Los grandes partidos y Compromís ocultan sus gastos en Les Corts

La institución auditoria dirigida por Vicent Cucarella lleva advirtiendo desde su primera fiscalización de las cuentas de la Cámara (las de 2016) que el parlamento valenciano cuenta con un único pero gran agujero negro: la falta de justificación de los gastos por parte de los partidos de las ayudas (cerca de cuatro millones) que reciben de Les Corts. Ante ello, el presidente de Les Corts, Enric Morera, instó a los partidos a arrojar luz sobre sus cuentas. La intención de Morera encontró serias resistencias. Finalmente, se aprobó el año pasado un plan anual de control financiero.

Y la primera, en toda la frente. El plan dice con claridad lo que hay que hacer y olímpicamente se lo han saltado la mitad de los partidos. «Los grupos parlamentarios presentarán la cuenta justificativa en los siguientes plazos: Cuenta justificativa correspondiente a gastos del primer trimestre natural del ejercicio 2022 (enero, febrero y marzo): se presentará antes de finalizar el mes de abril de 2022». Más claro, el agua. Abril. Estamos en julio. Como se descuiden, acaba el mes en que tienen que presentar los datos del segundo trimestre y aún no han presentado los del primero. No hay que descartar que le echen la culpa a la guerra de Ucrania, que es muy socorrida para todo.

No hay ni rastro de las facturas de los grandes partidos y de la formación nacionalista, coalición que está viviendo días de ajuste presupuestario y político. Compromís está siendo sacudido en los últimos dos meses por la salida de Marzà y la dimisión forzada de Oltra del Gobierno valenciano. A su vez, han realizado recortes en su plantilla de Les Corts, precisamente porque las cuentas no salen y tienen que apretarse el cinturón. O sea, despidos. Y mientras todo esto ocurre, la dichosa transparencia llama a su puerta.

A la Mesa de Les Corts han ido llegando los recibos de los gastos de Podemos, Vox y Ciudadanos. Las tres formaciones se han aplicado para cumplir con lo acordado por los partidos y lo exigido por la Sindicatura. Los grupos parlamentarios reciben anualmente cerca de cuatro millones de euros, repartidos en función de la representación conseguida. A cuantos más escaños, más dinero. Eso supone que, gracias a esas ayudas, los partidos pueden contratar personal e incluso derivar dinero hacia los propios partidos. En este sentido, alguno aún no ha presentado el convenio por el cual se justifica a cambio de qué el grupo parlamentario deriva las ayudas públicas de Les Corts hacia las arcas de la maquinaria orgánica de sus siglas. Los partidos, durante años, han alegado que sus cuentas estaban auditadas por el Tribunal de Cuentas y que no tenían por qué presentar justificantes en el parlamento valenciano.

La primera liquidación del primer trimestre por parte podemistas, voxistas y naranjas ha recibido el visto bueno de los organismos de la Cámara. Nada se sabe, sin embargo, de esas mismas justificaciones que deberían haber presentado los otros tres partidos: PSPV, Compromís y PP, según el oficio presentado ante la Mesa de Les Corts hace un par de semanas.

Las medidas para adecuarse a las demandas de la Sindicatura están removiendo esa espesa galería de costumbres que perviven en Les Corts. La Cámara, un micromundo muy particular, no se caracteriza por su agilidad a la hora de adaptarse a los cambios. Las medidas, además, incluyen circunstancias de muy dudosa legalidad que incluso chocan con la última reforma laboral en todo lo relacionado con el personal interino. Se pretende despedir a todo el personal cuando acabe legislatura y que los mismos grupos vuelvan a contratar al inicio de la siguiente, lo que supondría caer en una clásica sucesión de empresas. Clásica e ilega.

Por lo que se refiere a las facturas, socialistas, nacionalistas y populares se están tomando su tiempo, mucho más de lo que inicialmente estaba previsto. Durante el mes de abril, la mitad de los grupos ofrecieron sus facturas. La otra mitad, no. Fuentes de los tres partidos señalan que tienen «tiempo», pero los servicios económicos de la Cámara se preguntan a qué están esperando porque el plan que ellos mismos aprobaron establece con claridad los plazos.

«Si fueran autonómos y no presentasen la facturación trimestral, Hacienda los crujiría», recuerdan fuentes de la Mesa. Pero los trabajadores por cuenta ajena y los partidos políticos viven en mundos muy distintos. De hecho, fuentes parlamentarias admiten que no hay previsto ningún tipo de sanción ni de medidas para los partidos que no cumplan con las normas que ellos mismos se han dado para mejorar su transparencia.