La UCO realiza registros en la Comunitat y Madrid en busca de pruebas de la financiación ilegal del PSPV

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil completaron en la mañana del martes varios registros simultáneos en Madrid, Valencia, Castellón y Alicante relacionados con el caso Azud, que investiga el supuesto cobro de comisiones millonarias a cambio de favores urbanísticos y que salpica a excargos de PP y PSPV. Sin embargo, en ese sumario otra de las vías que se exploran es la presunta financiación ilegal del partido socialista en la Comunitat. Esto se habría articulado a través de un supuesto amaño de adjudicaciones públicas a cambio de mordidas.

Este dinero, siempre supuestamente, iría a parar a una caja B de los socialistas valencianos. Uno de los contratos investigados es precisamente una obra del trasvase Júcar-Vinalopó.

Se trata de un modelo delictivo de financiación que no resulta ajeno a la historia más reciente de la Comunitat. El PP, en su momento, ya admitió una financiación ilegal en los comicios autonómicos y nacionales de 2007 y 2008.

La operación, que arrancó a primera hora de la mañana, se efectuó de manera coordinada, una práctica habitual en este tipo de operaciones en las que el objetivo es sorprender y acumular la mayor parte de material posible. Los hechos investigados coinciden con la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero en el Gobierno central.

Los registros se efectuaron en varias empresas de Madrid y las tres provincias de la Comunitat. Los agentes aprovecharon las intervenciones para tomar declaración a investigados y testigos. Estos testimonios deberán posteriormente ratificarse en sede judicial en presencia de los letrados de los investigados. Se ignora, por el momento, quiénes son los imputados en esta pieza separada.

Los registros pueden encontrarse con la dificultad del tiempo transcurrido. Se investigan ilícitos de hace más de una década y la documentación puede haber sido eliminada. No necesariamente para ocultar supuestos delictivos.

La titular de Instrucción 13 analiza la comisión de delitos de prevaricación, cohecho y malversación. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cuenta con el apoyo de Europol para estas operaciones. Al parecer, el uso de fondos europeos en una de estas actuaciones llevó en su día a la apertura de un procedimiento por el uso de millones de fondos UE. Finalmente se concluyó que todos los hechos eran anteriores a la creación de la Fiscalía europea y se procedió al archivo por parte de ese departamento.

No se prevén detenidos, tal y como sí ocurrió, en las dos fases anteriores de esta macroinvestigación. En la primera, se arrestó al cuñado de la alcaldesa Rita Barberá, José María Corbín y a diferentes empresarios.

En el segundo dispositivo policial, se detuvo a Alfonso Grau, exvicealcalde de Valencia y al socialista Rafa Rubio, exsubdelegado de Valencia. El segundo fue consecuencia de las averiguaciones del primero donde la agenda del supuesto cabecilla Jaime Febrer resultó determinante para apuntalar los indicios de los investigadores. El pasado mes de julio diferentes funcionarios comparecieron en el juzgado de Instrucción 13 de Valencia, en una ronda de declaraciones relacionadas con la adjudicación a Acciona de un contrato de 125 millones de euros, más el mantenimiento, del sistema de alcantarillado de la ciudad. El cuñado de Barberá, José María Corbín, cobró dos millones de euros de esta operación. Esta es una de las empresas registradas el martes, junto a Construcciones Gimeno, según Europa Press.

No obstante, la actuación policial del pasado martes no estuvo relacionada directamente o no al menos en su totalidad con ese megacontrato. Los registros y la búsqueda de información están vinculados con la prórroga del secreto de varias piezas separadas en Azud, tal y como ayer informó LAS PROVINCIAS. En total, cinco investigaciones continúan sin conocimiento de las partes. La juez justificó el pasado lunes esa medida con el argumento de que se siguen realizando indagaciones cuya publicidad y conocimiento por los afectados podría arruinar las pesquisas.

Otro de los registros practicados ha sido en la antigua Construcciones Luján, que desde hace cinco años cambió su marca para desligarse del estigma de una investigación por corrupción.

Una práctica no excepcional en asuntos de corrupción para tratar de mantener a flote a la compañía. Una de las anotaciones halladas en casa del histórico dirigente socialista Pepe Cataluña aludía precisamente a esta mercantil respecto a la citada obra hídrica.

La juez del caso Azud vinculó en su día a Pepe Cataluña, el histórico dirigente de las finanzas socialistas, con el pago de 400.000 euros por parte del entorno del empresario Jaime Febrer a sociedades que habitualmente trabajaban en campañas de publicidad del PSPV.

Así se recoge en un auto de la titular de Instrucción 13 por el que desestimaba el recurso de Cataluña por la documentación obtenida durante los registros policiales, entre otras cuestiones. Era esa una de las principales preocupaciones del exdirigente socialista, que se eliminara toda la documentación que le fue requisada.

Lo que más preocupa al PSPV es la presunta financiación ilegal del partido, articulado en esta ocasión como un cohecho. Cataluña, que no ocupaba ningún cargo público y pese a haberse desligado de la formación con anterioridad, sería el «intermediario» de esa ilícita transacción.

Una de las obras ahora analizadas, el trasvase del Júcar Vinalopó, recuerda por su operativa al conocido como caso Aquamed, que se instruye en los juzgados centrales de la Audiencia Nacional. Son proyectos en Tarragona, Alicante, Murcia o Almería, adjudicados a constructoras por parte de Aquamed, dependiente entonces del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.

La causa cuenta con más de una treintena de imputados por la supuesta falsificación de certificaciones, facturas y liquidaciones para aumentar significativamente las cantidades a abonar a las empresas adjudicatarias, entre ellas FCC. En la Comunitat, se analizan las obras en la Rambla Gallinera, la desaladora de Torrevieja y la del Campello-Mutxamel en Alicante así como actuaciones para controlar desbordamientos del Serpis.

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