El reparto de cargos para la renovación de las instituciones estatutarias tensa el tripartito

El tripartito, sólo o con ayuda de otros, parece empeñado en darle la razón a Bernard Shaw cuando escribió que «la democracia sustituye el nombramiento hecho por una minoría corrompida, por la elección hecha merced a una mayoría incompetente». Al menos, en lo que se refiere a la elección de los miembros de los organismos estatutarios de la Generalitat, la incompetencia es manifiesta, mayoritaria y va a más. El avance del enredo ya ha conseguido que esa renovación se convierta en (nueva) materia de crispación entre los (supuestos) socios del Botánico. El ejercicio de procrastinación practicado en cuanto a la Sindicatura de Comptes (sus síndicos vieron finalizar su mandato en junio y desde entonces están en situación de interinidad) se suma a la contingencia de tener que sustituir al fallecido Santiago Grisolía (al frente del Consell Valencià de Cultura hasta su muerte, a principios de agosto) y se remata ahora con la renovación del Consell Jurídic Consultiu. Más bien con su no renovación, de modo que dentro de quince días ya entran en periodo de interinidad. Una tormenta perfecta de pactos que no se pactan.

La mitad de las seis instituciones estatutarias (AVL, CES, CJC,CVC, Sindicatura de Comptes y Sindicatura de Greuges) están abocadas a un complicado proceso de renovación. El bloque de la izquierda no tiene del todo claro si negociar uno a uno los cambios de los responsables de cada institución, si hacerlo todo junto o, por si faltaban ingredientes en el gazpacho, incluir también otros cambios pendientes de abordar porque los plazos también se han sobrepasado ampliamente. Es el caso de À Punto y del Consell de Transparencia. El equilibrio interno en el tripartito es tan frágil e inestable que abordar cualquier reparto de cargos supone abrir una espita.

En la política nacional hay un bloqueo en la renovación del CGPJ que se ha convertido en el principio y fin de las discusiones entre PP y PSOE. Hasta una ministra dice que el asunto es la comidilla en los autobuses y metros de Madrid. Ya es mucho decir, eso. Sería de extrañar que en Mestalla, o en los bares y plazas valencianos, la ciudadanía se explaye deliberando sobre los cambios en la Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Cultura o el Consell Jurídic Consultiu (los tres abordan ahora la designación de su máximo responsable), así como el modo de encajar nuevos consejeros en el Consejo Rector de À Punt o en el Consell de Transparencia. Pero qué duda cabe que se trata de una decena de puestos muy relevantes, con una enorme influencia en la posterior actividad política y cultural de la Comunitat, con sueldos interesantes para los designados y con la necesidad de un pacto previo e inicial entre los miembros del tripartito valenciano que, además, precisará de un posterior consenso con PP o Ciudadanos.

Si alcanzar pactos internos para realizar nombramientos puede convertirse en un problema en los gobiernos de coalición casi durante cualquier periodo de la legislatura, sería un milagro llegar a un acuerdo con las elecciones llamando a la puerta. Y para rizar el rizo, se tiene que lograr encajar ese consenso con otro más que afecte a un partido de la oposición que te permita alcanzar la mayoría cualificada en Les Corts necesaria para la renovación de los cargos.

Con el fin de evitar la sensación de cambalache y dedazo, a partir de 2015, cuando además se añadió el factor de la fragmentación del voto entre un mayor espectro de partidos, se han ido modificando los procedimientos para el nombramiento de consejeros y directivos de todo tipo de entidades que dependen de las instituciones públicas. La parte positiva de las modificaciones legislativas es que los nombramientos precisan de mayores consensos y diálogo entre muchos. La parte negativa es precisamente la misma, que al haber tantos actores implicados en la historia, los puestos a repartir son efectivamente más, pero las complicaciones también.

La polarización del voto en bloques, más que en partidos, y el nivel de enconamiento entre izquierda y derecha tampoco ayuda. A Podemos y Compromís les cuesta posar en fotos de consenso junto a Ciudadanos y PP, y viceversa. Todos se vigilan.

