Puig vuelve a la guerra con el Gobierno: ni agua ni financiación ni agencias

En aquel momento, el Consell y el PPCV, convirtieron el agua en uno de los elementos centrales de debate, en su guerra con el entonces Gobierno central, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, también líder del PSOE. Ahora, 18 años después, los protagonistas han cambiado, pero los problemas entre administraciones, a cuenta del agua para regar del Tajo-Segura, siguen siendo los mismos. Con la diferencia de que en los tres gobiernos afectados (el central, el de la Comunitat y el de Castilla-La Mancha), las presidencias están ostentadas por líderes socialistas que, lejos de apaciguar la situación, han revivido la guerra del agua en pleno inicio del año.

Un enfrentamiento que suma a la lista de desencuentros que el presidente valenciano, Ximo Puig, lleva ya en su lista con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, con el presidente castellanomanchego, Emiliano García Page, echando más leña al fuego en ambas sedes. En el nuevo decreto del agua, el Gobierno se abre a la posibilidad de recortar el caudal de agua del trasvase antes de 2025, lo que supondría la reducción de la cantidad que reciben los agricultores para sus cultivos. De ahí que Puig anunciara el martes que presentará alegaciones ante el Consejo de Estado en defensa del trasvase y cargó contra Moncloa por estar inclumpliendo lo acordado.

De hecho, uno de los principales problemas, además, del añadido, es la eliminación de la subvención del agua desalada, que ha desaparecido con la entrada del nuevo año, a pesar de que desde el Ministerio de Transición Ecológica se ha hablado ya de un decreto transitorio que devuelva la situación anterior. De hecho, desde el departamento de la vicepresidenta Teresa Ribera negó que se estuviera incumpliendo lo pactado, como alega el Gobierno valenciano. Pero, Puig, en una entrevista en Onda Cero este miércoles aseguró que la realidad «es bastante indiscutible, todo se puede demostrar» y que «si la disposición se mantiene en los términos en los que se acordó en el Consejo Nacional del Agua, no hay ningún problema».

Desde el «diálogo, el acuerdo y no desde la imposición» tiende su mano al Ejecutivo para hablar con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, sobre cualquier punto en conflicto, con quien, admite, mantiene interlocución directa desde lo sucedido, dijo en la entrevista. «Se puede discutir todo, de lo que se trata es de conseguir agua para los regantes», sostiene Puig mientras defiende el valor en términos de empleo y ecológicos del trasvase Tajo-Segura, ha explicado.

 

Pero a nadie escapa que en el Palau se ha perdido el miedo al cuerpo a cuerpo con el Gobierno central tras los numerosos ninguneos a la Comunitat. Básicamente porque en el entorno de Puig ya se ha instalado el mantra de que la cercanía con Sánchez resta, tras las últimas decisiones que ha llevado a cabo el Ejecutivo sobre la supresión de la malversación y la sedición, y la mala valoración en las encuestas. También por la falta de ambición para dar solución a la financiación, la falta de gestos con las agencias gubernamentales o ahora el agua.

De ahí que el choque con Moncloa se vea como algo positivo de cara a las elecciones autonómicas de mayo. Una fecha que, por cierto, Puig sigue manteniendo, según ha detallado en la misma entrevista. Sobre si el 'efecto Pedro Sánchez' suma o resta votos en su comunidad, Puig sostuvo que «la acción del Gobierno de España, en términos generales, es positiva», pues se ha visto en datos de empleo y políticas sociales. En este sentido, aseguró que «esa acción de gobierno suma», pues está alineada con las políticas diseñadas desde el Consell.

Aunque en los últimos años, y sobre todo en los últimos meses, los enfrentamientos han sido constantes. Desde las discrepancias por la gestión de las fases de la pandemia (que ahora suenan lejanas pero provocaron una gran crisis institucional), a la gran tensión por la bajada de impuestos anunciada por Puig en septiembre y materializada en los presupuestos de la Generalitat para 2023. La reforma fiscal valenciana supuso una discrepancia grave porque el Ministerio de Hacienda estaba tratando de contener las bajadas de impuestos en las comunidades socialistas para contrarrestar la iniciada por las gobernadas por el PP. Pero Puig sacó adelante la suya con el enfado de Moncloa. El cruce de declaraciones, entonces, fue sonado. Casi como la decepción del Gobierno valenciano con no haber logrado conseguir que las sedes de las agencias de la inteligencia artificial y la innovación se instalaran en Alicante y Elche, tras haber sido Puig el impulsor de la descentralización de instituciones del Estado.

Pero, no son los únicos choques. El pasado otoño, con la presentación de los presupuestos generales del Estado, el Consell se levantó en armas por la discriminación que el Ejecutivo consideraba que había sufrido la provincia de Alicante en las cuentas. Una situación difícil de reconducir para el Consell y, sobre todo, para un PSPV que se juega todo en la provincia más al sur de la Comunitat. De hecho, Puig se ha volcado en gestos con Alicante porque sabe de la importancia electoral del principal bastión del PPCV, donde su presidente, Carlos Mazón, es además presidente de la Diputación.

El presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha lamentado este miércoles en Benidorm que las declaraciones de Puig «se las lleva el viento». «Eso sí, su rendición en el consejo del agua no se lo lleva el viento. Lo que está ocurriendo con el trasvase es una ignominia. Es un prejuicio político y de partido. El PSOE no pinta nada. No tenemos un presidente que sepa hablar con sus compañeros de partido para arreglar esta locura», ha lamentado el popular, que ha confirmado que asistirá en Madrid a la manifestación convocada por los regantes.