Al PSPV ya le preocupa Francis Puig: pide el expediente de la sanción de Competencia

valencia. Lo que hasta la fecha presentaba el PSPV poco menos que una estrategia de la oposición para tratar de desgastar la imagen de Ximo Puig, sin que se le diera ya no solo importancia sino tampoco credibilidad, ya es percibido como un problema. El caso de Francis Puig, el hermano del líder de los socialistas valencianos -sancionado por la comisión de defensa de la competencia e investigado por los tribunales de justicia- ha dejado de ser para el PSPV una anécdota, si es que en realidad se consideró así en algún momento. Ahora preocupa, y mucho. Los socialistas valencianos ya presentaron esta semana pasada iniciativas en Les Corts para solicitar de la Agencia Antifraude el expediente relativo a las empresas de Francis Puig y las de los Adell Bover. En el foco, las ayudas públicas recibidas en relación con la promoción del valenciano, así como otras, de la conselleria de Agricultura, y que sirvieron para reformar la sede de Comunicacions dels Ports, una de las productoras del hermano del presidente.

El PSPV remarcó, en relación con estas solicitudes, que obedecían al interés por disponer de la misma información que pudiera llegar a tener el PP valenciano -que ya tiene el visto bueno del TSJCV, del Supremo y de los letrados de la Cámara para que la entidad que dirige Joan Llinares le entregue esa documentación.

Pero el PSPV ha pedido más cosas. A través de sendas iniciativas, los socialistas valencianos han solicitado también copia íntegra de la totalidad de los expedientes tramitados por la comisión de la competencia de la Comunitat Valenciana desde 2015 -en otra iniciativa, el plazo se amplía hasta 2012-.

Las iniciativas tienen ese carácter general, pero parece obvio que el interés real de Sabina Escrig, que es la diputada socialista que firma las solicitudes y que ya rubricó las dos peticiones de documentación a Antifraude, es disponer de la información correspondiente al expediente que ese órgano, dependiente de la conselleria de Economía, abrió al denominado como 'cártel de las productoras' y por el que concluyó sancionando a estas firmas con 43.000 euros de multa y la propuesta a la Junta del Estado de que se le prohibiera contratar con administraciones públicas. La solicitud no deja de ser llamativa, además de por ese intento de disimular su verdadero objetivo, porque en la página web de esas comisión se pueden consultar todos y cada uno de los expedientes que ha aprobado.

Las fuentes consultadas por este diario señalaron ayer que la petición del PSPV trataría de buscar un hipotético trato desfavorable hacia Francis Puig y el resto de las empresas sancionadas por parte de esta comisión de la competencia, dependiente orgánicamente del subsecretario de la conselleria de Economía y dirigente de Compromís Natxo Costa. En todo caso, esta petición -con fecha de principios del mes de febrero- no viene vinculada a la posibilidad de que el PP pueda alcanzar esa misma documentación. De hecho, los populares disponen de la misma desde principios del pasado mes de enero, cuando el TSJ valenciano dio la razón a la dirigente popular Eva Ortiz, y obligó a la conselleria de Economía a entregarle la documentación correspondiente a este expediente.