En todo caso, para llegar a estos supuestos pactos interbloques, el tripartito debería alcanzar un consenso interno previamente, lo cual está muy lejos de ser fácil y menos cuando se inicia una precampaña electoral en la que cada uno está obligado a acentuar un perfil propio, inercia totalmente contradictoria a esos consensos necesarios para realizar nombramientos en las instituciones estatutarias. Por eso, a día de hoy, nadie ha llamado a la puerta del grupo parlamentario popular para negociar, según fuentes del PP, que, de hecho, aseguran que han sido ellos los que hace unos días comenzaron a instar a las dirigentes del PSPV y Compromís a empezar a negociar.

Como en el Tetris, al Botánico le van cayendo desde el cielo piezas que descienden a una velocidad progresiva y que debe encajar. En la Sindicatura de Comptes, que maneja las auditorías de la Generalitat, hay que sustituir a sus tres síndicos, y el principal, Vicent Cucarella, al mando de la institución a propuesta de Compromís, no puede repetir al frente del organismo, mientras que los otros dos llegaron de la mano del PP y PSPV. Podemos quiere protagonismo en esta renovación, pendiente desde junio, cuando se agotó la vigencia de sus mandatos. En octubre pasará lo mismo con el Consell Jurídic. Margarita Soler, profesora de Derecho Constitucional, está al frente del CJC y puede que así siga y ocurra como en el caso de la interinidad que protagonizó José Díez Cuquerella, quien ejerció de presidente en funciones durante gran parte de 2017 (hasta octubre y desde noviembre de 2016), después de que acabara el mandato de Vicente Garrido y el Botánico se atascase en la renovación del Jurídic. Con la ley anterior, hasta 2018, se elegían tres miembros del CJC por parte del Ejecutivo y otros tres desde Les Corts, pero en el parlamento valenciano hacía falta 60 votos a favor y se tardó un año en deshacer el nudo gordiano. Ahora en octubre vence el plazo. La novedad respecto a la última vez es que la modificación legislativa supone que serán dos los consejeros a sugerencia del Consell y cuatro a propuesta de Les Corts. Además, ya no será el jefe del Consell el que decida quién se situará al frente de la presidencia (es el caso de Margarita Soler), sino que será una elección interna, entre los seis consejeros.

El fallecimiento de Santiago Grisolía añadió más complejidad a la situación. Hay que nombrar nuevo presidente del CVC, donde a la vacante del científico podría sumarse la de algún consejero más por cuestiones de salud. Y eso sólo en lo que respecta a las instituciones estatutarias. La caducidad de los mandatos afecta igualmente a otros organismos sin que el tripartito se hayan querido hacerse el ánimo de coger el toro por los cuernos. Es el caso del Consell de Transparencia o del Consejo Rector de À Punt.

En Transparencia los cinco consejeros están sin tener que estar desde hace meses. En la mayoría de casos, años. La conselleria de la que dependen prefirió no renovarles para hacerlo después de que se aprobase una nueva ley. Eso fue en primavera. Estamos a las puertas de otoño y el Consell de Transparencia aún no ha encarado unos cambios de enorme calado por los cuales se reducirán sus miembros de cinco a tres y su categoría salarial cambiará sustancialmente. Por lo que respecta a la televisión pública valenciana, de los cuatro consejeros que debieron renovarse hace tres años, sólo se sustituyó a uno. Ahora debería suceder otro tanto con otros cuatro. El pánico del tripartito a mover cualquier cosa en À Punt es de tal magnitud que cuando Soriano dejó la presidencia del Consejo Rector en el tripartito renunciaron a plantear un sustituto a Les Corts por considerar imposible alcanzar una mayoría reforzada. A Soriano lo sustituyó Mar Iglesias en noviembre de 2019 de un modo tan eventual que hasta dos años después no comenzó a cobrar y a ejercer plenamente como presidenta, aunque sea eventual y teniendo en cuenta que su la vigencia de su presencia en el Consejo también ha expirado.