Puig, obligado a marcar perfil propio ante un Sánchez en retroceso

El anuncio del Gobierno valenciano, a poco más de cuatro meses para las elecciones municipales y autonómicas, está cargado de significado. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, buscando la confrontación con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, en un asunto de tanta sensibilidad, especialmente en la provincia de Alicante, como es el debate sobre el agua.

A lo largo de toda la legislatura el Consell ya había expresado, aunque con la boca pequeña, su discrepancia con las resoluciones del ministerio que iban en esta misma dirección. Ahora no. En esta ocasión, el líder del PSPV ha querido dar la máxima visibilidad a la discrepancia, recurriendo incluso a la Abogacía de la Generalitat para armar su respuesta institucional. No está prevista su presencia, no obstante, en la protesta convocada para este miércoles por los regantes usuarios en Madrid, frente al ministerio de Transición Ecológica.

Pero la línea política está marcada. Y no es distinta de la que el propio Puig definió frente al Gobierno central en el debate sobre la rebaja fiscal. Apremiado por las CCAA del PP, y pese a la posición contraria de su partido, el presidente valenciano acabó dando luz verde a una pequeña –de impacto- bajada de impuestos, dirigida a clases medias y bajas. De ese movimiento derivó el anuncio de otras comunidades gobernadas por el PSOE de seguir sus pasos. Y de ahí no le quedó más remedio al Gobierno de Sánchez que hacer otro tanto.

El Puig que bajó impuestos es el mismo que sólo unos días antes había pedido castigo para las regiones que lo hicieran, después de que Madrid, Andalucía y Murcia, todas presididas por el PP, se lanzaran a bajar impuestos. Por ejemplo, recortando sus recursos provenientes de la financiación autonómica. La ocurrencia quedó en nada sólo unos días después, quizá a la vista de la demoscopia regional, y la pequeña rebaja fiscal se hizo realidad.

En todo caso, el líder de los socialistas valencianos también exhibió perfil propio frente al Ejecutivo central. Una posición compartida por otros barones regionales del PSOE, que asumen que la imagen de Sánchez y de su Gobierno lastra sus opciones de cara a las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo.

Incluso con un asunto de tanta sensibilidad política como es el vinculado a Cataluña, y en particular a la reforma de los delitos de sedición y malversación, Puig ha procurado mantener un discurso propio, de perfil bajo, alejado de la encendida defensa de la iniciativa que componía Moncloa.

El dirigente valenciano, siempre atento al debate político catalán, ha despachado sin entusiasmo las exigencias del independentismo para apoyar los PGE. Puig ha hablado, es verdad, de que las reformas de esos delitos iban en el camino correcto, y ha puesto en valor la recuperación de la vía de diálogo con una CCAA como Cataluña. Pero en ningún caso ha hecho de ese debate político pieza angular de su discurso.

Puig, que en octubre de 2016 fue uno de los protagonistas de la maniobra política que acabó con el liderazgo de Pedro Sánchez en aquel comité federal del PSOE, supo tejer alianzas con el líder socialista después de que este recuperara primero la secretaría general y, posteriormente, alcanzara la presidencia del Gobierno gracias a una moción de censura.

Desde entonces, y con la mediación de José Luis Ábalos como pieza clave, la relación de Puig y Sánchez se fue estrechando hasta el punto de llegar a considerarse al dirigente valenciano como uno de los más cercanos al presidente del Gobierno. Una consideración a pesar de la cual el Gobierno no solo no ha resuelto las principales reivindicaciones valencianas, como la reforma de la financiación, el futuro de los trasvases o el impulso al corredor mediterráneo, sino que en algunas de ellas, como la relacionada con la política hídrica, el Ejecutivo central ha escogido el camino contrario al valenciano.

Ahora, a pocos meses para la disolución de Les Corts y la convocatoria de elecciones autonómicas, y con un PSOE al que las encuestas sitúan varios puntos por detrás del PP, Puig y otros barones se ven forzados a marcar distancias con las posiciones de Sánchez. Como si de un regreso a 2015 se tratara, en los meses previos a la rebelión de los barones contra Sánchez, cuando los dirigentes regionales expresaban en voz alta su discrepancia con las posiciones del líder socialista.

En el caso del debate sobre el Tajo-Segura, además, la respuesta de Puig demuestra la trascendencia que para el resultado del 28 de mayo tiene la provincia de Alicante. Con un Compromís que en esa provincia carece de presencia por su propia concepción ideológica, el socialismo valenciano aspira a ocupar la posición de centralidad que hasta el momento ha venido representado el PPCV de Carlos Mazón. De ahí la contundencia de la respuesta institucional del Consell. Y de ahí también que el presidente del PP valenciano exija bastante más que meras expresiones de rechazo hacia actitudes que, al fin y al cabo, llegan de un Gobierno, el central, presidido por el secretario general del PSOE. Puig, no obstante, obvia a la dirección provincial del PSPV que dirige Alejandro Soler.

Las distancias con las posiciones de Sánchez llevan a Puig y a otros barones socialistas a rehuir posibles fotos con el dirigente socialista. No habrá convención autonómica para lanzar la campaña del 28M, ante la resistencia de los barones a la foto con Sánchez. La presencia en la campaña valenciana del líder del PSOE será la mínima e imprescindible, quizá circunscrita al acto central.

En el comité de campaña nombrado este lunes por Sánchez, la presencia valenciana se reduce a Víctor Camino, como responsable de las Juventudes Socialistas. La campaña, en realidad, se dirigirá desde Moncloa: Óscar López, Antonio Hernando y Francisco Salazar. Y Sánchez, claro.