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El carnet de militante ha dejado de ser la única llave que da acceso a los puestos de alto cargos en el Gobierno valenciano, al menos en lo que a la parte socialista se refiere. Sin embargo, abrir los cargos de relumbrón a los llamados independientes tiene consecuencias económicas para las finanzas orgánicas. Hasta la fecha, todos los cargos institucionales que accedían a los puestos por la cuota del PSPV eran y militaban en el partido contraían la obligación de donar a las arcas de la formación un porcentaje de su salario. El conocido impuesto revolucionario dentro de las filas socialistas. Un importe que los cargos entregaban mes a mes al partido y por el que al finalizar el ejercicio tributario, podían desgravarse ya que los ingresos tenían forma de donación.
Con la apertura del partido a los independientes, sin afiliación política, las administraciones se han llenado de cargos sin carnet y, por tanto, sin obligación de contribuir con un porcentaje de sus sueldo a la hucha de la formación. Así que los socialistas han comenzado a solicitar ya a los asesores y altos cargos que ocupan un puesto en las distintas administraciones y que han sido nombrados a propuesta del PSPV, que contribuyan con el impuesto revolucionario para engrosar las cuentas de la organización.
La cantidad, variable según el salario de cada persona, se corresponde con un porcentaje de deducción entre el 5 y el 10%. Una cantidad que, en el caso de que, además, se milite, no se resta de la cuota del partido, sino que se acumula. Hasta la fecha, hacen la donación cada mes los diputados autonómicos, los diputados provinciales y los concejales de las grandes ciudades. Pero también los diputados nacionales y senadores. En el caso de la Generalitat, la práctica está extendida entre los consellers, los secretarios autonómicos y los directores generales. Al personal eventual de estas administraciones también se le detrae parte de su sueldo, pero siempre después de firmar una conformidad. No se realiza de manera automática, porque cobra forma de donación.
Históricamente, era implanteable o poco frecuente la posibilidad de que una persona ajena a la organización de un partido político ocupara cargos institucionales o fuera en las listas de una formación si no militaba. Pero de un tiempo a esta parte esta premisa ha variado.
Sólo en el Gobierno valenciano, casi una veintena de secretarios autonómicos y directores generales no militan en el PSPV, de los nombrados a propuesta del partido. Entre los asesores, la cifra es aún más alta, ya que en su mayoría provienen del sector privado o incluso han colaborado anteriormente para otras formaciones políticas. Hasta la fecha, el pago era optativo entre los independientes, por lo que pocos lo hacían efectivo, generando así un agravio no sólo con los no afiliados que cobran el sueldo íntegro, sino también con los afiliados que sí lo abonan. Por poner un ejemplo, un asesor C2 –la categoría mayoritaria entre los 116 eventuales que puede nombrar el Consell– con una retribución de 43.608 euros al año, tendría que entregar al partido entre 200 y 300 euros mensuales. Una cifra superior para los secretarios autonómicos y directores generales, que perciben sueldos de entre 58.000 y 61.000 euros y que, por tanto, aportarían más cantidad a las arcas del partido.
Este movimiento no solo permite a los socialistas obtener más ingresos sino también justificar menos gastos. En los últimos años se exige que la contabilidad de los diferentes partidos en instituciones como Les Corts no sea tan opaca y que cada uno de los grupos parlamentarios dé cuenta de en qué se gasta los fondos que son transferidos por parte de la Cámara ya sea en contratación de personal o gastos de otro tipo. En el caso del PSPV, hasta el momento, ha sido reticente a dar a conocer todos los datos pero desde la presidencia de la Cámara pretende avanzar en este sentido.
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