El Botánico: cinco años como Pimpinela

El dúo artístico Pimpinela se hizo famoso en los años 80 por haber instaurado un nuevo género, el de las peleas musicalizadas, que acabó reportando gran éxito a la pareja de hermanos argentinos. Las trifulcas se convirtieron en el leit motiv de sus interpretaciones y les hicieron perdurar en la memoria musical de todos los que aún hoy tararean aquello de «olvida mi nombre y pega la vuelta». Algo similar a lo que desde hace cinco años están viviendo los socios del Botánico, PSPV y Compromís, y la nueva incorporación, hace un año, de Unidas Podemos. Sonadas son sus disputas, amplificadas por las redes sociales, y conocida es también su ya famosa gestión de los afectos. Unos delicados equilibrios políticos, emocionales e institucionales que cada poco tiempo sacuden la estabilidad de un Consell que el pasado domingo 24 de mayo cumplió su primer quinquenio en el poder.

El 24 de mayo de 2015 quedará marcado en el calendario político de la Comunitat como el de la reconquista de las instituciones por parte de la izquierda tras dos décadas de consecutivos gobiernos del PP valenciano. En aquel momento, de la negociación surgió un Consell formado por PSPV y Compromís, con el apoyo externo de Podemos. Las desavenencias tardaron en llegar más de lo vaticinado, pero el mestizaje comenzó a pasar factura el primer año. Por aquel entonces las delgadas líneas rojas se las negociaban en una recién creada relación personal el propio presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y su vicepresidenta, Mónica Oltra. Sin acuerdo de ambos, no había paso adelante en ningún aspecto que tuviera que ver con la gestión.

Pero esa contención de los afectos comenzó a desgastarse con cada negociación de los presupuestos, año tras año. También por desconfianzas mutuas, alentadas por los numerosos procesos electorales que a lo largo de estos cinco años han tenido que afrontar las formaciones por separado. En el caso de Compromís, incluso con distintos socios: con Unidas Podemos, con Podemos y con Más País. En el supuesto de los socialistas, siempre en solitario, pero dentro de un proceso orgánico en el que Pedro Sánchez dejó de ser secretario general, volvió y se convirtió en presidente del Gobierno.

Las interferencias externas no han sido el único motivo de las desavenencias entre socios, en ocasiones provocadas por el delicado equilibrio de fuerzas que ya trae consigo una coalición. «La porquería se ha metido muchas veces debajo de la alfombra en lugar de barrerse», asegura un alto cargo sobre el desgaste de las relaciones, que esta semana se ha vuelto a ver reflejado con el voto en contra de Compromís a la prórroga del estado de alarma. El aval con el que cuenta el Botánico, sin embargo, parece inquebrantable incluso dentro de la rivalidad: unirse en las desavenencias para evitar que vuelva la derecha al Palau. Parece su único objetivo común, el cemento que mantiene unido a este Gobierno. Estas son algunas de las principales disputas entre los miembros de una coalición forjada en la necesidad.

La mayor afrenta que ha vivido Compromís se produjo hace cerca de un año con el adelanto electoral de Ximo Puig. No sólo fue la decisión -Oltra se enteró unas horas antes del aviso y su oposición fue ninguneada- sino que lo más gravoso para Compromís fue el resultado de aquellos comicios. La jugada del líder del PSPV de hacer coincidir los comicios autonómicos con las generales le permitió aumentar la distancia con la coalición (ganó cuatro escaños) y, de paso, enterrar todas las aspiraciones que albergaba Oltra de protagonizar un sorpasso y presidir la Generalitat. Hoy esta posibilidad ya no forma parte ni en las previsiones más optimistas de Compromís. Es más, el Bloc ya se mueve para buscar otra cabeza de cartel para la coalición.

El último episodio de esa creciente discrepancia entre los dos principales socios del Botánico tuvo lugar hace unos días en el Congreso. El diputado de Compromís Joan Baldoví votó en contra de la prórroga del estado de alarma solicitada por el Gobierno de Pedro Sánchez. El parlamentario nacionalista justificó su posición en un debate mantenido días antes con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el que ésta le vino a afear que «enredara» con el reparto del fondo de 16.000 millones de euros para las CCAA por el Covid-19. Compromís entendió que las palabras de la titular de Hacienda suponían una afrenta para la Comunitat, al interpretar que a lo que se refería no era a ese fondo, sino a la infrafinanciación que arrastra la Comunitat. El voto no era decisivo -y ese detalle no es menor- y la prórroga salió adelante. Pero para Compromís ha supuesto la posibilidad de demostrar a los socialistas que no tienen garantizado su respaldo al Ejecutivo central.

