El PSPV retoma la ofensiva judicial contra el PP con casos de la década pasada

No se personó la institución provincial en el caso cuando estaba en manos de los socialistas, hasta el pasado mes de junio y durante ocho años. No cuenta con el apoyo de los servicios jurídicos de la Diputación para personarse en el caso. Sin embargo, Bielsa insiste. El dirigente socialista pretende que en la Diputación, ahora presidida por el popular Vicent Mompó, se adopte una máxima peculiar: denuncio yo y las costas judiciales las pagan otros. Es lo que pasó, sin ir más lejos, el empeño del tripartito en el Consell con el tema de la Fórmula 1 (la negociación, adjudicación y montaje y la posterior venta del Valmor) finalmente ha supuesto un coste judicial que roza los 800.000 euros para los valencianos.

Tal y como adelantó este periódico hace una semana, la Diputación rechaza personarse en el último caso del clan Blasco, y señala a la Generalitat como la que tendría que hacerlo. Sin embargo, Bielsa no entiende por qué. A pesar de que los servicios jurídicos provinciales lo explicaron unos días antes. Y a pesar de que la corporación, cuando estaba en manos del PSPV, se retiró de la personación en alguno de los casos de corrupción protagonizado por los populares, además de no personarse en este misma causa de Sergio Blasco cuando hace años se le instó desde los juzgados.

El pasado miércoles se registró una moción del grupo socialista que lidera Bielsa solicitando de nuevo la personación. Un día antes, el martes, la portavoz del PSPV en Les Corts, Rebeca Torró, aprovechó una pregunta sobre si iban a apoyar una moción del PP sobre la ampliación del Puerto de Valencia para considerar que los populares buscan «cortinas de humo» frente a su «fantasma de la corrupción que vuelve a la Generalitat».

«Lo hemos visto en el 'caso Marciano': un conseller vinculado a una empresa que supuestamente ha pagado dinero a la trama corrupta de Rafael Blasco», indicó Torró sobre el caso Osvaldos, el que tiene a Sergio Blasco en el disparadero, y relacionándolo con el conseller de Sanidad, Marciano Gómez. Torró también recordó el juicio de Gurtel con Francisco Camps como principal estrella del banquillo de los acusados y mencionó a la diputada y alcaldesa de València, Mª José Catalá, «que esconde lo que cobra» como profesora de la Universidad Internacional de Valencia (VIU) «en la que la Generalitat invirtió 34 millones y después ella como consellera la vendió por cuatro».

De manera recurrente, los partidos en el poder lamentan que la oposición judicialice las críticas por supuestas malas prácticas. El juzgado es un camino al que se suele recurrir cuando se está fuera de las esferas del poder. La derecha buscaba abogados en el partido cuando estaba en la oposición. Ahora le toca, de nuevo, a la izquierda. Sin ir más lejos, la actual líder del PSPV en Valencia, Sandra Gómez, ejerció de letrada en Nóos de manera gratuita, cuando el partido sufrió un brutal endeudamiento. Litigar sale caro.