El reproche del tribunal del call center a la UCO: «Todo les parece sospechoso»

Es decir, todas las pesquisas parten a partir de ese testimonio del exyonki del dinero sin comprobar si efectivamente, al margen de esa incriminación, existían indicios del 'arreglo' del contrato. A partir de esa base, todos los acontecimientos posteriores se interpretan desde ese prisma de sospecha. «Eso nunca fue probado, pero además ni siquiera las ratificó en el juicio».

En esa interpretación, ya viciada desde el inicio, se deja ver en los correos entre los procesados que la Guardia Civil analiza como indicios delictivos. «La UCO no se limita a recoger y transcribir los correos: los interpreta en base a no se sabe qué criterios y parece identificar las discrepancias entre estas personas, con la comisión de delito a partir de la interpretación de otra frase», añade el fallo.

A continuación, ataca toda una serie de suposiciones e inexactitudes, planteadas por la Fiscalía, y concluye que existen muchos extremos sin probar como, por ejemplo, las supuestas relaciones de amistad entre los acusados. En algún caso, sugiere que lo que ha quedado probado era incluso algo diferente como, por ejemplo, que no existía afinidad política. Al margen de esta cuestión, se pregunta qué interés existe en acusar a la persona de la que depende el 30% de los criterios de adjudicación (Salvador Deusa) pero no a los que idearon el restante 70%. «Un proceso sujeto a fórmulas matemáticas de difícil comprensión para quien no es experto en la materia», precisan.

También rebate la posibilidad de un tráfico de influencias en la persona de Alfonso Rus. El tribunal subraya que no se ha probado a quién y de qué forma influyó o trató de hacerlo el entonces presidente de la Diputación. Es más, plantea que según el escrito de acusación de la Fiscalía, el dirigente «no necesitaba influir en nadie para conseguir lo que buscaba». Según los magistrados, tampoco ha quedado acreditado el motivo de esa necesidad de influir más allá de la sospecha de que quería beneficiar al suegro.

El servicio del call center no funcionó de manera óptima, según quedó acreditado en el juicio y en los informes de seguimiento. Sin embargo, estas deficiencias ni mucho menos se han considerado delictivas. El fiscal habló en su momento de «apariencia de ejecución» del contrato. Pero la Sala entiende que si es aparente, «parece difícil ontológicamente hablando que además sea defectuosa y fracasada. O es lo uno o es lo otro».

De igual modo, achaca a la acusación y a las defensas que no propusieran periciales para aclarar las interioridades y complejidades de esta clase de servicio, con temas o conceptos de difícil interpretación como el ser «centro de gestión»; el no ser «call center»; el de que maneja «carpetas del ciudadano»; el que nos obliga a diferenciar entre llamadas e incidencias... Este trabajo habría permitido al tribunal conocer al detalle el funcionamiento del sistema. Pero la sentencia concluye que el centro funcionó y lo hizo relativamente bien, aunque sin aplicar las mejoras anunciadas en su momento.

El fallo reprocha de nuevo a la UCO su investigación sobre el posible blanqueo de Mariano López y el análisis de algunos correos electrónicos. «Les resulta llamativo lo que parece lógico», se sorprende el tribunal. La conclusión es que a «estos analistas todo les parece sospechoso». Y, por último, desliza otra crítica a la Fiscalía. «Esto no es cuestión de fe sino de prueba», una sensación que, según se desprende de la lectura de la resolución, ha estado presente en buena parte de las argumentaciones de los magistrados.