El día de los enamorados. El pasado 14 de febrero el pleno del Gobierno valenciano dio luz verde a la ley de Función Pública valenciana. Un texto que pretende ser «un instrumento normativo necesario para promover la modernización y transformación de la Administración pública», en palabras de la consellera Gabriela Bravo, pero que había permanecido bloqueado años por las discrepancias entre socialistas y Compromís respecto al requisito lingüístico, la obligatoriedad de acreditar el conocimiento del valenciano para acceder a la función pública. Una exigencia de Compromís, que pretendía que fuera exigencia un año después de aprobarse la ley, y que el veto del CJC impidió. Finalmente, el acuerdo normativo prevé que sea el desarrollo de un reglamento el que establezca la letra pequeña de ese acuerdo, como los niveles de valenciano que se exigirán en el ámbito del empleo público de la Comunitat.

À Punt también ha sido -y quizá seguirá siendo- otro punto de fricción en las relaciones del Botánico. Los dos partidos coincidieron en la necesidad de reabrir la televisión autonómica. Pero el consenso se rompió tras esa idea general. Contribuyó el intento -y la consecución- de una televisión más próxima a Compromís que al PSPV pasando por la elección de su primera directora, Empar Marco. La muestra más evidente de la disparidad de criterios se aprecia en otra inyección económica a la televisión. Mientras la coalición nacionalista considera necesaria esa ampliación -en parte también porque eso permitiría poder sacar a oposición las plazas de toda la plantilla actual- el PSPV se niega a ser más generoso en la financiación en un medio de comunicación que se sitúa por debajo de las previsiones de audiencia, ingresos publicitarios y que no ha logrado convertirse en un referente informativo más allá de la cobertura de catástrofes meteorológicas.

Compromís y Podemos reniegan del modelo turístico con el que el PSPV se muestra cómodo. Los nacionalistas son partidarios de una revolución, un cambio de paradigma de cara al medio-largo plazo que supondría dar una alternativa al exitoso -hasta la fecha- sol y playa. Tras el último temporal marítimo, la vicepresidenta Oltra opinó que igual no habría que reconstruir los pasos marítimos que el mar había arrasado. Pero ya en el corto plazo, se platean de manera urgente la imposición de una tasa turística que grave las pernoctaciones de los turistas para sufragar la inversión en determinados servicios. La oposición está claramente en contra. El PSPV, en cambio, se mueve entre la indefinición. No la demonizan, pero son reacios a implantarla si no hay consenso con los empresarios y, por otra parte, creen que no es un debate urgente. Este verano, al igual que los anteriores, la tasa volverá a salir a la palestra pese a la falta de informes oficiales que recojan los beneficios e inconvenientes de la medida.

La gestión de Rafael Climent al frente de la conselleria de Economía ha sido objeto de un permanente cuestionamiento bien explícito por parte de los socialistas valencianos. Los relevos en una dirección general de Industria vaciada de competencias en beneficio del Ivace obtuvo respuesta desde el Palau con la puesta en marcha de la Agencia Valenciana de la Innovación, el organismo dirigido por Andrés García Reche para coordinar las políticas vinculadas a este ámbito y que, en la práctica, ha tenido un protagonismo más que limitado. Con la nueva legislatura, la apuesta se planteó desde una nueva conselleria, la de Innovación que dirige Carolina Pascual, que no sólo no ha superado la invisibilidad, sino que además ha chocado con los problemas derivados de que su sede se estableciera en la provincia de Alicante.

Los empresarios coinciden que hay un proyecto capital para el crecimiento de la economía: la ampliación del Puerto de Valencia. PSPV y Compromís han mantenido posiciones dispares respecto a la prolongación del acceso norte y la necesidad de una nueva declaración de impacto ambiental. Para los socialistas es suficiente la de 2007 y en cualquier caso remiten a los técnicos, mientras que la coalición nacionalista quiere otro dictamen. Sostiene que el proyecto del recinto dañará las playas de El Saler y pone en riesgo la supervivencia de la Albufera. Evidentemente un nuevo pronunciamiento por parte del Ministerio -en manos de los socialistas- retrasaría todo el proyecto. En el Ayuntamiento, el alcalde Joan Ribó, se ha alineado con las tesis de su partido. Tras la polémica también se encuentra un baile de cifras. El presidente del Puerto, Aurelio Martínez, que fue conseller con el PSPV en los noventa, llegó a cifrar en 14.500 los empleos que generará la infraestructura.