Puig y Oltra, atrapados en una maraña judicial a un año de elecciones

En el caso del presidente Ximo Puig, el problema le afecta indirectamente. Por ahora. En lo que se refiere a la vicepresidenta Mónica Oltra, la causa judicial se encamina directamente hacia ella.

Desde la oposición se elucubra con la existencia de un pacto de no agresión entre ambos: no pedirse cuentas y seguir adelante hasta el final de la legislatura, mayo de 2023. Ambos lo niegan. No es la única elucubración. La vicepresidenta sostiene que hay un contubernio contra ella pero no puede demostrarlo. Por tanto, por ahora, no hay más pacto que el del Botánico ni más contubernio que aquel de Munich.

Continúa la brutal montaña rusa en que se ha convertido el tránsito político del Botánico. Toca bajada. No es la primera. La guerra de Ucrania vapulea los bolsillos desde febrero. Hace dos semanas, la izquierda vitoreaba la llegada a la Comunitat de la gigafactoría de Volkwagen y acudió a los plenarios de Les Corts los días 30 y 31 de marzo con alborozo. Este jueves, sin embargo, Puig y Oltra se sometieron a la sesión de control parlamentaria más dura de la legislatura.

La pandemia ha sido una prueba de estrés sin parangón para la gestión del tripartito. Sin embargo, el coronavirus no erosionó de manera singular a las formaciones que lideran el Consell. Los sondeos no habían detectado un desgaste irreversible. En el caso de Puig, desde Presidencia afirman que la gestión de la crisis sanitaria supuso una inyección de popularidad. No obstante, el inicio de la primavera ha coincidido con un brutal sobresalto en materia judicial.

Lo que ocurre en los juzgados en relación al tripartito también parece instalado en una montaña rusa. La causa sobre la gestión de la conselleria de Oltra en el caso de su exmarido se archivó inicialmente. Por su parte, Rubén Trenzano, alto cargo del Consell, salió absuelto indubitablemente en una acusación sobre la gestión de la Generalitat frente a las empresas de comunicación que gestiona Francis Puig, hermano del presidente. Ahora, toda esa situación ha dado un giro. El cambio del escenario afecta en menor o mayor grado a sus líderes y principales carteles electorales, Ximo Puig y Mónica Oltra, atrapados en una maraña judicial a un año de las elecciones.

El secretario general del PSPV lleva desde 2015 caminando con tiento para evitar pisar uno de los muchos cables de alta tensión que se sueltan durante un Gobierno en coalición. Huyendo del conflicto, sembrando un espacio institucional, ignífugo. Ha contemporizado frente a los enfados de Compromís, incluso cuando la bronca la propiciaba él (el adelanto electoral, por ejemplo), y ha maniobrado para ofrecer un perfil que pendulea entre alcalde amable y hombre de Estado. Por todo ello, el asunto judicial con su hermano como protagonista le enfada de manera indisimulable. Que afecte también a otros miembros de su familia, que el eco mediático de la causa haya llegado a Madrid y que, por todo ello, los tiempos judiciales subordinen sus tiempos es el escenario más contrario a los deseos de Presidencia de la Generalitat. Nadie resiste un escrutinio público continuo de 24 horas.

Nada más lejos de las intenciones de Puig que la vida y milagros de las empresas de su hermano sean un asunto de interés generalizado, más allá de los juzgados o de las informaciones que LAS PROVINCIAS lleva publicando desde septiembre de 2018. Sin embargo, Francis Puig está citado a declarar el 23 de mayo, 72 horas antes de una sesión de control en Les Corts al presidente, que pierde el control de los tiempos políticos frente al poder del calendario judicial.

El año 2017 quedará grabado en la memoria personal y política de la vicepresidenta del Consell como uno de los más dolorosos de su vida. Cinco años más tarde, las consecuencias del abuso sexual cometido por su exmarido, educador social en un centro concertado, y de la gestión del caso por parte de su conselleria, se han convertido en un agujero negro que no deja de crecer. La sentencia condenatoria a su expareja contiene duros reproches a la actuación de su departamento. La exposición motivada del juez que ahora pide su imputación reitera e incluso redobla esas reconvenciones. Oltra, durante un largo tiempo, ha replicado con dureza al poder Judicial en todo lo relativo al modo de actuar de su conselleria en relación al caso. Tampoco se ha ahorrado contestaciones cuando era la Sindicatura de Greuges la que cuestiona su proceder en los centros de menores. Sin embargo, en los últimos días ha optado por intentar rebajar esa tensión con el instructor de la causa judicial abierta por la gestión de su conselleria en el caso de su ex. Oltra ha preferido desviar el tiro hacia un «contubernio» de políticos, empresas, familias con influencia judicial… y alimentar así una teoría de la conspiración.

Los relojes del tripartito ya están en cuenta atrás. Quedan trece meses para las elecciones y revalidar por cuatro años más, o no. Nada puede salir mal, o sí.

La investigación a Francis Puig ya no se contempla con condescendencia desde el PSPV. En verano de 2020, en Les Corts, con tal de defender al empresario y hermano, el conseller Soler llegó a decir: «Es un proyecto magnífico. Ojalá se hubiera hecho en más pueblos». El informe de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial en relación con las subvenciones públicas recibidas por las productoras de la trama no es tan magnífico. Es casi una entelequia calcular los plazos de una instrucción.

Los socialistas comienzan a incomodarse, a ver si llegan sorpresas en los últimos meses del año que queda para elecciones. Puig pretendía ser una aspiradora de votos. Por un lado, captar desencantados con la deriva de Ciudadanos. Por otra parte, rescatar sufragios a su izquierda ante las horas bajas de sus socios. Para todo eso, hay que presentar un aspecto saludable y atractivo, encanto que podría verse mermado si los informes de la Guardia Civil se encadenan a escritos judiciales comprometedores. Si lo de Ucrania no se arregla pronto y la inflación sigue al galope, todo el crédito ganado por Puig en la pandemia puede acabar hipotecado. Y mientras, a la izquierda del PSPV, la situación se está alquitranando.

Oltra tiene dificultades para convencer a sus socios en Compromís, los nacionalistas de Més, de pactar con Yolanda Díaz. Así, los podemistas adoptarían un perfil bajo en una confluencia de cara a los comicios autonómicos a cambio de que la coalición valenciana hiciese lo mismo en las listas de las elecciones generales. En eso estaba Oltra. No obstante, Díaz se ha quedado en barbecho. Además, la posible imputación de Oltra supondría «que todos los procesos de primarias, de confluencia, se van a ralentizar, un poco para esperar a ver por dónde van los tiros», señalan fuentes de Compromís. En la coalición, por ahora, no ven más solución que hacer un ejercicio de fe y situarse detrás de la líder. El shock en la coalición ante una posible imputación ha sido brutal. Todavía se está digiriendo, y ni se plantean un plan B. Ahora mismo, da la sensación de que Compromís acompañará a su líder por la travesía judicial. No hay alternativa. Por ahora.