Renovación institucional en el alambre y a deshoras

Y eso que los partidos han decidido darse un poco de oxígeno para facilitar el acuerdo. A pesar de que las elecciones están a la vuelta de la esquina, hay sensación de que se alcanzará un consenso. Por el miedo a que todo quedase empantanado, según fuentes del proceso, en el PSPV se habían hecho a la idea de que la negociación no arrancaría hasta después de elecciones.

Sin embargo, fue la síndica del PP, María José Catalá, la que instó a los miembros del tripartito para la renovación. Desde la izquierda se interpreta el gesto de Catalá como la asunción de que las mayorías no cambiarán tras las elecciones. Los populares señalan que su predisposición demuestra su talante negociador. Parcialmente fuera de la ecuación queda À Punt. Se renovarán los puestos en el Consejo Rector de Cs y Podem. La presidencia del ente la ocupa de manera interina Mar Iglesias tras la fuga de Enrique Soriano, carbonizado tras impulsar la puesta en marcha del ente. Igual de chamuscada acabó su mandato Empar Marco, directora general sustituida por Alfred Costa, que ejerce desde marzo de 2020. En menos de cinco meses acaba la vigencia de su mandato. Iglesias y Costa se enfrentan a un proceso tutelado por los partidos de manera indirecta. Compromís, por ejemplo, reclama saber cómo acredita la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación los conocimientos de valenciano en los puestos de máxima responsabilidad del ente. Escola Valenciana exige titulaciones lingüísticas para dirigir el ente y los nacionalistas secundan la idea.

Con À Punt en cuarentena, en el puzzle hay que encajar piezas en el CVC, CJC, Sindicatura de Comptes, el pleno del Consell de Universitats y el Consell de Transparencia. En total, una veintena de designaciones.

Santiago Grisolía, presidente del CVC, falleció el pasado agosto. Desde entonces hay que sustituirle al frente del consejo, una vacante que debe cubrir el PSPV. No es la única. Por el mismo motivo, el fallecimiento, el PP también debe realizar una propuesta para sustituir a Joaquín Santo Matas. Dolors Pedrós ejerce la Presidencia en funciones, a la espera del encaje de bolillos para concitar la voluntad de los 60 diputados necesarios para elegir a un nuevo presidente, así como para cubrir la vacante de Santo Matas. Nombres como la oncóloga Ana Lluch aparecen sobre la mesa, pero las quinielas en este tipo de nombramientos son complicadas. Cuando los posibles candidatos perciben resistencias políticas, no es raro que se echen atrás. De ahí el hermetismo con el que se gestionan las propuestas y la incógnita sobre si serán aceptadas por el resto de partidos que negocian.

La Sindicatura de Comptes se renueva de arriba a abajo. Adiós al síndic major y a sus dos adjuntos. Si Vicent Cucarella tenía aspiraciones de continuar, el deseo de Compromís de seguir eligiendo al máximo responsable de la institución encargada de fiscalizar las cuentas públicas en la Comunitat obliga a una renovación total. Se van Cucarella, Antonio Mira Perceval y Marcela Miró. Compromís volverá a realizar la propuesta del máximo responsable, que estará acompañado por los síndicos que proponga PP y PSPV. Los requisitos son muy exigentes tras un cambio en la legislación que ha endurecido las incompatibilidades para el cargo. Hay nombres que se barajan desde hace medio año. La renovación total del órgano fiscalizador obliga a los nuevos responsables a asumir informes que ya están en elaboración, como el de la Cuenta General de 2021, donde se examina con minuciosidad la gestión contable realizada por la Generalitat a lo largo del último ejercicio cerrado.

En el Consell de Transparencia los cinco consejeros están sin tener que estar desde hace meses. En la mayoría de casos, años. Su mandato caducó, pero la conselleria del ramo prefirió no renovarles para esperar a que se aprobase la nueva ley. Eso fue en primavera. Es ahora cuando se encaran cambios de enorme calado. Se reducen sus miembros (de 5 a 3) y su categoría salarial cambiará sustancialmente por exigir una exclusividad que alejará a los catedráticos y expertos que actualmente ejercen como consejeros compatibilizando actividades. La terna llegará a propuesta de Unides Podem, PSPV y PP.

Por si faltara algo, es tiempo también de renovar el pleno del Consejo Valenciano de Universidades y de Formación Superior, que vela por el buen funcionamiento del sistema académico universitario de la Comunitat. Se trata de incluir en ese órgano plenario cinco personas designadas por Les Corts, por mayoría de dos tercios, entre personas de reconocida competencia en el ámbito profesional, cultural, social, empresarial o de la investigación. Ni los principales negociadores de cada grupo parlamentario tienen a veces muy claro todo lo que se pacta. Es el problema de agrupar temas tan variados.

Sus seis miembros han completado su mandato. A cuatro los tienen que elegir Les Corts y a dos el Ejecutivo. Es la renovación con más incógnitas. Fuentes muy diversas del proceso admiten dudas respecto a la flexibilidad de la síndica del PSPV, Ana Barceló, a la hora de ceder en la composición de la institución encargada de velar por la estricta legalidad de las normativas que emanan del Consell. Podem propone que su exsíndic, Antonio Montiel, secretario municipal (actualmente en Albal), se incorpore. Margarita Soler, a propuesta socialista, está dispuesta a repetir al frente del CJC. Los cinco partidos (porque Vox no ha participado en ninguna de las negociaciones) ya tienen su baza preparada para hacer su propuesta. Queda, por tanto, un puesto, el sexto. Barceló aseguró, según señalaron tres fuentes distintas conocedoras de la negociación, que la semana próxima presentará un candidato «de consenso». Como no sea una propuesta verdaderamente transversal para todos los participantes, la negociación en su conjunto se puede empantanar sin margen para continuar dialogando porque no habrá tiempo para aprobarlo este año.