Puig deja el Consell con 1.386 millones de facturas en los cajones, otros 1.497 pendientes de pago y solo 160 en caja

La Intervención de la Generalitat acaba de hacer públicos los datos correspondientes a la ejecución presupuestaria del Gobierno valenciano correspondiente al cierre del mes de mayo. Es decir, al último gestionado por la izquierda valenciana, y que aterrizó justo en las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. La tesorería en particular, y el cierre mensual de la contabilidad de la administración en general.

Y la fotografía que se extrae de esos datos –que facilita el propio Gobierno valenciano- no puede ser más preocupante. El presupuesto aprobado para 2023 ascendía a 28.438 millones de euros, aunque con las posteriores modificaciones ha alcanzado los 30.314 millones de euros. A mes de mayo, es decir, superado el quinto mes del año, el Gobierno valenciano lleva ejecutados 11.190 millones de euros, de los que ha pagado 9.693. Por tanto, ya tiene pendientes de pago 1.497 millones de euros.

Haber pagado menos de 10.000 millones de un presupuesto que supera los 30.000 deja bien a las claras los problemas financieros de la Generalitat.

El análisis de la ejecución presupuestaria suele ser especialmente dramático en lo que se refiere al estado de las inversiones. El capítulo VI del presupuesto, el de las inversiones reales, tiene un presupuesto definitivo de 1.911 millones de euros. Las obligaciones reconocidas netas, la primera fase de ejecución presupuestaria por la que se dicta la orden para disponer de ese dinero, se sitúa en el 9,9%, al superar por los pelos los 190 millones de euros. Los otros 1.720 millones de euros son por ahora remanentes que no se han utilizado. En el capítulo VII, de transferencias de capital, los 2.247 millones presupuestados han dado lugar a solo 336 millones de obligaciones reconocidas. Y sólo se han pagado 34 millones de euros, poco más del 1%.

La información contable que facilita la Intervención de la GVA explica también cuál es la situación financiera de la caja del Consell. En otras palabras, cuál es su liquidez y cuantas facturas se han afrontado sin que constara su gasto en los presupuestos aprobados en diciembre pasado.

La tesorería de la Generalitat, la que marca el dinero en caja de las arcas autonómicas, asciende a 160 millones de euros. Eso es mucho dinero, claro está. Pero se queda corto si se compara con los más de 600 millones de euros que la administración autonómica necesita cada mes para atender los gastos de personal de la Generalitat. De hecho, en mayo esos gastos ascendieron a 622 millones de euros.

¿Y las facturas en los cajones? La denominación, es cierto, hace referencia a los acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto. Es decir «obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos, para los que no se ha producido su aplicación a presupuesto siendo procedente la misma». Estaríamos ante obligaciones respecto de las que, no habiéndose dictado aún el correspondiente acto formal de reconocimiento y liquidación, se derivan de bienes y servicios efectivamente recibidos por la entidad.

La cuenta 413 de la Generalitat, a fecha del pasado mes de mayo, ascendía a 1.386 millones de euros, según los datos facilitados por la Intervención. De esa cantidad, 925 millones de euros corresponden a gasto sanitario, 358 millones a la administración general y poco más de 100 millones a servicios sociales.