El PSPV, en guardia ante las incertidumbres judiciales que acechan al tripartito

La investigación a Francis Puig, el hermano del expresidente de la Generalitat Ximo Puig, ha dejado de ser considerada en el PSPV como una causa de escasa relevancia y menor impacto político. El informe de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial en relación con las subvenciones públicas recibidas por las productoras de la trama, y en el que también aparece el contrato del hijo del jefe del Consell que permitió una subvención del programa Avalem Joves, de la conselleria de Economía, ha disparado la preocupación en las filas socialistas.

Los periodistas que siguieron el pleno de Les Corts de este pasado jueves pudieron intuir el monumental enfado del líder de los socialistas valencianos ante las referencias y alusiones que los grupos de la oposición hicieron en relación con el contenido del último informe policial. Puig mantuvo la posición que ha exhibido en todo momento frente al caso –si hay irregularidades, que se depuren-, como si el Gobierno afectado no fuera el que preside él mismo y la persona que dirige las empresas bajo sospecha no fuera su hermano.

En las filas socialistas se admite la preocupación por la evolución del caso. A doce meses de la celebración de las elecciones municipales y autonómicas (si se respeta el calendario electoral), y con unos socios, en este caso Compromís y Podemos, en caída libre, la hoja de ruta del PSPV para mantenerse al frente de la Generalitat pasaba por recoger los apoyos electorales que pudieran dejarse por el camino esas dos formaciones y evitar el temible horizonte de la abstención, a la que el electorado progresista es siempre tan proclive.

La trama de las productoras, denominación que nace de la sanción que la propia Generalitat, a través de la comisión de defensa de la competencia, impuso a algunas de las firmas implicadas en este mismo caso por pactar precios en un concurso público de Á Punt, no presupone ninguna trama de corrupción con ramificaciones que afecten en primera persona a cargos públicos. Pero sí que pueden generar, a juicio de los cargos socialistas consultados por este diario, cierto desánimo entre el electorado del PSPV, que puede acabar teniendo la sensación de que el caso, sumado al que afecta a la vicepresidenta Mónica Oltra por la gestión de la menor tutelada que fue víctima de abusos, marcan el camino de lo que ya ocurrió en 2015: un cambio de ciclo político.

Las fuentes consultadas por este diario admiten, no obstante, que el factor que más preocupación puede generar, con la vista puesta en las urnas, está relacionado con el crecimiento desbocado de la inflación. El aumento de los precios, agudizado por la invasión de Ucrania, dibuja un escenario económico de crisis que en buena lógica derivará en un enfado o decepción con el Gobierno de turno. Y en este caso, que esa crítica se dirija al Ejecutivo de Pedro Sánchez no impediría que el socialismo valenciano también se viera afectado. «La gente no distingue», se señala. La gestión de la pandemia, valorada de forma positiva, se quedará guardada en un cajón si la gasolina, la luz o los alimentos siguen al alza.

Y los plazos hacen temer que así sea. Francis Puig declara el próximo 23 de mayo. Y la instrucción aún parece lejana de acabar. ¿Hay plazos? Alguno de los informes pendientes los tiene que realizar la Intervención de la Generalitat, de manera que está en sus manos la gestión de esos plazos. Acelerarlos para que se celebre un juicio cuanto antes parece el peor escenario posible, aunque la estrategia contraria, dilatarlo en el tiempo, tampoco garantiza que el caso caiga en el olvido y pierda trascendencia.

Los socialistas reconocen además que la situación de Mónica Oltra tampoco ayuda. Con un horizonte en el que las mayorías absolutas siguen siendo imposibles, y en el que son los bloques, la izquierda o el centro derecha, los que deben sumar para alcanzar la hegemonía electoral, un deterioro acelerado de cualquiera de los socios del Botánico es una mala noticia.

El de Podemos, tras la marcha de Pablo Iglesias y el movimiento de Yolanda Díaz para plantear un nuevo proyecto político, se da por descontado. Compromís ya ha maniobrado para tratar de atraer a ese electorado.

Pero la situación de Oltra es distinta. La portavoz del Consell sale todos los viernes ante los medios de comunicación a explicar los acuerdos del Gobierno valenciano. Una exposición continuada que, en estos tiempos en los que se encuentra señalada por la gestión del caso por el que se condenó a cinco años de cárcel a su exmarido, genera un problema adicional para su futuro político.

En las últimas semanas las preguntas respecto a si presentará su dimisión o si se apartará temporalmente de sus responsabilidades son cada vez más frecuentes. Oltra contesta que no, pero es consciente del desgaste que genera esta situación. Y el empuje que pudiera tener el proyecto político de Yolanda Díaz puede no ser suficiente para compensar la sensación de estar permanentemente a la defensiva. Exactamente igual que el PPCV en su última legislatura en el Gobierno autonómico.

Mientras tanto, Oltra atribuye a un complot en el que incluye al expresidente Francisco Camps, el empresario Alberto de Rosa y la periodista Cristina Seguí la deriva de un caso sobre el que, no obstante, el pronunciamiento clave ha correspondido a un juez, que es el que se ha dirigido al TSJ para que valore la imputación de la líder de Compromís.