![El CJC rehace también a Transparencia su orden de ayudas para exhumar fosas](https://s3.ppllstatics.com/lasprovincias/www/multimedia/202006/02/media/cortadas/LF2T06Z1-Rymkt0yoTjrUOTSeDXP16GL-1248x770@Las%20Provincias.jpg)
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m. hortelano
Martes, 2 de junio 2020, 23:46
La Conselleria de Transparencia ha vuelto a topar con el máximo órgano consultivo de la Generalitat en el desarrollo normativo de una de sus medidas más destacadas, las ayudas para las actuaciones sobre exhumación e identificación de víctimas desaparecidas durante la guerra civil y la dictadura. En concreto, el Consell Jurídic Consultiu (CJC) plantea hasta siete observaciones esenciales al proyecto de orden de subvenciones, por lo que insta al departamento que dirige Rosa Pérez a que subsane estas deficiencias legales para poder ajustar a derecho las subvenciones que quiere entregar a colectivos de memoria histórica. Se trata de las mismas objeciones que recibió en la anterior orden de bases para las ayudas de memoria histórica.
En concreto, el Jurídic plantea siete objeciones a los 18 artículos que conforman la orden de ayudas. Las observaciones esenciales son el reparo que puede realizar el máximo órgano consultivo a las normas que el Ejecutivo valenciano le remite para su análisis. Se trata de objeciones a preceptos de un proyecto normativo que pueden llegar a comprometer el cumplimiento de normas mayores como la Constitución, el Estatut u otras leyes. Por tanto, cuando el CJC hace este tipo de observaciones, advierte a la conselleria de turno de que existe una disconformidad entre el decreto o norma que remite para su evaluación y el resto del ordenamiento jurídico. Si el Jurídic no hiciera estas objeciones estaría infringiendo su propia labor. Y del mismo modo, si el Consell no incorporara o modificara sus textos para incluir esos cambios, estaría poniendo en marcha proyectos que no cumplen la legislación o chocan con ella.
En este caso, el CJC observa que, como ya suele ser costumbre, el Consell no incorpora normativa en materia de igualdad como requisito para las entidades que se beneficiarán de las ayudas. Un requisito que siempre recibe, además, una contraopinión en el voto particular de uno de los consejeros. El órgano, presidido por Marga Soler, considera también que el proyecto de Transparencia no establece adecuadamente los criterios para la cuantía individualizada de la subvención o los criterios que servirán para su determinación, algo que tampoco se cumplía en la última orden de ayudas estudiada por el CJC, también al departamento de Pérez Garijo.
La comisión que valorará los proyectos que serán susceptible de subvención tampoco tienen garantizada la paridad de sus miembros, por lo que es objeto de otra observación esencial, así como los criterios de valoración de las solicitudes, que no incluían la ponderación de criterios en la valoración de las solicitudes. La determinación de la subvención también cuenta con un reparo, ya que la orden de ayudas no alude a la cuantía y el plazo de justificación de los importes. Tampoco es correcto cómo está planteada la justificación y el pago de las ayudas, porque tal y como está redactada la orden, vulnera la ley de Hacienda, en tanto en cuanto no refleja el plazo de justificación en las bases. Por último, el plazo para el reintegro de la subvención, en caso de que tuviera que hacerse está fijado por Transparencia en doce meses, mientras que la ley lo fija en sólo seis.
Además de otros tantos defectos de forma, el proyecto de orden de subvenciones para la exhumación de fosas deberá subsanar siete observaciones esenciales si quiere continuar su procedimiento administrativo. Una misma suerte que ya corrió hace semanas el proyecto de orden de subvenciones de memoria histórica, que contaba con también siete observaciones esenciales a su articulado.
Transparencia no ha tenido demasiado acierto en sus últimos proyectos normativos, ya que los tres últimos enviados al Consell Jurídic Consultiu para su revisión han vuelto al departamento que dirige Unidas Podemos con reparos. Tanto las dos órdenes relacionadas con la Memoria Democrática como el proyecto de ley reguladora de la actividad de los grupos de interés de la Comunitat Valenciana, la conocida como Ley de lobbies, que fue tumbada por el CJC.
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