Puigdemont pagó 654.000 euros a Acció Cultural dos meses antes del referéndum

28 de julio de 2017. Es la fecha que encabeza el convenio de colaboración entre la Generalitat de Cataluña y Acció Cultural del País Valencià (ACPV), que contempla una subvención de 654.582,16 euros para la entidad que preside Joan Francesc Mira. Un acuerdo que se plasmó apenas dos meses antes de la celebración del referéndum de independencia del 1 de octubre, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional (TC).

El Gobierno catalán que entonces presidía Carles Puigdemont adjudicó esa ayuda pública a dedo ya que quedó excluida de los procesos de concurrencia pública. El dinero, según recoge el documento al que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS, se destinó a la «financiación de la cuota anual del préstamo hipotecario derivado de la compra del edificio 'El Siglo' correspondiente a 2017».

Se trata del inmueble que esta organización tiene en la calle San Fernando de Valencia y que actualmente funciona como el Octubre Centro de Cultura Contemporánea. Su escenario fue precisamente objeto de un acto el viernes 29 de septiembre a favor del referéndum del 1-O promovido por la plataforma 'Va de democracia', con el editor Eliseu Climent o el presidente de Esquerra Republicana del Pais Valencià, Josep Barberà, entre sus impulsores.

La celebración de este acto, en el que se escucharon gritos a favor de la independencia, coincidió con la campaña de denuncia contra el Gobierno de España iniciada por Acció Cultural ante las instituciones europeas y con las concentraciones en seis municipios valencianos en protesta por los registros realizados por la Guardia Civil en instituciones catalanas dos semanas antes del referéndum ilegal.

Todo ello en un inmueble en pleno corazón de Valencia adquirido en 2003 gracias a un préstamo hipotecario de 7,2 millones -que fue ampliado en 2011- y con el que se perseguía disponer de una «sede social y un espacio donde organizar y presentar las diversas actividades que dan visibilidad a su proyecto de promoción de las relaciones entre territorios de habla catalana en los ámbitos social, cultural y académico», según consta en los convenios entre Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Acció Cultural y la Institución Cívica y de Pensamiento Joan Fuster (cuyo vicepresidente es Eliseu Climent y que también figura en el préstamo de la sede).

Desde la firma de la hipoteca, las cuotas han sido abonadas con el visto bueno de los inquilinos del palacio de la plaza de Sant Jaume de Barcelona, con importes que oscilan entre los 400.000 y los 800.000 euros. A pesar de la elevada cuantía, en el documento del año pasado que autoriza el secretario general de Presidencia, Joaquim Nin (que fue imputado por sedición en las mismas fechas), se destaca que «el alto coste de la operación y el interés público de que ambas entidades puedan mantener sus actividades en el equipamiento objeto de la subvención hacen que el departamento de Presidencia quiera continuar con el apoyo económico al proyecto».

La primera remesa correspondió a los años 2003-2005 para la compra y rehabilitación del antiguo edificio de los almacenes El Siglo. Los siguientes acuerdos se firmaron para las anualidades 2006-2007, 2008-2011 y, a partir de 2012, hubo una rúbrica anual hasta el año pasado. Sólo en la última década Acció Cultural ha recibido más de 7 millones de Cataluña por este concepto. Eso a pesar de que esta autonomía ha copado el 30% del rescate de las comunidades por parte del Estado con el mecanismo del FLA (Fondo de Liquidez Autonómica), según datos del Ministerio de Hacienda en 2017.

Ante esta situación, según explicaron desde el grupo de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia que lidera Fernando Giner, esta formación en el Parlament de Cataluña ha trasladado varias preguntas a la comisión de Relaciones Institucionales para conocer si el Gobierno de Quim Torra tiene previsto «continuar subvencionando la cuota anual del préstamo hipotecario» y en qué año finalizará la amortización del mismo. En este sentido, y dada la petición de ampliación de la hipoteca, los pagos concluirían en 2023.

El diputado de Ciudadanos Matía Alonso también ha solicitado los certificados sobre la justificación de las subvenciones entre los años 2013 y 2017, así como la memoria explicativa de la actividad realiza en el centro cultural en ese periodo.

Asimismo, Ciudadanos ha requerido al Ejecutivo catalán la relación de las distintas subvenciones, convenios u otro tipo de acuerdos de los que se ha beneficiado Acció Cultural desde 2003 -año del primer convenio en los últimos días de mandato de Jordi Pujol- hasta 2018, ya que, hasta el momento no se ha hecho pública ninguna ayuda.

A lo largo de estos años, Acció Cultural también ha recibido otras subvenciones de forma directa, es decir, a dedo. En 2016, por ejemplo, otro convenio les concedió 280.000 euros para «diversas actividades culturales de la entidad» en ese ejercicio, según recoge un informe de la Presidencia catalana.

Acció Cultural, además, es socia de la entidad independentista Òmnium Cultural -cuyo presidente, Jordi Cuixart, es uno de los encarcelados por sedición- en la organización Federació Llull, junto con Obra Cultural Balear. En su carta de presentación abogan por «un futuro compartido para los países catalanes».

Además del acto a favor de la independencia de Cataluña en vísperas del 1-O, Acció Cultural se ha mostrado muy activa en cuestiones relacionadas con el soberanismo, las peticiones de libertad de los líderes independentistas catalanes encarcelados o las críticas a la actuación del Gobierno español en Cataluña.

Hasta en dos ocasiones han visitado los representantes de Acció Cultural a Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, en la prisión de Soto del Real. La última, el pasado junio, como quedó reflejado en la web y en las redes sociales de la entidad.

El presidente de Acció Cultural, Joan F. Mira, dirigió una carta abierta a Cuixart (que es socio de la entidad en la Federació Llull) para denunciar la «violencia de la persecución política, judicial y policial que habéis sufrido tan duramente» y para criticar «la brutal injusticia del Estado».

La entidad catalanista difundía un comunicado calificando de «extremadamente grave la acentuación de la represión» por parte del Gobierno central. Se pedía de nuevo la libertad de los dirigentes encarcelados «por haber organizado una votación» y la apertura de un diálogo político. La declaración se hizo pública un día después de conocerse la detención de Puigdemont en Alemania.

El escenario fue Dènia, donde Acció Cultural convocó una concentración «por la democracia y la libertad» coincidiendo con los 100 días del encarcelamiento de 'los Jordis' (los presidentes de Òmnium y de ACN).

8 de noviembre de 2017. Convocatoria de huelga general en Cataluña «para hacer efectiva la república» y tras los primeros encarcelamientos. Acció Cultural difunde un nuevo comunicado para anunciar que llevará a Europa la situación de Cataluña. Además, insistieron en que la estrategia del Gobierno español afectaba tanto a esa autonomía como a la Comunitat debido a la «voluntad política de recentralización».

A mediados de mes, la sede de la Delegación del Gobierno en la Comunitat fue escenario de una concentración para pedir la libertad de 'los Jordis', encarcelados un día antes de la convocatoria.

Con los registros de la Guardia Civil en las instituciones catalanas, Acció Cultural reclamó al Ejecutivo de Rajoy que cesara «la represión» y convocó concentraciones en varias ciudades valencianas.

Acció Cultural respondió a la invitación de Òmnium y fletó autobuses para acudir a los actos del Día de Cataluña, centrados en reclamar la independencia. Su presencia se enmarcó en lo que los convocantes denominaron 'Cataluña exterior', según publicó 'Abc'.