El PSPV denuncia que el Consell elimina el organismo para recuperar el dinero de la corrupción

La Oficina de Recuperación de Activos de la Generalitat fue un proyecto del Botánico que nació para recuperar el dinero desviado fundamentalmente por las tramas de corrupción. Desde 2105, ha iniciado cerca de 40 expedientes en este sentido y ha logrado recuperar algo más de siete millones de euros. La previsión, de acuerdo a los procedimientos en marcha, era incluso alcanzar los 14 millones.

El órgano dependía de Presidencia. La publicación del Reglamento de este departamento, sin embargo, no incluye la funciones de este organismo, según han denunciado los socialistas. Además, subrayan que la citada oficina no aparece en el resto de consellerias y, por tanto, consideran que el PP la ha eliminado.

El PP ha admitido su eliminación, aunque no de manera expresa. El secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, ha querido plantear otro escenario: “Puig debería explicar por qué se arrogó competencias que correspondían a la Abogacía de la Generalitat y pisoteó su independencia”.

Pérez Llorca aclaró que ahora se ha despolitizado y se ha profesionalizado esa oficina, a diferencia del anterior que le quitó competencias para dárselas a los políticos. Este tipo de cuestiones han pasado a depender en su integridad de la Abogacía, sin tintes políticos. "Son ellos quienes tienen la capacidad de instar acciones judiciales relacionadas no solo con casos de corrupción si no de cualquier otra índole”.

Ni PP ni PSPV han sabido aclarar el número de personas que trabajaban en la polémica oficina de recuperación de activos. La acción de los populares la han encuadrado en una apuesta por la "independencia para que haya un control exhaustivo de la gestión del Consell”.

El secretario general del PPCV atacó las políticas del Botánico que, en definitiva, supusieron quitar competencias "a la abogacía general para dárselas a los políticos, pero este gobierno apuesta por la independencia y la profesionalidad". Ellos -en referencia a los funcionarios- tienen que velar de manera independiente "para garantizar la legalidad de todos los actos de la administración”.

El dirigente popular, por último, señaló que la socialista Torró "puede estar tranquila porque todas las investigaciones de casos judiciales seguirán adelante, también las del hermano de Ximo Puig por cobros a la administración presuntamente irregulares o los posibles sobrecostes cargados a la administración por suministro de material Covid". El popular sugirió que quizá la síndica socialista "tiene pánico a la verdad de su gestión y tiene miedo a que un profesional independiente audite las cuentas del hermano del expresidente”.

El PSPV , en cambio, alertó del final de esa oficina. «Y lo hace en medio del puente de agosto, con nocturnidad y alevosía, unas formas y un fondo que dice mucho de su manera de entender la política y de su compromiso para luchar contra la corrupción», ha lamentado Rebeca Torró, síndica de Les Corts.

Las cantidades recuperadas provienen de las condenas de causas de «gran trascendencia» como el caso Cooperación, en el que se juzgó el fraude en el manejo de los fondos destinados a la cooperación al desarrollo, el caso Emarsa en el que se investigó el destino del canon de depuración de aguas residuales, así como el caso Fitur y diversas piezas del caso Gürtel.

La labor de esta oficina, según sus exresponsables, permitió que la Generalitat trabajara «para restaurar la imagen democrática de la Comunitat, a través de la personación en las causas judiciales o por la vía de ejecución de las sentencias».

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