar al «vecindario de las ciudades y a los trabajadores del sector». La síndica nacionalista reconoció que la patronal «nos avisó que ahora no es el momento, por eso hemos dado una moratoria de un año».
Si Podem defendió la tasa a través de su portavoz económico, y en Compromís dio la cara su síndica, en el PSPV fue Trini Castelló, diputada alejada de las primeras bancadas socialistas. Castelló aseguró «haber hablado con todos los colectivos que han querido dialogar», reprochó a la oposición no haber aportado «nada» (como que estaba en contra frontalmente) y abundó en que «el recargo municipal es voluntario».
Ni una palabra del rechazo de Colomer, más allá de agraderle su «elegancia», y muy lejos del recuerdo de cualquiera queda la filípica de Soler, ahora en su casa, sustituido por Arcadi España.
Desde la oposición, Vox, Ana María Cerdán, recordó informes universitarios contrarios a la tasa y criticó que el tripartito no ha escuchado «al sector, van a ganar una votación, pero la gente de la calle sólo verá afán recaudatorio que repercutirá negativamente en todos los valencianos».
«Se consuma la traición del tripartito al sector turístico. El PSPV se abandona sus socios, olvida el criterio de su secretario autonómico y justifica lo injustificable. El Botánico se pone de espalda a miles de familias que viven del turismo en la Comunitat. Es un premio a Compromís, a Ribó (alcalde de Valencia) y a Podemos», clamó Carlos Gracia, de Ciudadanos. El diputado de Cs tildó la tasa de «despropósito, un panfleto político, un pastiche. Esto tiene un nombre y es turismofobia».
Más sobre la tasa turística
Gracia renegó de la tasa porque «castiga a un modelo de empresa y no apunta a la economía sumergida, penaliza a la actividad legal, es un error político en un momento en el que se requiere de empatía y no de impuestos». Gracia consideró que «al tripartito se le ve la patita» porque vaticinó que la izquierda «va a ir en romería por los municipios impulsando esta tasa». Fueron constantes las alusiones a Colomer, el elefante en la habitación.
«Hoy se produce un disparate y el mayor responsable es Puig», criticó Manuel Pérez Fenoll, del PP, quien recordó que «hay un señor que debería dimitir, insultado por los socios del PSPV, el señor Colomer, desautorizado». Y guardó cinco segundos de silencio. Funeral por el elefante.
Pérez Fenoll, que fue alcalde de Benidorm, afirmó que la tasa «no sólo castiga a quien nos visita, también penaliza a los valencianos, a las empresas y por tanto a los trabajadores. Introduce animaladas, como la de la estimación estadística de los establecimientos».
La síndica del PP, María José Catalá, anunció que cuando su partido llegue a la Generalitat «derogaremos esta tasa», algo que Robles puso en duda. «Penalizamos a los que ya pagan impuestos y beneficia a los ilegales. No es lo mejor para el sector exprimir a los más regulados para recaudar sin objetivos», indicó Pérez Fenoll, que lamentó que Puig «ha tragado con lo que Compromís y Podem le han impuesto».
La patronal hotelera Hosbec emitió un comunicado en el que insiste en su rechazo. «Esta nueva figura fiscal es inoportuna, injusta y demoniza al sector que está llamado a mantener la actividad económica en los próximos años», señala un comunicado donde se lamenta que «la industria hotelera valenciana pierde competitividad respecto a otros destinos».
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