Reforma de la financiación: ¿Y después de las alegaciones, qué?

La conselleria de Hacienda que dirige Vicent Soler remite hoy al Ministerio de Hacienda las alegaciones elaboradas por la comisión valenciana de expertos en relación con la propuesta de criterio de población ajustada del nuevo sistema de financiación autonómica que el departamento de María Jesús Montero presentó el pasado 3 de diciembre.

Un documento que incorpora entre otras cuestiones la exigencia de un fondo de nivelación para compensar a las CCAA infrafinanciadas, como la valenciana, así como la demanda de la condonación de la deuda histórica, y que la propia ministra pareció cuestionar la semana pasada, cuando lamentó que algunas CCAA miraran sólo sus propios intereses y no el del conjunto de regiones.

Pero la pregunta clave la hizo el líder del PP_valenciano, Carlos Mazón, en la reunión de la Plataforma per un Finançament Just con Ximo Puig de la semana pasada. «¿Y ahora qué?», dijo. La pregunta, en realidad, no tiene respuesta. O la tiene, pero es bastante inconcreta. El departamento que dirige María Jesús Montero no tiene a día de hoy una hoja de ruta respecto a cómo debe evolucionar ahora el proceso para dar luz verde a la reforma de la financiación.

Fuentes de ese departamento, preguntadas por este diario al respecto, se limitaron a señalar que el objetivo es «avanzar en la reforma lo máximo posible buscando el mayor consenso», y advirtieron de que la reforma «no depende únicamente del Gobierno, sino de las CCAA y de los partidos en el Parlamento, que son quienes tienen que aprobarla finalmente».

Lo cierto es que más allá de ese plazo del día 31, el Gobierno central no ha aclarado qué piensa hacer. Y el Consell que preside Ximo Puig lo sabe. El Gobierno valenciano espera que la ministra convoque una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), tal y como se comprometió la propia ministra, para que autonomías y gobierno debatan de forma conjunto sobre las alegaciones de cada autonomía al documento del Gobierno.

Sería el paso lógico, aunque el Ministerio de Hacienda evita confirmar esa cita. Sobre la mesa, en paralelo, la reforma fiscal sobre la que también trabaja el Ejecutivo central, y que es la que debe servir de piedra angular para que aumente la dotación del sistema de financiación autonómica. El comité de expertos nombrado por el ministerio ya ha comunicado que no podrá culminar su primera propuesta de documento en el plazo inicialmente previsto, este mes de enero, y que al menos se retrasará unas semanas.

La propia ministra Montero ya ha advertido en alguna ocasión que la reforma de la financiación vendría condicionada por la de la política fiscal, en línea con el argumento de que será algún tipo de subida de impuestos la que permitirá incrementar la dotación de recursos para las CCAA.

Y a ese retraso se suma el incómodo calendario electoral. La convocatoria a las urnas en Castilla y León el próximo 13 de febrero y la que previsiblemente se producirá antes de verano en Andalucía, complican un camino que, ya en 2023, sitúa la convocatoria de elecciones municipales y autonómicas, incluidas las de la Comunitat Valenciana.

Todas esas convocatorias electorales complican el avance del proceso hasta el punto de hacer más que difícil la posibilidad de que la reforma vea la luz esta legislatura. El PSOE suma además la advertencia de que el acuerdo requiere del voto favorable del PP. Por eso, el Consell debe decidir cuánto eleva la presión sobre el ministerio de Hacienda para exigir que acelere la presentación de su propuesta 'completa' de nuevo modelo de financiación.

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