Puig quiere alejar el debate de Les Corts del avispero judicial

El debate de política general que se celebra todos los años en Les Corts coincidiendo con el inicio de curso político tras las vacaciones estivales -salvo cuando hay debate de investidura- tendrá lugar este año, con toda probabilidad, la última semana de este mes de septiembre que acaba de comenzar. Fuentes del Palau de la Generalitat confirman que ese es el escenario que contemplan, aunque la decisión respecto a la fecha de esa comparecencia del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, la adopta formalmente la presidencia de Les Corts.

Que ese debate se vaya a producir la última semana de este mes -este debate tiene lugar siempre en sepriembre, aunque en ocasiones ha llegado a producirse a mediados de ese mismo mes- tiene este año una justificación añadida. El próximo día 19 de septiembre, lunes, están previstas varias citas judiciales de interés. Y en algunas de ellas, el tripartito valenciano tiene puesta toda su atención.

Sin saber a priori si el resultado de las mismas será positivo o negativo, al presidente de la Generalitat le interesa obviamente alejar ese debate -el más importante, junto al de presupuestos, de los que se celebran en la Cámara autonómica- de toda esa bronca judicial.

La más destacada, ni que decir tiene, es la que afecta a la exvicepresidenta del Consell, Mónica Oltra. La dirigente de Compromís comparece el día 19 para dar su versión del supuesto encubrimiento de la denuncia de abusos sexuales contra su exmarido. El caso forzó en su momento a Oltra a dejar el Consell y también su escaño en Les Corts. El principal activo electoral de Compromís vive pendiente de esta instrucción para regresar a la primera línea política.

A Puig, y al tripartito valenciano, la situación de Oltra le ha generado una situación más que complicada. El discurso de la ética política se ha venido abajo y aunque el asunto afecta a la líder de Compromís, la realidad es que Puig es consciente de que necesita la suma para mantenerse al frente de la Generalitat. Y que un desgaste demasiado fuerte de la formación nacionalista, unido al ya inevitable de Unides Podem, puede complicar muy mucho sus opciones de propiciar un tercer mandato.

El de Oltra es el asunto más grave, porque la vicepresidenta lo era hasta hace sólo unos meses y porque su relevancia la llegó a convertir en figura política nacional, con presencia constante en debates y tertulias televisivas. Pero no el único. Jorge Rodríguez, expresidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Ontinyent, se sienta en el banquillo de los acusados por la contratación irregular de directivos en la empresa pública Divalterra.

Los hechos se produjeron en la antigua Imelsa. Anticorrupción reclama ocho años de cárcel para él y su grupo de más estrechos colaboradores, entre los que figura un alto cargo de Compromís. Rodríguez ya no milita en el PSPV -creó La Vall Ens Uneix y con ese partido se presentó ya en 2019-, pero su pasado en el PSPV y que cargos de ese partido estén también procesados salpica a esta formación en el inicio del curso político.

La preocupación en las filas socialistas vive otros dos espacios. El primero, el que marca el caso Azud, con el exsubdelegado del Gobierno Rafa Rubio y el abogado José Luis Vera en el punto de mira. Existe una vertiente de la investigación que preocupa a cargos del PSPV y a Presidencia de la Generalitat. Se trata de la financiación ilegal del partido, con unos indicios que anulan en parte el discurso del PSPV contra la corrupción del PP y la hipoteca reputacional que habían heredado.

Para Puig, además, el caso de su hermano Francis Puig es un dolor de cabeza añadido. La Fiscalía Anticorrupción analiza si computó gastos ficticios para recibir ayudas públicas para el fomento del valenciano, entre otras partidas. Las declaraciones judiciales de Puig y de su socio, Adell Bover, sólo han contribuido a sembrar más dudas sobre el proceder de los empresarios.

La celebración en los próximos días de reuniones de las direcciones de PSPV y, por otro lado, de Compromís, para preparar el debate. Y la convocatoria a los diputados socialistas para el próximo día 22 a una reunión para perfilar los contenidos del debate contemplan el escenario que da por segura la celebración del debate la última semana de septiembre. Retrasarlo a octubre, en contra de toda tradición parlamentaria, mostraría una situación de excepcionalidad difícil de justificar que en nada ayudaría además de dar normalidad a la comparecencia del president.

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