Puig y Mazón, al todo o nada

Los precios crecieron en agosto por encima del 10% en España. No hay mucho más que decir. Bueno sí, en la Comunitat Valenciana ese aumento en julio fue del 10,9%. Crece la inflación de forma desbocada, Bruselas estudia bajar el precio de la luz, Sánchez acepta a regañadientes la propuesta del PP para bajar el IVA del gas, el final del verano deja 7.000 parados más y 27.600 empleos destruidos en la Comunitat Valenciana, que es la tercera región en la que más aumenta el número de desempleados y registra peores datos que la media nacional, Pamesa cierra su filial de arcillas por el precio del gas... el tripartito valenciano se entretiene con debates sobre los bous al carrer o la tasa turística, pero el empobrecimiento generalizado de la sociedad constituye -y así se reconoce en el Palau- el frente político más delicado para el Consell de Puig.

Es la pregunta del millón. Dada la coyuntura financiera de crisis, el alza de los precios, el aumento del paro y la falta de certezas frente a una coyuntura internacional inestable -con una guerra a las puertas de Europa y una recesión que ya es una realidad-, los ciudadanos buscan una confianza en sus responsables políticos. En clave nacional, la imagen de Pedro Sánchez ha iniciado una acusada caída, a la vista de unas previsiones económicas postcovid que los organismos nacionales e internacionales se empeñan en desmentir, y con unos socios de gobierno, independentistas y nacionalistas, que arruinan su imagen. La irrupción de Alberto Núñez Feijóo ha disparado las expectativas de los populares -así lo recogen los sondeos-. Pero quedan meses determinantes.

El curso político arranca condicionado por el desarrollo de diferentes investigaciones judiciales. Quién le iba a decir al Botánico que a los siete años de su llegada al Palau viviría con un ojo puesto en la Ciudad de la Justicia. La historia del PP, con una reducción notable de la intensidad y frecuencia de casos de corrupción, vuelve a vivirla ahora el PSPV. Y no únicamente los socialistas. La comparecencia de Mónica Oltra el día 19 para dar su versión del supuesto encubrimiento de la denuncia de abusos sexuales contra su exmarido provoca que Compromís, igual que el PSPV, contenga la respiración por los efectos que pueda tener la evolución de esta causa. Mal para estos partidos si se abre juicio -por la caída de quien ha sido un referente político de la izquierda valenciana- y quizá peor si se archiva la investigación, porque la recuperación de su figura política, tras la presión de los socialistas para que dimitiera y el calculado silencio de algunos cargos nacionalistas, abriría un escenario de incertidumbres. Azud, Alquería, Francis Puig, pero también Camps o Zaplana, son algunos de los nombres propios que marcarán los próximos meses y que pueden condicionar las expectativas electorales.

La sucesión de fuegos que han azotado la Comunitat este verano, y que ha tenido en los de Vall d'Ebo y Bejís a los de mayor virulencia, se han visto marcados por el incidente que se produjo el 16 de agosto, cuando un tren que circulaba por la línea Valencia-Zaragoza se vio atrapado entre las llamas sin que nadie diera el aviso necesario para que se cortara la circulación. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, no tuvo problema en derivar la responsabilidad de lo sucedido sobre la administración autonómica. Gabriela Bravo, este jueves en Les Corts, precisó que si Emergencias no dio aviso fue porque la dirección del incendio -el consorcio provincial de bomberos- no debió considerarlo necesario. En todo caso, un asunto de la máxima gravedad que pudo haber acabado en tragedia de no haber mediado la pericia y la sangre fría de la conductora del convoy (aunque no se sabe qué habría ocurrido si el tren hubiera seguido adelante). La oposición ha pedido dimisiones y que se aclaren las responsabilidades, que por ahora nadie asume. Hay una investigación en curso que determinará lo ocurrido.

El curso político que ya arranca vendrá marcado también por el proceso de confección de candidaturas electorales que vivirán todos los partidos. En el ámbito autonómico, y entre las formaciones con representación parlamentaria únicamente PSPV y PPCV tienen claro cuáles serán sus aspirantes a la presidencia de la Generalitat -Puig y Mazón, respectivamente-. Para el consistorio, María José Catalá optará por el PP a la alcaldía (también será la uno por Valencia en la lista autonómica), mientras que Sandra Gómez sigue a la espera de una confirmación que no termina de llegar. En Compromís, la figura de Joan Ribó se ha engrandecido tras la salida de Mónica Oltra. El alcalde de Valencia comunicará en la asamblea de la coalición si vuelve a optar a la vara de mando -escenario que se perfila como el más probable-. Para las autonómicas, Joan Baldoví parece la apuesta más probable. Vox también guarda silencio respecto a su carteles electorales, y tanto Unides Podem como Cs viven pendientes de un futuro que les aleja, especialmente en el segundo caso, de la posibilidad de mantener la representación parlamentaria. El PSPV tiene pendiente despejar la incógnita de su candidatura a la alcaldía de Alicante. Y el experimento de Yolanda Díaz, buscar un contenido.

Quizá el principal objeto de discrepancia entre PSPV y PPCV, entre izquierda y derecha, está relacionado con el planteamiento de la política fiscal de las administraciones públicas. Subir o bajar impuestos. Redistribuir riqueza o propiciar que los ciudadanos tengan el dinero en sus bolsillos y lo gasten en lo que consideren. La tasa turística, aprobada por el tripartito, como ejemplo de un debate que, de fondo, constituye toda una declaración de intenciones sobre cuál es la concepción que se tiene de los ciudadanos y de su capacidad para tomar sus propias decisiones. El PPCV de Carlos Mazón ha hecho de su propuesta de reforma fiscal uno de sus grandes arietes -incluye una rebaja fiscal de 1.500 millones-. Puig ha anunciado su intención de eliminar, en la próxima ley de acompañamiento, la excepción que impedía bonificar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones a las empresas familiares que facturan más de 10 millones de euros. La batalla está servida.

El último debate sobre el estado de la nación celebrado el pasado mes de julio retrató la escasa implicación de Pedro Sánchez y su Gobierno en aquellos asuntos que componen lo que se ha venido en denominar la 'agenda valenciana'. La reforma de la financiación, los trasvases, el corredor mediterráneo, la descentralización... Sánchez pasó de largo sobre los principales asuntos que han sido objeto de debate en la Comunitat Valenciana. Poco más que una mención a la gigafactoría que Volkswagen instalará en Sagunto y una alusión a la «prioridad» que es la reforma de la financiación. Un ninguneo que contrasta con los gestos de la calle Génova con el PP valenciano, con la reunión de la dirección de los populares esta misma semana en Valencia y con Cuca Gamarra anunciando iniciativas para llevar al Congreso y al Senado esa agenda valenciana.

El presidente manchego, Emiliano García-Page, anunció hace pocos días la posibilidad de llevar al Gobierno central al Constitucional por la Ley de Universidades. Marcar distancias con el líder del PSOE se ha convertido en una estrategia que los barones socialistas contemplan para evitar la debacle en sus elecciones autonómicas. ¿Puig puede seguir ese camino? Durante los últimos meses el líder del PSPV ha hecho todo lo contrario. Pero verse por detrás en los sondeos podría hacerle cambiar de opinión.

Seis fuerzas políticas cuentan con representación parlamentaria en Les Corts, además de con cinco diputados no adscritos -tras abandonar Cs-. Las encuestas dibujan un horizonte en el que el bipartidismo sale muy reforzado. El PSPV aprovecha el espacio que retrocede Unides Podem y la caída de Compromís. El PPCV suma los votos de Cs, y parece aprovechar también la pérdida de fortaleza de Vox.